
La historia de Bolivia y Chile sobre las aguas del Silala data de 1908, pero el tema cobró interés 83 años después, en 1991, cuando a un grupo de asistentes a un recorrido por la frontera les llamó la atención la presencia de canales artificiales para desviar el flujo hacia territorio chileno. De ahí hasta 2006 el asunto pasó a formar parte del debate bilateral, primero con la conformación del denominado Grupo de Trabajo por el Silala y luego con la incorporación del tema en la agenda bilateral.
Lo que siguió en adelante, ya de la mano del gobierno de Evo Morales, fue una ruta que llevó al país a la negociación de un preacuerdo de pago a futuro que finalmente se rechazó por la exigencia de una deuda histórica, y posteriormente a una amenaza presidencial de un segundo juicio contra Chile, que el país vecino respondió con una demanda que ahora llega a su recta final con el inicio de la fase de alegatos orales en La Haya.
“He instruido a Diremar (Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima) a que estudie las alternativas jurídicas para asumir las defensas de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, advirtió Morales el 23 de marzo de 2016, durante los actos por el Día del Mar.
Lo hizo luego de su derrota en el referendo constitucional que con el 51,3% ( 2.682.517 votos) rechazó su cuarta repostulación continua y después del escándalo sobre el presunto hijo con su expareja Gabriela Zapata, que un año después fue sentenciada a 10 años de prisión por seis delitos. Ahora Zapata goza de libertad condicional.
Fue el discurso de Morales el que llevó a Chile a presentar su demanda y ese mismo día lo anticipó el entonces canciller chileno, Heraldo Muñoz. “Chile no acepta amenazas ni diálogo con condiciones… Chile también puede iniciar acciones judiciales contra Bolivia en las instancias internacionales”, respondió.
El 6 de junio de ese mismo año se presentó la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La pasada semana, consultada en CNN sobre el origen de la acción chilena, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de ese país, Ximena Fuentes, respondió: “Si nos remontamos a 2016, a un día particular, que fue el 23 de marzo, el presidente Morales hace una declaración y dice: el río Silala es un río enteramente boliviano, Chile lo ha desviado artificialmente, mañosamente, y Chile es un ladrón de aguas (…) Nosotros vimos aquí un uso político de esta aseveración”.
Luego de que Chile presentó su demanda, Morales insistió con sus denuncias de robo. El 20 de junio, en su cuenta en Twitter, escribió un hilo de tres mensajes duros contra Chile.
1.- “Robar es apropiarse de lo ajeno, como se lo hace con los recursos de un pueblo vecino”
2.- “Canalizan nuestros manantiales del #Silala sin permiso. Concluye la concesión y continúa el saqueo” y 3.- “Además de que nos roban, nos demandan. ¡Que lo sepan los pueblos del mundo!”.
Álvaro del Pozo, experto en temas internacionales, opinó que la demanda fue efecto de la “bravuconada” de Evo. “Cada 23 de marzo había una bravuconada de Evo Morales, en ese caso los chilenos se nos adelantaron. La gran irresponsabilidad del Gobierno de este entonces fue no prepararnos adecuadamente para la demanda”, declaró a Página Siete hace dos semanas.
El investigador Milton Lérida, uno de los hombres que estuvo en esa delegación que en 1991 chocó con los canales artificiales para desviar el agua del Silala, dijo que además el gobierno de Morales se equivocó al responder a Chile ante un tribunal que no trata asuntos con particulares, ya que los canales para el desvío fueron levantados por acuerdo entre la Prefectura de Potosí y una empresa privada chilena. “Ellos sólo tratan problemas de Estado a Estado, nada que ver con temas privados. El Gobierno no debió meterse en este problema, se metió en un litigio que ahora deben resolver ellos. Sabrán cargar con el muerto”, declaró a radio Fides.
Cuatro años antes, en 2009, el gobierno de Morales había avanzado en un borrador de preacuerdo que establecía que el 50% del agua del Silala era boliviano y que Chile pagaría por el uso del restante 50% hasta que se realice un estudio científico que defina si es un manantial que nace y muere en Bolivia o un río de curso internacional. El trabajo demorararía cuatro años. El entonces canciller David Choquehuanca, ahora vicepresidente, proyectó un ingreso diario de unos $us 15.000, es decir $us 21.600.000 en los cuatro años.
Pero las negociaciones no avanzaron por la dura oposición del Comité Cívico Potosinista, entonces encabezado por el dirigente Celestino Condori, que ponía como condición que Chile acepte pagar además una deuda histórica por 100 años de uso de los recursos hídricos del Silala.
Este viernes comienzan en La Haya los alegatos orales, a partir de las 9:00, hora boliviana.
Fuente: Página Siete
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