Por separado Fiscalía y Procuraduría piden nuevas medidas contra Morales

Evo Morales ha cumplido en septiembre dos años de refugio en el trópico cochabambino. El gobierno de Rodrigo Paz cumplió un año de gestión sin capturar al caudillo político. Lo que sí surgen de tanto en tanto son pedidos de nuevas medidas judiciales y migratorias contra el expresidente que podrían ser consideradas como un cerco sobre él o podrían ayudar a su estrategia de continua victimización dentro del país y a nivel internacional.

El Ministerio Público solicitó formalmente a la Dirección General de Migración activar una alerta migratoria en contra de Morales, en el marco del proceso investigativo iniciado por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio de este año, según un requerimiento fiscal al que tuvo acceso este viernes la red Unitel.

El documento, firmado este viernes por el fiscal Glauco Montero Osinaga, instruye de manera expresa al responsable de Migración en Santa Cruz proceder con el registro de restricción y control fronterizo sobre el expresidente (2006-2019).

Requiere al señor responsable de Migración Santa Cruz (…) active la alerta migratoria del ciudadano Evo Morales”, establece la parte dispositiva del requerimiento.

La solicitud surge en paralelo al avance de otras causas judiciales abiertas contra Morales, como las investigaciones por el caso Hotel Las Américas. En el proceso específico por las movilizaciones y cortes de ruta de mediados de año, la Fiscalía ya había emitido el pasado 19 de julio una orden de aprehensión en contra del exmandatario.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado solicitó formalmente al Ministerio Público ampliar las investigaciones del caso Hotel Las Américas para incluir el delito de asesinato en contra de Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes señala como presuntos autores intelectuales del operativo policial ejecutado en abril de 2009 en Santa Cruz.

En un memorial presentado este viernes ante los fiscales de materia de Santa Cruz, citado por el diario El Deber, la entidad estatal argumenta que las pesquisas actuales se limitan a los delitos de vejámenes y torturas, por lo que resulta indispensable incorporar la figura penal de asesinato a fin de establecer responsabilidades sobre las muertes ocurridas durante aquella intervención.

Para respaldar su requerimiento, la Procuraduría adjuntó dos elementos públicos como base indiciaria. Por un lado, menciona las declaraciones de García Linera a un medio de comunicación, en las que habría afirmado que la instrucción de ingresar al hotel fue impartida directamente por Morales. Por otro, incorpora recortes de prensa sobre un viaje del exmandatario a Venezuela, donde, según el documento, habría confirmado públicamente que ordenó dicha intervención policial.

En ese escrito, la Procuraduría solicitó emitir un requerimiento fiscal para citar a Morales en calidad de investigado y pidió gestionar la activación de un sello rojo de Interpol, argumentando que sobre la exautoridad pesan dos mandamientos de aprehensión vigentes en procesos distintos.

El primer documento adjunto corresponde a una orden de aprehensión emitida en Santa Cruz el 29 de julio de 2026, dentro de una investigación por presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo y atentados contra la seguridad de los medios de transporte, entre otros.

El segundo es un mandamiento de aprehensión y conducción dictado el 11 de mayo de 2026 por un tribunal de sentencia de Tarija, en el marco de un proceso por presunta trata de personas agravada, cuya víctima sería una menor de edad. Ante estos antecedentes, la entidad pidió que se cumplan los plazos procesales y que la investigación avance bajo los criterios de diligencia y eficacia establecidos en la normativa.

El requerimiento de la Procuraduría coincide con las acciones anunciadas por el Ministerio Público y la Policía respecto a Álvaro García Linera, quien confirmó haber obtenido asilo político en México.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, confirmó que la institución recibió una solicitud fiscal para tramitar un sello azul de Interpol, un mecanismo destinado a recopilar información sobre la identidad, el paradero o las actividades de una persona vinculada con una investigación, aunque sin implicar su detención inmediata.

Fuente: Datápolis