¿Descentralizar es privatizar? El verdadero debate que la educación boliviana necesita

Por: Brany Mercado Hurtado – Abogado y analista politico

El debate sobre el futuro de nuestras escuelas se ha estancado en una guerra de gritos y consignas políticas, mientras quienes realmente importan —nuestros niños— quedan en el olvido. Escuchamos con frecuencia la advertencia de que «descentralizar la educación es el primer paso para privatizarla». Sin embargo, la ley y la realidad nos dicen algo muy diferente. El verdadero peligro no está en el modelo, sino en cómo se gestiona y se financia.

Las reglas claras: ¿Qué dice la ley?

Para entender el problema sin enredos técnicos, acudamos a las normas que nos rigen. La Constitución Política del Estado (Artículo 77) es tajante: la educación es la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, y es obligatoria y gratuita.

La diferencia entre descentralizar y privatizar es una cuestión de propiedad y de quién paga la cuenta:

• Descentralizar significa organizar el trabajo. La educación sigue siendo 100% pública y gratuita, pero la administración y la toma de decisiones se reparten entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios. La ley educativa actual (Ley 070) ya establece que los gobiernos locales deben encargarse de la infraestructura y el equipamiento. Descentralizar a fondo es simplemente acercar la solución al problema.

• Privatizar es cambiar de dueño. Es pasar la escuela a manos privadas para que funcione como un negocio donde se cobra una matrícula.

Si el dueño sigue siendo el Estado, si el presupuesto sale de los impuestos y si la educación sigue siendo gratis, no es privatización. Quien afirma lo contrario confunde los términos.

Lo que ganarían nuestros niños en las regiones

Una descentralización bien ejecutada, donde las regiones tengan el poder de gestionar sus realidades, transformaría las aulas. No es lógico que un niño en Pando aprenda con los mismos ejemplos que uno en Potosí, ni que dependa del funcionario de turno en La Paz.

Si el sistema funcionara cerca de la gente, veríamos diez beneficios inmediatos:

1. Escuelas con identidad: Contenidos, idiomas locales, historia y oficios enseñados desde el lugar donde se viven.

2. Decisiones rápidas: Si se cae un techo en la Chiquitanía, lo resuelve la autoridad local que puede ir a verlo al día siguiente, sin burocracia centralizada.

3. Menos trámites: Respuestas ágiles para conseguir un pupitre, una pizarra o un baño digno.

4. Padres con voz real: Es más fácil pedir cuentas y fiscalizar al alcalde o al gobernador que conocemos, que a un ministerio lejano.

5. Maestros valorados: Mayor peso al mérito, los exámenes de competencia y la formación real, y menos al carnet político o al padrinazgo.

6. Presupuesto eficiente: Menos recursos perdidos o desviados en el largo camino de la burocracia estatal.

7. Comunidades comprometidas: Lo que la comunidad siente como propio, lo cuida y lo defiende.

8. Innovación local: Si un municipio encuentra una solución educativa que funciona, los demás pueden replicarla.

9. Cero excusas para marchar: Si el problema es local, se resuelve en la región. Los maestros no tendrían que viajar días enteros para ser escuchados.

10. Los niños al centro: El punto de partida vuelve a ser la necesidad del estudiante, no la conveniencia del sindicato o del gobierno.

El riesgo real: Una descentralización sin plata

El temor de los maestros y de muchos padres no carece de lógica, pero está mal enfocado. El riesgo no está en la palabra «descentralización», sino en sus efectos si se hace mal. Los maestros temen que el Gobierno central use esto como una excusa para «lavarse las manos» y deslindarse del financiamiento.

La propia Constitución señala que el Estado debe garantizar los recursos económicos para la educación. Si un proceso de descentralización transfiere responsabilidades a las gobernaciones y municipios, pero no les envía los recursos económicos correspondientes, el sistema colapsará. Una gobernación sin plata dejará escuelas abandonadas, y ahí es donde el sector privado podría terminar ocupando el vacío.

Por lo tanto, el debate honesto no debe ser «descentralizar sí o no». El debate urgente debe ser: ¿Con qué garantías de financiamiento blindaremos el presupuesto educativo? Quien dice que descentralizar es privatizar, yerra en el concepto; pero quien dice que no hay riesgos políticos si se cortan los fondos, se equivoca en la gestión.

Primero medir, luego mejorar y recién entonces negociar

Mientras los adultos discuten contratos, sueldos e ítems en las mesas de negociación, las aulas reflejan una realidad dolorosa: miles de niños terminan la primaria sin comprender lo que leen y arrastrando graves carencias en matemáticas y pensamiento crítico.

Bolivia ha caminado a ciegas en esta materia. No participamos activamente en evaluaciones internacionales como las pruebas PISA y el país pasó décadas sin un diagnóstico serio sobre qué están aprendiendo los estudiantes. Afortunadamente, las evaluaciones nacionales aplicadas a miles de estudiantes de primaria deben convertirse en nuestra brújula.

Antes de exigir incrementos salariales o defender privilegios sectoriales, las autoridades, los sindicatos y los padres debemos exigir los resultados de estas mediciones. Necesitamos saber con precisión dónde estamos parados. En cualquier profesión, primero se evalúa el trabajo, luego se planifican las mejoras y finalmente se negocia el valor de la labor. La educación no puede ser la excepción. Nuestros niños no pueden seguir perdiendo sus mejores años formativos esperando que los adultos dejen de gritar y comiencen a pensar.