Bolivia prepara un nuevo marco legal para enfrentar al crimen organizado y las amenazas terroristas 

La reactivación del Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (COSDEP) permitió aprobar cuatro propuestas normativas para fortalecer la seguridad y defensa nacional. El ministro Ernesto Justiniano Urenda explicó que se busca establecer condiciones para una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada de las Fuerzas Armadas, sin sustituir las funciones de la Policía.

*La Paz, 12 de noviembre de 2026*.- Frente a la evolución de las organizaciones criminales y sus capacidades operativas, Bolivia trabaja en una estrategia integral para fortalecer la respuesta del Estado contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, explicó que las amenazas actuales requieren una respuesta institucional coordinada y una preparación de las Fuerzas Armadas acorde con los desafíos de seguridad nacional.

“Las amenazas cambiaron. Las organizaciones del narcotráfico pueden disponer de armas, logística, financiamiento, tecnología y redes internacionales. Cuando recurren a la intimidación violenta o pretenden controlar territorios, el Estado enfrenta amenazas que pueden adquirir características narcoterroristas”, afirmó.

En ese contexto, destacó que bajo la conducción del presidente Rodrigo Paz se puso nuevamente en funcionamiento el Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (COSDEP), como espacio de coordinación estratégica para abordar los asuntos de seguridad y defensa.

En su quinta sesión, el Consejo aprobó cuatro propuestas: una Ley de Seguridad y Defensa, una norma para el funcionamiento del propio COSDEP, un marco para el Sistema de Inteligencia del Estado y una herramienta legal para la participación excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas.

Justiniano explicó que estas iniciativas buscan establecer instrumentos jurídicos e institucionales que permitan mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas que superan las modalidades tradicionales de actuación criminal.

“Debemos preparar a las Fuerzas Armadas para aportar donde corresponda, sin sustituir a la Policía, ni anticipar la aprobación de los instrumentos normativos en trámite”, enfatizó.

Sobre la propuesta de participación militar, el ministro señaló que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades de movilidad, logística, vigilancia y presencia territorial que pueden contribuir a la seguridad nacional cuando las circunstancias lo requieran.

“Estamos trabajando para que puedan contribuir cuando corresponda de forma excepcional, temporal, complementaria y controlada, siempre bajo autoridad civil dentro de la Constitución, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos”, sostuvo.

El planteamiento establece que una eventual intervención militar deberá desarrollarse bajo autoridad civil, con límites definidos, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos fundamentales. No supone sustituir las atribuciones policiales ni habilita actuaciones al margen de la Constitución.

El ministro aclaró que las cuatro propuestas se encuentran sujetas a los procedimientos normativos correspondientes y que su aprobación permitirá consolidar un marco institucional más sólido para enfrentar las nuevas amenazas.

La estrategia del Ministerio de Defensa apunta a preparar al Estado, fortalecer la coordinación entre instituciones y dotar al país de herramientas legales y capacidades efectivas para proteger a la población y la soberanía nacional.