Los jueces de la dictadura

Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.

Los fallos dictados por las salas constitucionales en el proceso de selección y elección de las más altas autoridades del Órgano Judicial y Constitucional son una muestra contundente de la funcionalidad de los jueces a los designios del poder político, más no de la independencia de órganos que debe prevalecer en cualquier democracia.

Para evitar confusiones, todo esto nada tiene que ver con lo planteado por algunos doctrinarios, sobre todo del derecho constitucional, que vislumbraron la posibilidad de un gobierno de los jueces en el que se fortalece la autoridad jurisdiccional sobre el legislador como un mecanismo de control ante eventuales excesos cometidos en su interior.

De este análisis emergía la pregunta ¿tiene un mayor efecto institucional que un juez o un cuerpo colegiado de ellos tome decisiones judiciales o constitucionales sobre aquellas de orden político por encima de las acciones del Legislativo que cuenta con un número abultado de representantes con intereses disimiles, en el que las pugnas partidarias son de mayor complejidad a la hora de los acuerdos de tal suerte que inviabilizan decisiones necesarias para el colectivo? Dificultad, afirman, que es menor en la función jurisdiccional o constitucional por muy diversas que sean las opiniones de sus miembros.

Esto podría ser posible siempre y cuando se cuente con una democracia sólida con un Estado constitucional de derecho reafirmado culturalmente y la elección de los magistrados obedezca a principios meritocráticos como a comportamientos respetuosos de principios ordenadores, en los que las decisiones de los jueces sean ajenas a los intereses partidarios.

Por ello no deja de ser interesante que otro órgano ponga límites a la acción política que tiende a ser arbitraria, empero suponer que los jueces bolivianos, en las actuales circunstancias, no sean tentados o inducidos a comportamientos delictivos carece de objetividad.

La voluntad del constituyente en el nuevo texto constitucional jamás buscó otorgarle cierto poder a los jueces para reafirmar la democracia, fue todo lo contrario, sirvió para consolidar un régimen autoritario, de este modo impulsaron la elección de las altas autoridades judiciales y constitucionales por la vía del voto popular, argumentando, que, al provenir la legitimidad de sus mandatos del voto de pueblo en las urnas los colocaba en igualdad de condiciones.

Dicha justificación es una amenaza permanente que pretende debilitar al Órgano Legislativo y que un magistrado en el ejercicio de sus funciones no tenga o no deba estar condicionado por presiones provenientes de compromisos ilegales impidiendo una administración de justicia con un mínimo de probidad.

En el pasado las presiones venían de algunos de sus parlamentarios que corrompieron la decisión judicial y constitucional con influencias ejercidas desde un curul.

En lugar de resolver esta distorsión con medidas más objetivas como la meritocracia, se impulsó el procedimiento actual que lejos de apartar al magistrado de la influencia partidaria o por lo menos labilizarla, se la profundizó obligando en los hechos a relacionarse con los movimientos sociales cuyos intereses corporativos son poderosísimos e incomparables con la ejercida por un diputado o senador en el pasado.

El favorecimiento al poder político con fallos y sentencias es intrínseco al diseño constitucional, el sistema está delineado para este efecto inaugurando el cogobierno impune de los jueces.

Previeron también, que si la correlación de fuerzas variaba en el Parlamento la cooptación de jueces era otra salida porque es más fácil domesticar a algunos que son más dúctiles a la prebenda y más baratos que decenas de parlamentarios.

En la ingeniería constitucional la relación de los órganos de poder debería estar sometida a los principios de independencia y separación como piedra angular de la construcción democrática, empero la inclusión de principios como los de coordinación y cooperación, abre un sinnúmero de posibilidades a manipulaciones por parte del poderoso y con ello a justificar interferencias inadmisibles.

Con el transcurrir del tiempo esas irrupciones se convirtieron en una feroz realidad y los jueces terminaron siendo parte operativa del poder político en su condición de responsables de la represión que en las clásicas dictaduras estaba en manos de los “tiras”.

La existencia del Legislativo es meramente formal, agravada por las decisiones corruptas de los jueces y fiscales que cobran mayor poder y cogobiernan con la dictadura.

Sus fallos no están sometidos a la servidumbre de la ley como afirmaba Franz Tamayo, sino a la servidumbre del dictador cuyas maquinaciones deben ser refrendados por sentencias, lo que le otorga un tufillo de legalidad a sus actos.

La definición política ya no está en los partidos políticos, en los diputados o senadores y peor aún en la sociedad civil, todos ellos han sido sustituidos por los jueces quienes finalmente deciden más allá de sus competencias.

Queda claro que no habrá ningún proceso constitucional de selección y elección de dichas autoridades, primero deben cumplir con la instrucción de inclinar la balanza a favor del que los domesticó, luego se verá.

Por supuesto que la posible sanción o freno a las amenazas de convulsionar el país por la fracción evista estará en manos de los jueces, ¿pero, alguno de ellos se animará a ponerlo entre rejas al jefazo? Será la prueba de fuego que mantendrá o acabará con la complicidad espuria.

Si los jueces corruptos terminan confabulando y se niegan a procesar a la fracción radical, Arce Catacora y sus seguidores tendrán que asumir medidas durísimas para cortar los caminos conspirativos de Evo ¿se atreverán?

Vía: Datápolis