
Por: Willy Marcos Chipana Mamani – Periodista
Este domingo al subir a un minibús que realizaba el recorrido entre la 16 de Julio y la Ceja en la ciudad de El Alto, me encontré con mi excompañero de la universidad, quien estaba al volante a todo ritmo con su música chicha, él me sorprendió porque no sabía de su presencia.
Me preguntó a dónde me dirigía y le dije a mi casa porque ya había comprado unas bolsas de Ace para lavar mi ropa, que por ciento eran baratas, debido a que fueron internadas de contrabando, pues mis bolsillos no alcanzan para más. El me consultó si era verdad que el país está condenado a comprar gasolina y diésel de Chile y Perú y a causa de este hecho las reservas internacionales netas (RIN) han caído.
Para este cometido se deben abordar los datos del Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2022 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y del Centro Departamental de Monitoreo y Fiscalización en Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. Además de la información del Banco Central de Bolivia (BCB).
La comercialización de diésel en el país en enero de 2022 fue de 152,29 millones de litros (MM lt) y en diciembre del mismo año alcanzó a 2.258,38 millones de litros. En el caso de la gasolina especial (mezclada con alcohol anhídrido), en enero de 2022, se comercializó 112,14 millones de litros y en diciembre fue de 1.577,91 MM lt, y la gasolina especial, en enero de 2022 fue de 56,86 MM lt y en diciembre del mismo año alcanzó los 565,06 MM lt. Las cifras expuestas expresan un aumento sostenido en las ventas de gasolina y diésel producto del incremento de la demanda que crece cada día más.
Ahora bien, el aumento en las ventas de gasolina y diésel en el mercado interno no está acompañado por la producción de líquidos (gasolina y diésel), en 2014, el país producía 63,09 miles de barriles de petróleo por día (B/d), en diciembre de 2022, se registró 35,03 mil barriles/d, pero en febrero de 2023, el volumen producido alcanzó los 33,23 miles de B/d. Se observa una caída notoria en la producción de petróleo que es la base para la gasolina y el diésel.
Además, el argumento para este razonamiento podría terminar en decir que el causante es el contrabando o que se desvía a actividades ilícitas, pero no es así. Según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) el número de vehículos particulares y públicos entre 2018 y 2022 pasó de 1.876.329 unidades a 2.309.155, es decir, en cuatro años el parque automotor se elevó en 81%.
Asimismo, en mayo de 2018 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que en el país existen 351.398 carros que funcionan a gas natural vehicular (GNV). Si calculamos con relación a la cifra de automóviles de 2022, se establecería que el 15% cuenta con GNV; sin embargo, dirían que la cifra es de 2018 y se lo puede elevar al 25%, pero sigue siendo baja.
Por estas razones, se señala que el aumento de vehículos públicos y privados incrementó la demanda de más gasolina y diésel, pero el país cada vez produce menos carburantes, debido a que en su momento no se realizaron las suficientes actividades de exploración y explotación de pozos hidrocarburíferos. No se debe olvidar las declaraciones que hizo el 14 de enero de 2019, el exministro de Hidrocarburos Luís Sánchez, quien indicó que hay un “mar de gas” en el Subandino Sur, lo cual hasta el momento nunca se confirmó, a no ser que sea un mar crisis y de problemas económicos.
Esta situación causa que se tenga que dilapidar las reservas internacionales netas (RIN) porque se requieren de más dólares para realizar la importación de gasolina y diésel, lo cual deriva en el déficit fiscal. Ahora, se entiende que en lugar de regalar canchitas, sedes sociales, autos o viajes a los amigos del partido político era mejor pensar en fortalecer el sector productivo como el de los hidrocarburos.
Para ser abogado del diablo, es necesario decir que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) indicó que para aumentar la oferta de carburantes y reducir la subvención se implementan proyectos de mezcla de gasolina con etanol anhídrido, la construcción de plantas de biodiesel y por una acción planificada se ahorra ahora $us 1,7 millones por día en la importación de combustibles.
Sin embargo, esas acciones gubernamentales no son suficientes porque son a destiempo. Si multiplicamos $us 1,7 millones por 365 días, la cifra asciende a $us 620,5 millones, pero la subvención a los carburantes en 2022 ascendió a $us 1.700 millones, es decir, que sólo se lograría una reducción de hasta $us 1.079,5 millones, y esto es sin contar el continuo aumento sostenido del parque automotor. Las acciones lentas y equivocadas de los políticos continúan causando la reducción de los ahorros de los bolivianos que son las RIN.
Asimismo, la construcción de las plantas de biodiesel requiere de tiempo para su operatividad y no son inmediatos como desearía algún político del gobierno. Por estos motivos, el país estará sometido este año a seguir importando carburantes con las consecuencias financieras que fueron señaladas.
Según datos oficiales del BCB, el 6 de enero de 2023, las divisas que forman parte de las RIN estaban $us 703 millones y el 8 de febrero se situó en $us 372 millones, es decir, en los primeros 24 días de este año las divisas de las RIN cayeron $us 331 millones. Hasta el momento los datos que publica el ente emisor no se actualizaron.
Ahora bien, en datos generales; en 2006, las RIN alcanzaron los $us 3.177 millones; en 2014, ascendieron a su nivel más alto al situarse en $us 15.122 millones, luego empezó una caída sostenida hasta situarse el 6 de enero de 2023 en $us 3.815 millones y el 8 de febrero terminó en $us 3.538 millones. El descenso de las reservas mantiene una constante en el tiempo, lo cual debe generar reflexión en gobernantes y gobernados.
Esta situación debe preocupar a todos los bolivianos y se deben asumir medidas al margen de los colores políticos como el descubrimiento de nuevos pozos hidrocarburíferos de mayor magnitud en reservas de gas y líquidos, pero de forma inmediata. Asimismo, para evitar el desangramiento de las RIN a causa del déficit fiscal se debe realizar un ajuste en el gasto corriente, a través de la reducción significativa de los salarios de los ministros, viceministros, directores nacionales, jefes de unidad, la disminución en el gasto en propaganda gubernamental, la supresión de vehículos oficiales y el cierre de empresas estatales deficitarias.

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