Marset, Morales y las encrucijadas

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.

Las organizaciones criminales y los proyectos políticos totalitarios, construidos sobre la base de la concentración del poder, tienden a transmitir la sensación de invulnerabilidad que puede durar menos de lo que imaginan sus protagonistas. Desafían a la ley, acumulan poder y neutralizan a sus adversarios; sin embargo, el margen de maniobra se agota y se ven ante dilemas que podrían definir el resto de sus vidas. Es el caso del narcotraficante Sebastián Marset (35) y del caudillo Evo Morales (66), personajes que, aunque pertenecen a mundos distintos, hoy enfrentan de manera paralela auténticas encrucijadas.

El primero libra una batalla en un tribunal federal de Estados Unidos, luego de ser capturado y expulsado del país en marzo, en un operativo dirigido por la DEA. El segundo intenta sobrevivir políticamente, mientras su espacio de poder se reduce en Bolivia y en el contexto internacional. Sus caminos nunca fueron similares, pero confluyen en un punto crucial: la justicia dejó de ser un escenario lejano para ambos y hoy es una amenaza inmediata y factible. Lo que definan podría revelar el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras de poder del país. ¿Es Bolivia un narcoestado?

Marset, catalogado como uno de los narcos más pesados de la región, cambió de estrategia jurídica y de abogados defensores en Estados Unidos. Se ha declarado no culpable de delitos de narcoterrorismo y otros cargos. Si la acusación de la fiscalía federal prospera y las evidencias que se presenten en el juicio que se iniciará en enero de 2027 son más que suficientes, el desenlace para el fundador del Primer Comando de Uruguay sería la prisión de por vida en una cárcel como la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad (ADX Florence), en el estado de Colorado, donde purga cadena perpetua, por ejemplo, Joaquín El Chapo Guzmán.

Su apuesta es arriesgada: obligar a los fiscales a probar cada uno de los delitos imputados. Sin embargo, también tiene la posibilidad de realizar un nuevo viraje y colaborar con la justicia gringa con información precisa y relevante que identifique redes financieras, rutas internacionales, contactos con otras organizaciones narco y, sobre todo, las estructuras de protección política e institucional que le permitieron ser el nuevo rey del narcotráfico en Bolivia, con corona incluida en sus aviones, y el gran distribuidor de drogas a sitios clave de varios continentes. 

La incógnita en el caso de Marset no solo radica en saber si podrá defenderse con éxito en tribunales de Estados Unidos. ¿Revelará en algún momento todo lo que sabe para obtener reducción de condenas a cambio de desnudar al sistema que lo protegió durante años en Bolivia? En el mundo del narcotráfico, los líderes de la talla de Marset, no operan solos. Siempre cuentan con estructuras de complicidad que involucran a políticos con poder, funcionarios corruptos y operadores financieros inescrupulosos, entre otros.

Morales, en cambio, enfrenta una encrucijada distinta, pero igual en lo trascendental. Después de un año y ocho meses confinado en el trópico cochabambino, está claro que su capacidad de condicionar la política nacional a sus intereses personales se ha reducido considerablemente. El punto de inflexión para él es el fracaso de los bloqueos carreteros de los 53 días que finalmente expusieron algo impensado hace unos años: ahora se encuentra solo en términos políticos.

Su estrategia era escalar la crisis al punto de obligar a Rodrigo Paz a renunciar a la presidencia en el primer tramo de su gestión. El desenlace fue distinto. Los bloqueos del evismo y sectores afines terminaron desgastando su liderazgo y profundizaron el rechazo de amplios sectores ciudadanos, a los que cautivó durante décadas y que se jugaron por él en las urnas a partir de 2005. 

El fracaso también mostró el agotamiento de un mecanismo eficaz de negociación política, aquel que fue utilizado por Morales y los suyos en lo que de este siglo. Cuando los bloqueos dejan de producir victorias, comienzan a generar aislamiento. El caudillo y sus seguidores lo están experimentando. 

Además, ahora enfrenta un complejo escenario judicial con procesos penales en curso en Tarija por trata de menores y en Santa Cruz por terrorismo y otros tres presuntos delitos cometidos en la crisis de mayo y junio. Por si fuera poco, hay investigaciones avanzadas en Estados Unidos sobre narcoterrorismo que lo involucran y está pendiente la ratificación de una decisión de la Corte IDH para que sea procesado por ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008, en el hotel Las Américas, contra una supuesta célula terrorista ligada al poder regional de la denominada Media Luna.

Las versiones extraoficiales conocidas por Datápolis sobreun intento de negociación planteado por Morales y sus hombres de confianza para abandonar Bolivia no parece haber rendido frutos y, al contrario, muestra que quien hace unas semanas buscaba el derrocamiento del mandatario, ahora pretende salvarse de los riesgos personales que implica un escenario judicial cada vez más adverso dentro y fuera del país.

Es precisamente en este punto en que las historias de Marsety Morales dejan de ser paralelas y se convierten en un problema de seguridad del Estado. La amenaza para las democracias de la región ya no proviene de actividad delnarcotráfico como tal, sino que ha adquirido capacidad para capturar poderes públicos, financiar proyectos político-partidarios, corromper sistemas judiciales, someter instituciones policiales y convertir a los Estados en instrumentos funcionales a las corporaciones del crimen organizado. Cuando esa convergencia se consolida, estamos hablando indudablemente de narcoestados.

Bolivia ha mostrado, en las últimas décadas, señales preocupantes en esa dirección: cobijo para grandes organizaciones narco, incremento exponencial del lavado de activos, corrupción institucional en todos los niveles, impunidad garantizada desde el sistema judicial y político, y ganancias multimillonarias para quienes operan el conjunto de esos factores que, combinados, representan un verdadero riesgo para la seguridad del Estado.

Por ello, la eventual cooperación de Marset con la justicia estadounidense sobrepasa su situación procesal. Pondría al descubierto los esquemas de protección política, económica e institucional que permitieron su expansión regional. La experiencia internacional demuestra que las grandes investigaciones contemporáneas ya no persiguen únicamente a los jefes de los carteles; buscan desmontar las redes completas que les garantizan impunidad.

Y en el caso del caudillo, su situación adquiriría una dimensión distinta. Si las investigaciones internacionales establecen vínculos entre organizaciones del crimen organizado con actores de l política nacional, ya no se trataría solamente de responsabilidades personales, sino la demostración palpable de hasta qué punto corroyeron la médula del Estado a través de la captura de instituciones y poderes estratégicos.

En Latinoamérica se ha pensado que estos sistemas de protección estatal son eternos, pero siempre aparece un testigo clave, un colaborador eficaz, un documento financiero secreto o una investigación multinacional, generalmente dirigida por la DEA, que busca romper el pacto del silencio. La discusión, entonces, excede las implicancias personales de tal o cual personaje y comienza a situarse en cómo se debe rescatar a las instituciones y poderes tomados por los criminales.

Por tanto, la verdadera encrucijada no es la de Marset en Estados Unidos o la de Morales en el trópico. El dilema mayor para el país está en tomar la oportunidad de acabar con la convivencia entre el crimen organizado y el poder político, o permitir que la impunidad siga carcomiendo los cimientos del Estado. La decisión nacional trascenderá, por supuesto, lo que determinen ambos personajes, sobre todo cuando sean parte de la historia oscura de Bolivia.