
Los transportistas del servicio público contarán con un nuevo mecanismo para renovar sus vehículos y mejorar sus condiciones de trabajo, mediante el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA, creado por el Decreto Supremo N° 5726, por el presidente Rodrigo Paz Pereira
El programa permitirá financiar la renovación de unidades de transporte público y establecerá un sistema que vinculará el consumo de combustibles con el pago y control de los créditos, facilitando el seguimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
Para este propósito se implementará el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles (SIFICC), interconectado con los surtidores mediante el sistema B-SISA. Así, el consumo de carburantes permitirá automatizar el seguimiento de los pagos y el control del financiamiento.
Los transportistas podrán acceder a programas de conversión, mantenimiento y recarga a través de talleres especializados autorizados por la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA (EERV PATRIA). Las oficinas administrativas y de atención de esta entidad también brindarán orientación sobre el registro en el sistema y los mecanismos de acceso al programa.
El cobro y control del financiamiento de las nuevas unidades se realizará de manera directa e interconectada en las estaciones de servicio, mediante el sistema B-SISA. De esta forma, el mecanismo permitirá vincular el consumo de combustibles con las obligaciones derivadas del financiamiento.
El financiamiento de los programas podrá provenir de los fondos establecidos para este propósito, recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), así como de créditos y donaciones. La norma también establece mecanismos de contratación para garantizar la disponibilidad de talleres especializados y otros servicios necesarios para su ejecución.
La implementación de PATRIA contempla además una reorganización institucional. La nueva estructura de la entidad deberá ser aprobada en un plazo de dos semanas, mientras que las adecuaciones presupuestarias deberán realizarse en un máximo de 20 días, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad del personal, sujeto a evaluación.

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