Jul 24, 2026 | 21:04

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Presidente entrega más de 700 títulos ejecutoriales en Chulumani

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_El viceministro de Tierras explicó que en las gestiones anteriores los títulos se entregaban bajo condicionamiento político. “Hoy la definición y la decisión del presidente Rodrigo Paz es que se despolitiza el tema y se entregan los títulos que han sido rezagados”, destacó._  

_(La Paz, 22 de julio de 2026)_ 

Con el objetivo de despolitizar la propiedad agraria y garantizar los derechos de los productores, el Gobierno nacional entregó este miércoles 772 títulos ejecutoriales en el municipio de Chulumani, del departamento de La Paz. La actividad contó con la presencia del presidente Rodrigo Paz; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, Hernán Justo Zenteno, Alcalde de Chulumani y otras autoridades. 

Vaca Díez explicó que la entrega de estos títulos ejecutoriales —que acreditan el derecho propietario de los campesinos y productores— no se realizaron en las gestiones pasadas por razones políticas. 

“Son títulos que tendrían que haber sido entregados por las anteriores gestiones, tanto la de (Luis) Arce como la de Evo Morales, pero que por un tema, vamos a decir estrictamente político, esos títulos fueron durmiendo años de años. Son títulos que en algunos casos tienen 10, 15 años que no han sido entregados”, detalló. 

Para Vaca Díez, este rezago responde a la lógica de gobiernos anteriores, de mantener control político sobre algunas comunidades utilizándolos como mecanismo de presión. 

Al respecto, el presidente, Rodrigo Paz, destacó que con la entrega de títulos, la población podrá producir con su tierra, sin condicionamientos. “Chulumani y todos aquellos que vayan a recibir estos títulos, siéntanse libres, siéntanse con la capacidad que ahora van a recibir su título de propiedad. Lo que van a recibir es suyo, ya nadie se los quita, ya no hay chantaje político, ya no hay persecución política. Ahora lo que tenemos con esa tierra es empezar a producir en serio”, destacó el primer mandatario. 

Seguridad jurídica para el campesino, seguridad alimentaria para el país

Para el Estado boliviano la dotación del título ejecutorial no solo representa el reconocimiento del campesino sobre la propiedad de la tierra, sino que además le otorga la seguridad jurídica necesaria para que los pequeños y medianos productores puedan invertir en sus tierras. 

«Esa seguridad jurídica que te lleva después a poder invertir, el invertir en tu tierra, cuando ya eres dueño y tienes ese respaldo del Estado a través del título ejecutorial, te ayuda a tener también una seguridad alimentaria para el país», enfatizó el Viceministro, destacando el impacto que la retención de estos documentos tuvo para el desarrollo de las poblaciones y en consecuencia del país.

Durante el acto de entrega, el alcalde de Chulumani, Hernán Justo Zenteno, destacó la presencia del presidente del Estado, a quien le dedicó un mensaje de apoyo. “Desde Los Yungas, compañero presidente, esta es su tierra, este es su pueblo. Estamos para apoyarlo, no vamos a bloquear, pero sí vamos a dialogar”, enfatizó.  

Más de 80.000 títulos rezagados

La autoridad explicó que en Bolivia existen cerca de 89.000 títulos rezagados, de los cuales 46.000 corresponden al departamento de La Paz. Ante este panorama, “hoy la definición y la decisión del presidente Rodrigo Paz es que se despolitiza el tema y se entregan los títulos que han sido rezagados”.

La autoridad informó que ya se realizaron entregas previas. Por ejemplo en Sipe Sipe (Cochabamba) se distribuyeron 1.550 títulos; además, se entregaron títulos en Santa Cruz y Tarija. 

Vaca Díez destacó que el Gobierno estableció como prioridad la atención de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Para dar continuidad a este proceso de regularización, se coordinarán las próximas fechas de entrega con los alcaldes de los distintos municipios y las organizaciones sociales, contando con la participación del presidente del Estado, el Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

La entrega de títulos ejecutoriales es parte de la política del Gobierno nacional para brindar certeza jurídica y fortalecer el derecho propietario de las familias campesinas, bajo los pilares de “economía para la gente” y “bienestar para todos”.


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