La voz de alerta se hizo escuchar fuerte desde Interpol Francia. Especialistas en lucha contra la pornografía infantil de Brasil apoyaron un operativo que se efectuó este jueves en afueras de la ciudad intermedia de Caranavi, en la región tropical del departamento de La Paz, para desarticular un brazo operativo de abusos sexuales a niños y niñas que eran grabados, editados y difundidos a través de al menos 18 grupos de WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales.
Encabezados por el fiscal depatamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, jefes de diversas unidades policiales y representantes del Ministerio Público realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer una investigación internacional que se realizó en los últimos seis meses que derivó en la desarticulación del brazo boliviano de una «red internacional» de pornografía infantil.
La coordinación con policías de otros países fue clave para dar con dos supuestos pornógrafos que operaban en las afueras de Caranavi. El principal sopechoso tiene 25 años y su cómplice fueron aprehendidos y llevados a la fuerza anticrimen de la ciudad de La Paz para ser imputados y sometidos a una audiencia de medidas cautelares, informó la mayor Gaby Coca.
En el operativo realizado en Caranavi entre policías y fiscales, además de la captura de los dos varones, se rescató a cuatro menores, dos que eran parte del entorno de los sospechosos. Se trata de dos niñas que fueron derivadas a la Defensoría de la NIñez y Adolescencia de La Paz.
Torrez sostuvo que se han identificado al menos 22 víctimas de entre 3 y 14 años de ambos sexos que eran abusados sexualemente y las grabaciones de los abusos eran comercializados mediante videos que eran ofrecidos en distintas plataformas de mensajería virtual.
El diretor de Interpol Bolivia explicó que los sospechosos cobraban Bs 50 por tener acceso a grupos de WhatsApp, Telegram y otros, y una vez registrados observar videos de pornografía infantil pagando de manera virtual para tener la oportunidad de ver los materiales ilícitos.
Coca dio cuenta de la confiscación de dispositivos celulares, CPU de computadoras, una tablet y otros equipos que habrían servido para la grabación de los abusos sexuales y para la comercialización de los videos.
La fiscal superior Alejandra Rocha hizo hincapié en los seis meses de investigación que se realizó en coordinación con agencias extranjeras para dar un certero golpe a una organización internacional de pornografía infantil.
Fueron tres los inmuebles intervenidos, uno de ellos en la sede de gobierno, de donde se pudo secuestrar computadoras, celulares desde donde se cree que se enviaba el material pornográfico. Se reportó que también se logró rescatar el QR que utilizaban los acusados para realizar cobros a las personas que querían el contenido.
Fuente: Datápolis
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