
El martes, la ministra de Salud, Marcela Flores, y el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, intentaron distanciar al Ejecutivo del escándalo de los nuevos audios que involucraron inicialmente a dos diputados suplentes del oficialismo en tráfico de influencias al presionar por cargos publicos para varios recomendados en la AISEM.
Los días avanzaron y el escándalo escaló con más parlamentarios involucrados y el silencio del presidente Rodrigo Paz. Los señalados fueron en primera instancia Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao y este viernes, engrosan la lista de parlamentarios peguistas el jefe de bancada del PDC y presidente de la Comisión de Ética de Diputados, Óscar García, y el senador oficialistas Nicanor Cochi, aunque su ámbito de acción es EPSAS.
Este viernes Gálvez transmitió un cambio de postura del Gobierno sobre un tema que ha generado indignación social y que, en lugar de aplacarse, se agudizó, entre otras razones por la decisión gubernamental de esperar que el avance del tiempo saque el tema de la agenda pública nacional.
El martes, Gálvez afirmó que la política del Gobierno es no comentar audios que circulan en redes sociales porque pueden estar cortados, editados o contaminados. “Vamos a prestarle atención al tema, pero no a los audios”, dijo el vocero gubernamental en una conferencia de prensa junto a la ministra Flores.
Este viernes cambió de discurso: “Hay que investigar todo el tema en su integridad, en las denuncias sobre cobros irregulares para con las autoridades que estaban a cargo». “No hay privilegios, no hay nadie que esté por encima de la ley”, sostuvo apelando a la consigna de siempre.
El martes, Flores pidió a los interesados presentar las denuncias en las “instancias que corresponden”. Al día siguiente, en la ciudad de Sucre, reveló que no tiene redes sociales y que «a Dios gracias» no escuchó las grabaciones, por lo que no puede afirmar si son ciertas o no.
Además, argumentó que el Ministerio de Salud no tiene ningún papel en contrataciones de personal porque la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), es una entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa, financiera y legal.
Por su parte, desde su retorno al país tras su viaje a Turquía para participar en la cumbre climática y otros eventos, Paz no se ha referido en ningún momento al escándalo de las pegas que, en términos jurídicos, supone la comisión del delito de tráfico de influencias.
El anuncio gubernamental de este viernes, de investigar de manera integral el escándalo, busca aplacar el comentario generalizado de que el gobierno de Paz está asaltando la administración pública. El silencio del mandatario se ha mantenido hasta este viernes y no se conoce si se pronunciará antes de su comparecencia en la ALP sobre el primer año de su gobierno. No hay fecha para escuchar al Presidente,
Fuente: Datápolis

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