Arce observó 3 irregularidades en 63 contratos aprobados por los legisladores de Evo

Los acuerdos fueron suscritos con empresas sin experiencia en el rubro o con razones sociales poco claras. Además, la AJAM actuó en actividades en las que no tenía competencia.

Al menos tres irregularidades fueron observadas por el presidente Luis Arce en los 63 contratos mineros sancionados —en cinco leyes— por los legisladores de Evo Morales.

Entre las anomalías se advirtió que las empresas a las que se les dio los contratos pertenecían a otro rubro, se dedican a la explotación de áridos que corresponde a municipios y pueblos indígenas o que los trámites fueron iniciados en vigencia de otra ley.

Los acuerdos, remitidos al Ejecutivo en cinco leyes, fueron rechazados en noviembre de 2020, pero no fue hasta el martes pasado (un año y nueve meses después) que las observaciones fueron tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Nos han ocultado información. Hemos tratado de ver a detalle los contratos, pero solamente nos han dado el informe de las observaciones con los datos abstractos. Quisimos tener acceso para ver de qué empresas se trata. Estamos preparando una petición de informe para que nos den toda la documentación del caso”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón.

El martes 23 de agosto, en el orden del día de la sesión de la ALP se anotó el “Tratamiento de las observaciones del Órgano Ejecutivo a cinco leyes sancionadas sobre contratos mineros”.

Aunque son sólo cinco leyes, éstas abarcan 63 contratos administrativos mineros que comprometen un total de 790 cuadrículas. Al tener en cuenta que cada cuadrícula minera equivale a 25 hectáreas, el área comprometida, en total, asciende a 19.750 hectáreas en las regiones de Beni, La Paz, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

Extrañamente, estas normas fueron sancionadas por el rodillo parlamentario de la anterior gestión del MAS, el 20 de octubre de 2020, días antes de dejar sus curules. La observación data del 11 de noviembre de ese mismo año, tres días después de la posesión de los nuevos legisladores y de Luis Arce en la Presidencia.

1. Empresas de otros rubros

Un contrato administrativo minero es un acuerdo por el que el Estado, en representación de los bolivianos y por medio de la AJAM, otorga a una empresa (pública, privada o cooperativa) la facultad de realizar actividades de exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización e industrialización de minerales. Para ello las empresas deben cumplir ciertos requisitos, uno de los más importantes es la experiencia en el sector.

El informe remitido por Arce dice que esta fue la primera anomalía. “Se identificó que varias de las empresas suscribientes no guardan relación con el objeto de contrato, consecuentemente tampoco al desarrollo de las mencionadas actividades mineras”, dice.

Página Siete accedió a las cinco leyes y a la lista de las empresas que lograron tener un contrato. La revisión evidenció que existen empresas dedicadas a servicios de movimientos de tierras, demoliciones o a la comercialización de materiales de construcción, de tejas, pintura y otros materiales.

También se identificó empresas que se dedican a la edificación de puentes, caminos y otras obras civiles, pero no a la minería.

“Varias de estas empresas no corresponden al rubro de la minería, situación que genera confusión”, advierten las observaciones del Presidente.

2. Contratos sin tuición

Lamentablemente, los contratos como tales no son de acceso público y sus detalles tampoco se encuentran dentro de las cinco leyes sancionadas. Sin embargo, el informe enviado por el mandatario a la ALP señala que los acuerdos fueron suscritos por las direcciones departamentales y regionales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) con distintos actores productivos mineros.

La segunda irregularidad tiene que ver con que algunas de las empresas se dedican a la explotación, transporte y comercialización de áridos y agregados.

La regulación de esta actividad, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 535 de Minería y Metalúrgica, no es de competencia del nivel central del Estado, sino de los gobiernos municipales, “en coordinación” con los pueblos indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, tampoco es una tuición de la AJAM.

Una de estas empresas observadas obtuvo de la AJAM un contrato de intervención en 67 cuadriculas en Santa Cruz.

“Por la revisión de los documentos que hacen a la personalidad jurídica de las empresas, vemos que en su objeto detalla una finalidad genérica, que en muchos casos es ajena a la actividad minera. Este hecho desnaturaliza el objeto de la empresa constituida y a futuro podría generar confusión al momento de determinar las obligaciones tributarias u otras formalidades a cumplir”, observó Arce.

3. Bajo diferentes leyes

Otra de las observaciones es que varios contratos fueron iniciados previos a la aprobación de la Ley 535, en mayo de 2014.

Algunos trámites tuvieron su origen en el Decreto Supremo 29117, del 1 de mayo de 2007 o en la Ley 368 de autorización de suscripción de contratos mineros, que data de 2013.

Este punto genera un problema porque la Ley 535 derogó al mencionado decreto supremo y varias disposiciones de la Ley 368. Es decir que la esencia de estos trámites, que luego se convierten en anteproyectos de ley, ya no es la misma porque la normativa cambió y generó una variación en relación a la concesión.

La data antigua de estos contratos también afecta a la valoración económica del contrato que tuvo en un inicio y que ahora puede ser diferente.

“Es menester hacer una serie de observaciones, el pueblo boliviano tiene que saber que se estaba a punto de entregar concesiones mineras a empresas que no tienen la especialidad, la experiencia o la razón social adecuada. Se iba a cometer una ilegalidad y cuando esta ocurre seguramente es porque alguien se está beneficiando”, sostuvo el diputado de Creemos Erwin Bazán.

Indicó que se debe investigar qué pasó para que estos contratos pasen el filtro de las comisiones de la ALP y sean sancionados en una Asamblea que tenía los dos tercios del MAS

Hemos solicitado esta información, pero la respuesta ha sido negativa bajo el argumento de que es una información con bastante volumen. No entendemos cuál es la razón de ocultar estos contratos si están siendo observados”, indicó el diputado Carlos Alarcón (CC).

El legislador cuestionó que se haya demorado un año y nueve meses para el tratamiento de las observaciones, que el martes fueron aprobadas por unanimidad en la ALP. Aclaró que si bien no hay un plazo, la tardanza prueba la falta de coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Manifestó que hay indicios de falta de transparencia y de manejos irregulares en la suscripción de los contratos y la aprobación de los mismos por la anterior Asamblea.

Los 63 contratos están distribuidos en cinco leyes, de acuerdo con las direcciones regionales de la AJAM que los suscribieron. Cada una forma un solo cuerpo.

La dirección departamental de Cochabamba emitió dos contratos administrativos; la de Tupiza-Tarija, 16; la departamental de La Paz, 27; la departamental de Santa Cruz, 11; y la regional de Potosí-Chuquisaca, siete.

Las leyes sancionadas están firmadas por los presidentes de senadores y diputados, Milton Barón (en lugar de Eva Copa) y Sergio Choque.

El presidente de la ALP, David Choquehuanca, indicó que la tardanza se debió a que se tuvo que revisar cada uno de los documentos. Afirmó que toda la documentación fue remitida a ambas cámaras.

Fuente: Página Siete