Sep 25, 2022 | 13:29

A Human Rights Watch le preocupa la acusación del fiscal Junior Flores a dos destacados periodistas

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La detención preventiva es la norma general en Bolivia, dice César Muñoz.

Human Rights Watch, entidad internacional de defensa de los derechos humanos, expresó este viernes su preocupación mediante tres mensajes de Twitter por la acusación presentada por el fiscal Junior Flores contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., para quienes pidió su detención, informó el portal Brújula Digital.

Los conocidos periodistas Rojas y Adriana G. fueron acusados por el fiscal Flores de daño económico al Estado porque contrataron supuestamente con un salario mayor al que le correspondía por no tener un título profesional al presentador de noticias Pablo Llano cuando se desempeñaban en la red Bolivia Tv en 2020. (Adriana G. ha solicitado, mediante sus abogados, no ser identificada por su apellido).

Al respecto, César Muñoz, investigador senior de HRW para América Latina, dijo en su cuenta de Twitter: “Nos preocupa el proceso penal iniciado por la (Fiscalía de Bolivia) contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista»

Luego agregó: “La pena máxima por los delitos imputados a las seis personas es de 10 años de prisión. La Fiscalía también solicitó su detención preventiva por 6 meses”. En su tercera publicación, Muñoz expresó que “un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”.

Otros cuatro exfuncionarios del canal también fueron acusados, informó la Agencia de Noticias Fides, que reprodujo la acusación del fiscal. Rojas y Adriana G. autorizaron la contratación de Llano con un honorario de 11.498 bolivianos cuando, supuestamente, debido a no tener título académico, solo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales.

La contratación se dio cuando Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de informaciones de Bolivia Tv, respectivamente, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. El monto obtenido en salarios por Llano, de 84.701 bolivianos, es considerado por el fiscal como “daño económico al Estado” y pide por ese monto (12.100 dólares), penas de hasta 10 años de cárcel para seis personas.

La acusación contra los dos periodistas, que están en ejercicio, ha generado solidaridad con los afectados y denuncias de presiones del gobierno contra la prensa. Manuel Morales, dirigente de Conade, dijo que la acusación del fiscal Flores es un “acto de represión” no solo contra los dos comunicadores, sino contra los medios de comunicación y de los periodistas en general y que es una muestra de que el Estado está en una nueva faceta de represión.

Por su lado, la periodista Zulema Alanes dijo a Brújula Digital que la medida es “un proceso que excede las normas administrativas con las que se debe proceder en este caso y, por tanto, se configura en una abierta persecución judicial contra los colegas”.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, coincidió con esas visiones y expresó que una acusación penal contra dos periodistas en ejercicio es, evidentemente, un acto de acoso contra la libertad de prensa y de expresión y, “en general, contra las libertades democráticas” del país.

También llamó la atención sobre la “selectividad” de la investigación y de la “desproporción” sobre el presunto delito administrativo con la acusación de hasta 10 años de cárcel presentada por el fiscal Flores.

Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPB), coincidió con Requena sobre el tema de la desproporción. Dijo que la acusación está fuera de lugar y que la justicia “debe determinar si se ha cometido un hecho fuera de la ley al contratar a un periodista”.

A su vez, la abogada Zuleika Lanza denunció un caso de “persecución” y “sicariato judicial” en el proceso contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G.

“Este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la libertad de expresión y de prensa”, dijo Lanza entrevistada por radio Panamericana.

Andrés Rojas y Adriana G. son periodistas de reconocida trayectoria en Bolivia, con muchos años de presencia en los medios de comunicación.

Fuente: publico.bo


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