
A confesión de parte, relevo de prueba, dice el refrán y el procurador General del Estado, César Siles, anunció este viernes que, en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de cesación de funciones de los magistrados prorrogados, la norma será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
El proyecto de Ley 075 de cesación de funciones de los prorrogados es parte del Orden del Día de la Cámara de Diputados, cuyo presidente suspendió el tratamiento de esa y otras normas sin fecha definida. Para Siles, si ese proyecto de Ley es aprobado por el Legislativo, «corresponderá seguramente una declaratoria de inconstitucionalidad de ese proyecto de ley».
El procurador Siles señaló que el proyecto de Ley 075 es inconstitucional, toda vez que el TCP ya ha emitido la Declaración 049/2023, la cual establece la prórroga de los actuales magistrados en tanto se hacen las elecciones judiciales. Aseguró que esa decisión es de cumplimiento obligatorio.
Enfatizó que el TCP es la única autoridad que puede interpretar a la Constitución y que, por tanto, leyes que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, pero que no estén dentro del «paraguas constitucional» serán declaradas inconstitucionales por parte del TCP.
Salvo por una acción judicial dirigida a los integrantes del TCP para que sean procesado en la justicia ordinaria por el delito de usurpación de funciones, caso en el que el presidente del TCP, Paul Franco, hizo declaraciones coyunturales, ese tribunal no ha dado a conocer su posición sobre los cuestionamientos a la Declaración Constitucional 049/2023 que dispone la prórroga de los magistrados del máximo tribunal de justicia constitucional del país y de las altas cortes del Órgano Judicial.
En cambio, quienes han estado realizando el rol de voceros defensores del TCP desde diciembre de 2023 han sido el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, y el ministro de Justicia, Iván Lima. A ellos se suma ahora el procurador César Siles.
Siles aseveró que las leyes para cesar a los magistrados y suspender plazos se constituyen en una vulneración a la separación de poderes.
«Que quieran intentar con otra ley querer cambiar ese razonamiento del Tribunal Constitucional me parece un quebrantamiento del orden legalmente constituido, el principio de independencia de poderes», acotó el Procurador
Fuente: Datápolis

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