Aramayo afirma que la Agenda 50/50 debe ser progresiva y responsable: ‘no podemos actuar sin pensar en el resto del país’

_(Ministerio de la Presidencia, 3 de noviembre de 2026)_

El Gobierno avanza en una propuesta de distribución de recursos para fortalecer las autonomías departamentales, en el marco de la Agenda 50/50. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, afirmó que este proceso debe desarrollarse de manera gradual y con responsabilidad fiscal, considerando la situación económica del país y las necesidades del conjunto de la población.

“Tiene que avanzar de forma gradual, por un hecho básico, no podemos actuar sin pensar en el resto del país, necesitamos hablar con responsabilidad fiscal, la situación de este país es muy delicada en este momento”, advirtió Aramayo al explicar que la propuesta del Ejecutivo no se limita a la transferencia de un punto porcentual de coparticipación tributaria.

La autoridad explicó que la propuesta también contempla la posibilidad de que los gobiernos departamentales generen sobretasas sobre determinados tributos y retengan esos recursos mediante una mayor eficiencia en la recaudación, reconociendo así su esfuerzo fiscal.

“Esta arquitectura está mostrando esta vocación de empezar a avanzar en este camino, que hay que ir recorriendo gradualmente”, añadió.

Aramayo remarcó que la Agenda 50/50 constituye un compromiso del presidente Rodrigo Paz con los territorios y las regiones, y destacó su trayectoria vinculada a la gestión municipal y autonómica. En esa línea, sostuvo que la autonomía requiere un proceso de diálogo y construcción institucional que no puede resolverse de manera inmediata.

“Estamos iniciando un proceso que va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado la autonomía? ¿Cuánto tiempo ha tomado la descentralización, la participación popular? No tener esto en perspectiva es desconocer la historia del país”, manifestó.

Asimismo, indicó que la propuesta será trabajada con la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una perspectiva de mediano y largo plazo, para construir políticas públicas sostenibles y evitar que el debate sobre la distribución de recursos derive en confrontaciones o planteamientos demagógicos.