Por la libertad y la soberanía de los Estados hispanoamericanos

Gisela Derpic Salazar es abogada.

En la dinámica política actual del mundo se devela con claridad la embestida del totalitarismo instalado en el bloque negador de los valores y principios esenciales del Occidente, en pos de expandirse allá donde pueda para perpetuarse; en especial, en Hispanoamérica. La base de esta afirmación radica en datos de fuentes diversas, plurales e independientes que ponen en evidencia la aplicación de estrategias comunes en los países afectados en los cuales la democracia ha sido despojada de sus cualidades intrínsecas, quedando reducida a meros actos electorales con severos indicios de manipulación y fraude en su desarrollo y resultados, como quedó demostrado en Bolivia en 2019, a ojos vistas en Nicaragua en los eventos que desde 2016 mantienen en el poder al orteguismo, y en los frontales aprestamientos de la dictadura de Venezuela para reproducir su poder en las elecciones generales del próximo 28 de julio.

La ruta seguida en todos los casos hasta ese escenario se parece mucho: estallidos sociales bajo el mismo “modus operandi”, reformas constitucionales de corte similar en dirección al menoscabo de las libertades y derechos individuales, concentración del poder y pérdida de independencia judicial, liquidación de la prensa libre mediante asfixia económica, acoso y persecución —cuando no prisión, exilio e incluso muerte y desaparición— de periodistas, terrorismo desde el poder mediante estructuras represivas de acción impune, con vulneración impune de los derechos y las garantías.

Una transversal importante es la participación de extranjeros en tareas no sólo de planificación y asesoramiento, de espionaje e infiltración, sino también de organización y ejecución represivas. Así lo sostiene el altamente recomendable trabajo realizado por Jesús Enrique Caldera Ynfante, en el cual se presentan evidencias del despliegue temprano de los tentáculos de la dictadura militar cubana, combinando operaciones de invasión armada, entrenamiento y adoctrinamiento internacional a gran escala, y la llamada “Dominación Extranjera Consentida”, con auspicio y complicidad de gobiernos erigidos gracias a la aplicación de la receta cubana. De allí deriva la usurpación de funciones en organismos de inteligencia y seguridad por agentes de la isla, como sostiene el Informe Anual del Instituto Casla marzo 2023-marzo 2024, bajo el título: “Venezuela: La instauración de un régimen del Terror y Persecución Sistemática Generalizada con la Impunidad del Poder y la injerencia del régimen cubano”, presentado el 2 de mayo de 2024, disponible en Internet.

En Bolivia esto se patentizó en 2019 cuando se encontró cubanos llevando dinero en maletas hacia donde se encontraban grupos violentos en la ciudad de El Alto, disparando contra mineros y estudiantes en el camino Oruro-La Paz, y en la quema de la casa del entonces rector de la Universidad de San Andrés, Waldo Albarracín, quien denunció en entrevista a Brújula Digital el 10 de junio pasado, que ese acto criminal fue monitoreado directamente por el embajador de Cuba en Bolivia en aquel tiempo, Carlos Zamora. Afirmó: “Cuba y otros aliados del gobierno boliviano, como Venezuela y otros, siempre han estado favoreciéndose de la relación con Bolivia, influyendo sobre el país y sobre las decisiones que toma”.

En tal contexto, la soberanía de los Estados queda cancelada en favor de la potencia extranjera que les arrebata el poder, imponiéndose por encima y en contra del derecho. Es una situación fáctica que condena a la ciudadanía al desvalimiento total con pérdida de su dignidad, derechos y libertades. Es un salto al pasado oscuro del cual la humanidad salió con la fundación del Estado y del Derecho Modernos. Lo peor de todo es que esta problemática existente desde 1959, de alta importancia y nefastos resultados, pese a haber sido denunciada por muchas voces en reiteradas oportunidades con base en elementos probatorios e indicios claros, no ha merecido ni atención ni respuesta efectiva alguna de parte de los países e instituciones internacionales alineados con los valores y principios de la democracia y los derechos humanos. Por el contrario, es innegable que no sólo han preferido mirar hacia otro lado, sino que, como es el caso de la Unión Europea, incluso se han complicado en el mantenimiento y fortalecimiento de la dictadura militar cubana mediante la ayuda económica financiera emergente de la suscripción de acuerdos firmados, cuya finalidad declarada e incumplida, es el avance democrático y respeto a los derechos humanos.

Semejante realidad no debe ni puede ser ignorada por quienes siguen los valores gestados en Occidente, sea en cuanto personas individuales, instituciones sociales o Estados, bajo pena de complicidad con la liquidación de los avances más preciados de la civilización. Por eso, es un deber alzar la voz para denunciar la intervención de la dictadura militar cubana en nuestros países, demandando una acción unitaria que contenga, revierta y sancione tales atropellos en función de nuestra libertad.

Vía: Datápolis