
José Luis Toro es periodista y abogado
La coincidencia de la elección presidencial en Venezuela con el desarrollo de los Juegos Olímpicos no debería sorprender. La atención mundial se centra en el evento deportivo, lo que inevitablemente distrae la atención de otras noticias, incluyendo aquellas de naturaleza política.
Al margen de ese detalle, que podría interpretarse como un cálculo político estratégico, ocho países han rechazado hasta el momento los resultados que proclaman a Nicolás Maduro como ganador, otros dos —entre ellos Brasil— solicitaron que se publiquen las actas para dar transparencia y legitimidad, mientras que siete han solicitado una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la situación.
El principal cuestionamiento técnico es que el día de la votación y después de que pasaran más de seis horas del cierre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un único anuncio en donde indicó que se había procesado un 80% de las mesas con lo que daban ganador a Maduro, pero sin otorgar detalles de las mesas procesadas y sin tomar en cuenta que un 20% restante podía modificar ese resultado.
Luego, el informe del CNE, ratificó a Maduro vencedor con 5.150.092 votos frente a los 4.445.978 de Gonzales Urrutia. Sin embargo, la oposición alega haber obtenido 7.119.718 votos, en contraste con los 3.225.819 de Maduro, lo que implica una diferencia significativa de casi 4 millones de votos.
La controversia no solo se limita al ámbito político, sino que ahora involucra a la justicia, dado el recurso presentado por Maduro. La pregunta clave es: ¿a quién creer? Si Maduro fuera candidato por primera vez, posiblemente no habría desconfianza, pero esta tercera reelección genera una incredulidad comprensible. Desde que asumió la presidencia en abril de 2013, tras suceder a Hugo Chávez, y haber renovado su mandato en 2018, Maduro ha enfrentado críticas constantes de la oposición. Si se confirma su tercer mandato, permanecería en el poder hasta 2031, sumando casi 18 años consecutivos.
La oposición ya había denunciado fraude en la elección anterior, generada, en concomitancia con instituciones que son consideradas sometidas al gobierno chavista. Este contexto otorga a sus reclamos una mayor coherencia y credibilidad.
Si se confirma el fraude en medio de los Juegos Olímpicos, la ironía sería que solo un «político-atleta» con una trayectoria impecable y sin restricciones de doping sería merecedor a la medalla de oro… en fraude.
Vía: Datápolis

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