
Roberto Méndez Herrera es periodista y abogado.
La libertad de prensa en Bolivia deberá librar una nueva batalla frente a la pretensión del Ministerio de Gobierno de Bolivia de buscar en los periodistas que cubrieron los hechos de la Plaza Murillo, fuentes para sustentar el llamado intento de golpe de Estado a la cabeza del general Juan José Zúñiga.
Por eso fue que la convocatoria a un desayuno-trabajo en especial a los periodistas palaciegos. Fue denunciada como un intento de vulnerar la libertad de prensa porque no se ajusta a las intenciones de un gobierno que respete la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.
Y porque incumple las garantías establecidas en normas internacionales y nacionales que impiden todo tipo de censura o autocensura, sea esta social, política o económica, hechos o violaciones a la libertad de expresión que pudieran venir de autoridades y otras entidades que disminuyan, restrinjan o anulen el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de opinión, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 19), en la Convención Americana de Derechos Humanos (art 13) y en la Constitución Política del Estado (art. 21, numerales 3,5 y 6) y el art. 107.
Y porque la convocatoria a los periodistas tampoco se ajusta a una lógica simple sobre la que en Derecho se llama, verdad histórica de los hechos, por la simple razón de que el general Zúñiga atacó con su tanqueta las puertas del Palacio Quemado, donde viven solo unos cuantos guardias del Batallón Colorados de Bolivia, pues desde agosto del año 2018, el Órgano Ejecutivo, es decir el presidente Luis Arce y sus principales ministros, trabajan en la llamada Casa Grande del Pueblo.
Según Wikipedia, un golpe de Estado (en Francés coup d’État, ‘golpe de Estado’; también conocido como golpe o derrocamiento) es la toma y destitución del gobierno y los poderes de un Estado. Normalmente, se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción política, un partido político, una secta, un grupo rebelde o militar.
Aunque el concepto de golpe de Estado ha aparecido en la política desde la antigüedad, la frase es de acuñación relativamente reciente. No apareció en un texto inglés antes del siglo XIX, excepto cuando se utilizaba en la traducción de una fuente francesa, ya que no existía una frase sencilla en inglés para transmitir la idea contextualizada de un «golpe de gracia a la administración existente dentro de un Estado».
Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el transcurso de los hechos y procesos históricos, se suelen combinar entre sí, señalan politólogos ingleses de la Universidad de Cambridge, como Naman Karl y Thoms Habtom, quienes desarrollaron la teoría que cuando los golpes de Estado son fallidos, se usan para levantar la imagen de los líderes políticos a los que supuestamente se pretendía derrocar.
Desde 1946 Bolivia experimentó 38 golpes de Estado entre aquellos que resultaron exitosos, los que fracasaron y los que quedaron en conspiraciones frustradas, según datos del Centro Cline de Investigación Social Avanzada de la Universidad de Illinois, citados por la agencia internacional de noticias, CNN, aunque algunos medios de comunicación hablan de 200 casos, cifra que sin embargo, es negada por el expresidente e historiador, Carlos Mesa, en su libro “Urnas y fusiles”.
Lo cierto es que se han acortado mandatos de presidentes, en 1985, cuando salió Hernán Siles, en el 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada y en el 2019 cuando Evo Morales fue obligado a renunciar por una rebelión popular por denuncias de fraude avaladas por la OEA, situación esta última que el gobierno socialista bautizó como golpe de Estado”.
Y no hay necesidad de citar a ningún periodista porque todo lo que ellos saben se encuentra en sus crónicas públicas y en las imágenes que han difundido. El resto es un intento de golpe a la libertad de prensa y de expresión.
Vía: Datápolis

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