Juristocracia: ¿camino abierto?

Carlos Federico Valverde Bravo es periodista.

Primero fue la decisión del TCP que dejó en pausa las interpelaciones parlamentarias dando lugar a mantener a los ministros censurados (acto que no condice con la CPE, que otorga esa prerrogativa al Parlamento o Asamblea), esto en el primer semestre del 2023; fue un “favor a 8 ministros” que se libraron del procedimiento parlamentario; con eso invalidaron a la Asamblea Nacional, otrora primer poder del Estado. Los parlamentarios lo dejaron así… quejas hubo, evidentemente, pero nada pasó. Después, en diciembre del mismo año, el propio TCP decidió auto-prorrogarse, hasta las nuevas elecciones judiciales, a las que, se ocupó de ponerles un palo a la rueda, encargando a una sala departamental del mismo TCP, concediendo a una señora aspirante a una de las candidaturas, la paralización del proceso de selección, porque no la habilitaron; esto, fue previamente “fogoneado” por varios recursos de “impugnación política” de parte de quienes resultaron descalificados para ser parte del proceso de elección. Ganó el poder político porque su brazo judicial garantizaba la consecución de sus planes.

Listo, al parecer esto es una especie de: “cada uno a su casa que no hay qué más hacer”, en el país en el campo político; el TCP es quien pone límites al Parlamento y consolida el poder del Ejecutivo como contrapeso del Legislativo, donde el gobierno tiene minoría. Tal cual, el presidente Arce logró limitar o frenar al Parlamento o Asamblea en sus 2 cámaras; el TCP se puso en condición de contrapeso perfecto del Poder Legislativo que no atina a nada para recuperar el lugar que se suponía tiene.

Fíjese, quien lee estas líneas, que, así como limitaron al Órgano o Poder Legislativo, también intervinieron en el Órgano Electoral Plurinacional o TSE (Supremo Electoral); a este le instruyeron “supervisar o mirar el acto del presidente Arce ese órgano se quejó y argumentó que lo haría “provisionalmente”, como si hubiera provisionalidad en un acto único, pero fue, parece, que fue el argumento que encontraron.

Claro… ahora entendemos, porque se va cumpliendo, lo que el poder político buscaba en la redacción de la nueva CPE, aprobada por Referéndum Constitucional, con el 61.43% de los votos, el 25 de enero de 2009, después de 2 intentos fallidos de realizarlo (4 de mayo y 7 de diciembre de 2008).

El objetivo de la elección de jueces y magistrados en la nueva CPE siempre estuvo en darle al Poder u Órgano Judicial (jueces o tribunos) el mismo rango que tienen los parlamentarios: éstos, siendo electos, se deberían ubicar en el mismo nivel de “legitimidad” que los poderes Legislativo y Ejecutivo; así sus elecciones hayan sido de minorías que no llegaron al 50% de votación, como ha ocurrido en el 80% de los casos, pero la estrategia del socialismo del siglo XXI les debía servir si acaso las cosas fueran como el primer gobierno de Morales, cuando el Senado les era adverso.

Van por todo, es un hecho que esa decisión en reposo durante varios años, ha sido puesta en marcha en el gobierno de Arce; ahora ya no se quedan en chicas, con la auto-prórroga, los tribunos constitucionales son una especie de poder en si mismo, ya no son un poder delegado y elegido por el Parlamento; no, el “democratismo”; entiéndase el neologismo, lo defino como un “exceso de democracia» que se plasmó en la Asamblea Constituyente que no pudo aprobar siquiera un artículo antes de salir de escapada de Chuquisaca.

Hoy, da la impresión de que el Órgano Judicial es casi un poder originario y no delegado; así se deben considerar ellos, por “instrucciones y acuerdos políticos del Gobierno”, seguramente y porque ambos se necesitan; lo único que no puede hacer el Judicial, es destituir al Presidente, sin un juicio de responsabilidades, de manera que obedece y co-gobierna.

En realidad, esto no es nuevo: en la gestión de Evo Morales, se violó la CPE varias veces. Veamos las más importantes referidas al tema del ejercicio mismo del poder: el 21 de febrero de 2016, le permitieron y habilitaron al ahora exjefazo, ir a un Referéndum para ser candidato a la presidencia, Referéndum que perdió y, luego, en diciembre del 2017, lo habilitaron para ser candidato, pese a haber perdido. Hasta ahí, se obedecían órdenes políticas; ahora han saltado a otra fase del experimento político de ONGés y asesores españoles al servicio del proyecto del Socialismo del siglo XXI que estuvieron en Bolivia entre 2007 y 2009, es decir, consultores y redactores, entre ellos el grupo de PODEMOS de Pablo Iglesias, el expolítico español, que fracasó en sus intenciones comunistizantes en su país y, con el apoyo de Cuba y Hugo Chávez y se convierten en una especie de socios del poder mismo.

Esto, que se sepa, no es una tentación o puesta en práctica solo del sistema socialista sigloveintiunero, sino que se da en democracias liberales también, como Israel, Canadá, la República de Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se intenta ejercer una “restricción severa de la soberanía parlamentaria a través de la interpretación constitucional” (ver Hacia la Juristocracia -Towards Juristocracy, Harvard University Press, 2004 del investigador Ran Hirschl, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto (citado por Alejandro Laría R. en su texto Democracia versus Juristocracia). Como sea, más allá de las excepciones anotadas y seguramente algunas más, en las democracias liberales plenas y, con separación de poderes, no se admite que las funciones de otros poderes sean “reunidas en un mismo órgano” (ver constituciones anteriores de Bolivia) y, peor aún que limiten a sus “primus interpares” (el primero entre sus iguales) más allá de la CPE, impidiéndoles ejercer sus prerrogativas, en este caso, nos referimos, en concreto al Poder u Órgano Legislativo boliviano.

Conclusión: el Poder Judicial reúne los poderes Legislativo y Electoral en él mismo; esto es, en un solo órgano, acción reñida con el ejercicio de la democracia libre.

Esto debía mantenerse en secreto o “dormido”, para cuando se lo necesite y así se lo hizo; era un arma que se debía usar si acaso se tenía que gobernar en minoría, como pasa ahora, porque debe quedar claro que el Parlamento o más bien la Asamblea es, hoy, opositora, aunque no atina a hacer nada, porque su contrapeso es “legal y legítimo” por “el sacrificio de los integrantes que debieron auto-prorrogarse, para ser responsables para con el país y su democracia (entiéndase el sarcasmo).

Esto pasa, con mayor frecuencia en países de democracias iliberales que aún se mantienen en varios países autoritarios, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia y, pasó en parte del poder u Órgano Judicial argentino; pasa ahí donde la división de poderes no existe; así de claro.

Arce Catacora se entusiasmó, en “su” Congreso a medida, ahí se refirió a: “este Congreso refundacional” (del MAS) que no niega “el pasado y los logros”, plantea caminar “hacia adelante en la construcción del poder popular, del pueblo en el poder”; esa es una clara referencia y equivale a la profundización de la idea nada democrática de la instauración del Socialismo del siglo XXI, donde, amparados en la juristocracia (poder de los jueces, en el caso boliviano, apoyado en ellos) cuando éste va de retro en varios países, pero acá no parece encontrar freno, por la falta de alternativa al frente.

Tengámoslo claro: la juristocracia es una amenaza a la democracia que conocemos, es decir al sistema de separación y equilibrios de poderes; tengámoslo claro; en un gobierno de “poder popular”(se viene la Asamblea Popular de Torrez o Allende?) ni la democracia ni sus principios constituyentes están seguros.

¿Ahí vamos?

Vía: Datápolis