Gobierno de Arce elude la realidad crítica de los bolivianos

Por: M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani

Periodista- Docente universitario

El economista Adelardo López de Ayala, mencionó lo siguiente: “Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente”. La idea descrita se relaciona al discurso presidencial emitido por el Jefe de Estado Luís Arce Catacora, en conmemoración del Bicentenario de Bolivia, el cual se realizó en la Casa de la Libertad.

En el lugar, Luís Arce mencionó que la falta de combustible, la presión sobre divisas, la especulación de precios de algunos productos es coyuntural. Además, su gestión deja como legado la industrialización como camino irreversible hacia la independencia económica del país. Un discurso que linda con la ilusión porque la realidad demuestra lo contrario por las siguientes razones.

Primero, el creer que la falta de gasolina o diésel, la escasez de dólares o el aumento del precio del aceite comestible en los mercados es coyuntural y que pasará en corto tiempo es un racionamiento no racional. El gobierno de Arce busca ocultar que el déficit fiscal generado por el elevado gasto corriente es la causa de la falta de dólares en la economía y se opone a combatirlo por un cálculo político-electoral.

El presidente Arce no se refirió al hecho de que la falta de dólares derivó en la inflación que hasta julio de este año alcanzó el 16,9%, lo que genera mayor pobreza porque cada vez se devalúan los ingresos de los bolivianos. El intento de inducir a los bolivianos a imaginar que la crisis económica es momentánea o “coyuntural” es querer vender gato por libre en un discurso sin sustento objetivo.

Segundo. ¿El gobierno de Luís Arce, realmente deja como un legado la industrialización o es un remedo de industrialización? Hasta el momento lo poco de industrialización que existe atraviesa por problemas estructurales, por ejemplo, la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo está destinado a padecer por la caída en la producción de gas natural o la inanición de la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas porque ya no se exporta el energético a la Argentina.

Más aún, existen empresas estatales que trabajan por debajo de su capacidad productiva y sin la suficiente provisión de materia prima como la planta azucarera de San Buenaventura, la planta de biodiesel de Senkata que demandó una inversión de $us 66 millones y que no opera hasta el momento o las factorías deficitarias como Quipus. Estos proyectos causaron la sangría de las arcas del Estado, el cual lo pagan los bolivianos con elevados precios de los productos de la canasta familiar.

Tercero. Arce repitió la propaganda que se difunde por los medios de comunicación, donde se muestra las supuestas bondades y maravillas de la industrialización como reflejo del ego de una gestión gubernamental, a pesar de que perdió la iniciativa, el control de la inflación y del tipo de cambio en la economía porque ahora el mercado negro define el precio del dólar.         

Cuarto. El presidente Arce Catacora, defendió en el fondo el modelo económico que aplica, el cual, en lugar de resolver los problemas los agravó. Hasta el momento, el gobierno no señala a cuánto ascendieron los niveles de pobreza o el subempleo en una economía informal que llega al 85% a causa de la crisis económica causadas por las fallidas políticas aplicadas.

El legado imaginario que deja la gestión de Luís Arce, se resume en una verdadera crisis estructural que afecta a miles de familias bolivianas, que deberá ser afrontada por el próximo gobierno con un nuevo modelo que sea productivo y de atracción de inversión privada nacional y externa.

En suma, la gestión de Luís Arce elude la realidad crítica del país por centrarse en una posición ideológica y no tomar en serio las capacidades de desarrollo productivo que tiene el país como la implementación de tecnología agropecuaria para el aumento de la producción alimentaria, la apertura a la inversión privada, el impulso al turismo, apertura de nuevos mercados externos, el pago de impuestos o regalías por parte de la minería aurífera y la restitución de la institucionalidad en los órganos del Estado.