
La Paz, 24 de febrero de 2026.— En conferencia de prensa, el diputado Edgar Zegarra Bernal cuestionó la inacción del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que hasta la fecha no ha ejecutado la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, procesado por los delitos de estupro y trata de personas. Recordó que en más de 100 se evidencia un pacto de protección entre el MAS y la actual administración.
Zegarra señaló que mientras el Ministerio de Gobierno anuncie que «esperará» a que Morales se presente voluntariamente, la justicia boliviana seguirá secuestrada por intereses políticos. «Si el Ministro de Gobierno va a esperar que se presente Evo Morales, que se espere echado para no cansarse, porque no va a acudir a este juicio», manifestó.
Exigió a la administración de Paz Pereira que proceda con la aprehensión y el inicio del juicio oral, tal como lo establece la resolución fiscal. También vinculó esta parálisis judicial con la crisis que atraviesa el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que actualmente sesiona de manera irregular.
Advirtió que pretender hacer funcionar el TCP con cuatro magistrados, como se plantea en un proyecto de ley recientemente aprobado en comisión, «rompe todo sistema democrático y debilita más de lo que está debilitada la justicia, perdiendo totalmente la credibilidad». Según Zegarra, estos «parches» legislativos no solucionan el problema de fondo, que es la ausencia de una justicia independiente.
El legislador propuso como única salida estructural la elección total de nuevos magistrados mediante voto popular, para renovar por completo un Órgano Judicial que considera capturado por cuotas políticas y partidarias. «Eso es lo que hay que hacer. Hay que elegir totalmente a todos los magistrados para que de una vez este sistema judicial cambie», afirmó, insistiendo en que la ciudadanía no tolera más que se utilice la justicia en beneficio de grupos de poder.
Finalmente, Zegarra lamentó que la orden de aprehensión contra Evo Morales se haya convertido en un papel sin valor ante la falta de voluntad política del Ejecutivo para ejecutarla. «La Fiscalía ya ha emitido un informe y hoy ya empieza el juicio oral; pero sabemos que este señor no va a tener la voluntad de asistir, y lo que corresponde es hacer cumplir la ley en este país», concluyó.

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