Fiscalía no descarta citar a más ex funcionarios de Estado dentro del caso “Coimas” de Empresa brasileña para la construcción de carreteras 

Prensa FGE, La Paz (13.03.2024). El Ministerio Público informó hoy que no descarta citar a más exfuncionarios que ejercían cargos públicos en instituciones del Estado, desde la gestión 2004 al 2007 y otras personas, por los presuntos pagos de coimas de constructoras brasileñas a exfuncionarios bolivianos para adjudicarse obras de construcción, entre ellas la Carretera Robore – El Carmen y El Carmen – Arroyo Concepción, el proceso investigativo se lleva adelante por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

“La Comisión de Fiscales en uso de sus atribuciones y competencias vio pertinente citar a exfuncionarios que ejercieron cargos públicos durante los hechos que se investigan como se lo hizo ayer al señor Carlos A., que vino en calidad de testigo, toda vez que él fue Ministro y Viceministro, en esas gestiones, para que pueda brindar información. Esta citación se realizó en el marco de las investigaciones que se realizan de manera objetiva y no debe ser mal interpretada ni usada con fines políticos”, dijo el Fiscal José Rodríguez, miembro de la Comisión de Fiscales del caso.

Aclaró que el proceso investigativo se inició de acuerdo a una investigación legislativa que fue remitida al Ministerio Público donde se evidencia que, mediante D.S. 27693, se habría ordenado al extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), la licitación de obras de construcción de la carretera pavimentada del tramo Roboré – Puerto Suárez, mismo que habría sido modificado ampliando tramos, cambiando y suprimiendo ítems llegando a consolidarse la construcción de tramos que alcanzan a una extensión de 139,2 kilómetros con una inversión de 97.156.407 dólares, financiado por el Banco do Brasil y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con contraparte del Estado Boliviano.

La empresa Camargo Correa y Odebrecht con sus asociadas bolivianas ARG Ltda., e IASA, lograron una presunta participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado boliviano desde el 2004 al 2007 mediante acuerdos, presuntamente irregulares, con autoridades y servidores públicos, como también personas privadas y naturales.