
La Paz, 13 de agosto de 2026 – El exsenador Misdrael Mamani Arenas, lanzó este jueves duras críticas contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en el marco de la polémica por la compra de una vagoneta Audi del año valorada en 60.000 dólares, más de 670 mil bolivianos.
Mamani cuestionó las inconsistencias en el patrimonio declarado por la autoridad ante la Contraloría: en noviembre de 2025, Espinoza declaró activos por apenas 392 bolivianos y en junio de 2026, 9.367 bolivianos. “¿Cómo explica comprar un auto ‘cero km’ si en noviembre de 2025 declaró un patrimonio de Bs. 392 y en junio de 2026 Bs. 9.367?”, se preguntó el exlegislador.
Mamani también puso el foco en la incoherencia entre el discurso de austeridad del Gobierno y la adquisición del vehículo de lujo. Recordó que el presidente Rodrigo Paz anunció una reducción salarial del 50% para él y su gabinete, lo que dejó el sueldo de Espinoza en aproximadamente 11.000 bolivianos mensuales.

“¿Cómo puede una persona con un salario de Bs. 11.000 en seis meses comprar un vehículo valuado en $us 60.000?”, cuestionó Mamani, quien también exigió explicaciones sobre el uso de información falsa en el documento notarial, donde se consignó un monto de venta de solo 50.000 bolivianos.
Mamani señaló la hipocresía del ministro, quien cuestiona constantemente el supuesto derroche de gestiones pasadas mientras pide al pueblo ajustar sus bolsillos. “¿Dónde está la UIF? ¿La Contraloría General del Estado? ¿Qué dirá el Fiscal General del Estado? El pueblo no quiere más mentiras para encubrir a delincuentes”, sentenció el exsenador, en un llamado a que las autoridades investiguen lo que calificó como un claro caso de evasión de impuestos y falsedad ideológica.
Las declaraciones se suman a la denuncia penal que el vicepresidente Edmand Lara presentó este miércoles contra Espinoza por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El ministro, por su parte, aseguró que el verdadero precio del vehículo fue de 350.000 bolivianos y atribuyó la diferencia a un “error del tramitador”, aunque no ha presentado documentos que respalden el origen de los recursos ni la operación crediticia que mencionó. La Contraloría y el Ministerio Público deberán ahora determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal.

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