El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, frenar el narcotráfico exige actuar rápido

Por: Walthy Egüez – Exdiputado, lider politico de Santa Cruz 

El narcotráfico en Bolivia ya dejó cepas. No podemos hacernos los desentendidos. Esta mafia ha metido al país en una compleja trama político-social que durante décadas ha condicionado decisiones de Estado, justicia y seguridad. 

A diferencia de otras regiones, la casta de narcotraficantes bolivianos aún no ha logrado consolidar descendencias criminales con apellidos y territorios heredados, como sí ocurre en México o Colombia. “México Chico” parece ser uno de esos objetivos en construcción. Esa es una de las aristas que, junto a Chapare, debemos controlar para evitar su proliferación, todavía estamos a tiempo de frenar una mayor expansión antes de que las cepas se conviertan en colonias.

La presencia del narcotráfico en las esferas del poder se ha mostrado con cinismo. El caso que mejor reveló sus alcances perniciosos fue el “Caso Huanchaca”, en 1986. El descubrimiento accidental de la más grande factoría de cocaína en el noreste del país expuso el mecanismo prebendal y artero del crimen organizado, y complicó a sucesivos gobiernos nacionales y a otros países.

Un fragmento de ese dramático episodio marca hasta hoy la demora en el rescate del científico boliviano Noel Kempff Mercado. Fueron 72 horas de tardanza. A pesar de que en Bolivia ya operaban los helicópteros UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea de EE.UU. y un contingente de la DEA bajo la Operación «Blast Furnace» el rescate se postergó. Las razones oficiales fueron burocráticas, decían que debían ser piloteados por efectivos estadounidenses y llevar a bordo a un oficial de la Policía Boliviana UMOPAR (Unidad de Patrullaje Rural) para validar jurídicamente el operativo. Esas demoras en la coordinación decidieron el destino de tres víctimas. 

Tomo ese trágico episodio para poner en la memoria de las autoridades actuales que las demoras en defensa de la vida, del Estado y de los postulados que nos recordó el presidente Rodrigo Paz en su discurso del 6 de agostoestán cobrando vidas. Aún pagamos las consecuencias de esas 72 horas. 

No podemos repetir el error. Hoy la tensión es otra, pero el fondo es el mismo. Los asesinatos en Santa Cruz, particularmente en la franja fronteriza con Brasil, ya no son hechos aislados. El Gobierno ha reportado la disputa entre las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. 

No es un asunto de rutina policial, tiene que ver con el Estado mismo, con la soberanía y con la vida de las comunidades.

Frente a esta realidad, la presencia de Bolivia en la Coalición de las Américas contra los narco-carteles es un paso muy importante. El 17 de junio se conoció que el país accedía a una ayuda de cooperación técnica de Estados Unidos sin vulnerar la soberanía, 20 millones de dólares para “perseguir, derrotar y destruir” a carteles del narcotráfico y dotarlos de armamento adecuado. Ante la progresividad de la violencia, el gobierno debe activar estas iniciativas que cuentan con apoyo internacional.

Es un imperativo que las fuerzas especializadas empiecen a operar con presencia física y técnica en Bolivia. Debemos activar todos los acuerdos y mecanismos de ayuda para frenar el avance de las cepas del narco en Santa Cruz y en todo el país.

El 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz también informóque en los primeros nueve meses de su gestión expulsaron a 17, presuntos, líderes de organizaciones criminales internacionales, destruyeron 190 narcopistas, decomisaron 58 avionetas, secuestraron 573 vehículos vinculados al crimen organizado, incautaron 300 toneladas de droga y confiscaron 369 inmuebles. Estos números muestran la magnitud del lío en el que estamos metidos y nos obligan a actuar sin demoras. 

Debemos impedir que las organizaciones mafiosas enrolen a las nuevas generaciones de jóvenes bolivianos, ya están en serio riesgo.

No debemos permitir que se normalicen hechos como la internación de las 32 maletas involucradas con droga líquida y dinero de dudosa procedencia. No debemos aceptar concesiones judiciales a quienes deben aclarar este tema.

No podemos acostumbrarnos a los asesinatos en vía pública por ajuste de cuentas, no llegar al fondo de las investigaciones y no sancionar a los responsables sería un antecedente funesto para un gobierno que nos devolvió la esperanza de que somos capaces de construir un mejor país.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Frenar el narcotráfico exige decisión, velocidad y cero tolerancia. Porque cuando el Estado duda 72 horas la gente muere.