
Gustavo Blacutt Alcalá es abogado.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, ha presentado un recurso de queja por incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de la Declaración Constitucional 0049/2023, que de manera inconstitucional decidió la prórroga del mandato de los magistrados de justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia solicita que antes de tratar la ley para convocar a elecciones judiciales, acaten la prórroga (inconstitucional) de los magistrados de justicia, asimismo ha solicitado una medida cautelar para paralizar el tratamiento de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Atendiendo a dicho requerimiento el Tribunal Constitucional acaba de emitir una medida cautelar que ordena a los legisladores paralizar el tratamiento de la referida ley de convocatoria, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la queja de incumplimiento. Por todo lo mencionado, de manera inequívoca estamos frente a una dictadura judicial, porque tanto el Tribunal Constitucional, actúa vulnerando la Constitución Política del Estado, haciendo un uso abusivo y arbitrario de sus facultades y atribuciones.
La medida cautelar emitida el día de ayer, es un nuevo golpe inconstitucional al ejercicio de las funciones de la Asamblea Legislativa, que bajo ninguna circunstancia debe ser acatada, ni por la asamblea legislativa ni por ninguno de los otros poderes del Estado, porque es una medida inconstitucional, inoportuna y provocadora.
Algunos diputados del ala arcista del gobierno, como el diputado Delfor Burgos ya se han pronunciado señalando “que esta es una decisión correcta para evitar el vacío de poder en los tribunales, además de que las resoluciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio”.
La declaración del diputado Burgos no hace más que revelar que detrás de las medidas mencionadas esta la mano del Gobierno que quiere resolver los problemas políticos internos de su partido con medidas judiciales afectando a la institucionalidad democrática y constitucional de nuestro país.
Muchos sostienen que las decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y seguramente todos estamos de acuerdo que así debe ser; sin embargo, para que sean de cumplimiento obligatorio sus pronunciamientos deben enmarcarse dentro de las facultades y atribuciones que establece la Constitución Política del Estado.
Recordemos que en la Declaración Constitucional 0049/2023 los magistrados debían haber declarado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de convocatoria a elecciones judiciales; sin embargo, de manera inconstitucional, arbitraria y nula de pleno derecho decidieron la prórroga del mandato de los magistrados de justicia usurpando funciones del Poder Legislativo que es la única instancia que podía decidir la prórroga o el nombramiento de nuevos magistrados.
El gobierno de Luis Arce esta jugando con fuego, por un lado, permite los bloqueos de carreteras, del bloqueador de siempre Evo Morales, perjudicando a transportistas, comerciantes, industriales y miles de bolivianos que sufren la vulneración de sus derechos y las trágicas consecuencias económicas, por el otro lado, en lugar de solucionar el problema de las elecciones judiciales, parece que hace todos los esfuerzos por bloquear la convocatoria a las elecciones judiciales.
El gobierno de Arce, parece que tiene una doble moral, porque por un lado llama a una mesa de diálogo y consenso a través del vicepresidente David Choquehuanca para resolver la convocatoria a elecciones y por el otro lado utiliza al Tribunal Supremo de justicia, que no tiene vela en este entierro, para solicitar una medida cautelar que intenta paralizar el tratamiento de la dicha convocatoria; haciendo exactamente lo que hizo el año pasado cuando paralizo el tratamiento de dicha convocatoria durante meses, al parecer calculando tiempos para que la asamblea no cumpla con los plazos que requería esta convocatoria.
Ante estas circunstancias la Asamblea Legislativa, debe tomar el toro por las astas y en primer lugar no debe acatar resoluciones que provenga de los magistrados usurpadores, porque sus actos están viciados de pleno derecho y luego inmediatamente deben nombrar de manera extraordinaria y transitoria a nuevos magistrados para evitar cualquier vacío de poder en el Órgano Judicial y sancionar la ley de convocatoria a elecciones judiciales y si el Poder Ejecutivo veta la ley, promulgarla como corresponde a dicha instancia legislativa.
El gobierno de Luis Arce y el eterno bloqueador Evo Morales deben saber que el pueblo boliviano está cansado de los bloqueos en las calles y carreteras, cansado del bloqueo de las instituciones, cansado de autoridades que no representan sus intereses, cansados del proceso de cambio, que lo único que ha traído son autoridades corruptas, autoridades disfrazadas de indígenas, racistas, autoridades arbitrarias, arrogantes e ignorantes.
Vía: Datápolis

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