
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
Bolivia vive un periodo en el que está a prueba la existencia misma de la democracia. Es un proceso sostenido de degradación institucional por visiones políticas irreconciliables, incluidas en un texto constitucional que no arribó a consensos necesarios en su elaboración.
El referéndum aprobatorio de dicho texto, aplacó temporalmente las pasiones desatadas en el momento constituyente, que en el tiempo se han reinstalado.
Hoy no existe una sola institución estable y creíble, todas han sido penetradas por manejos arbitrarios y corruptos, que en lugar de resolver los grandes y pequeños problemas se han constituido en factores de generación de los mismos.
Las tensiones cotidianas ponen al país en atrincheramientos violentos de sectores sociales, con una retórica adjetiva carente de profundidad que es acompañada con un manejo abusivo del poder político, que demerita a los otros órganos que se someten sin pudor alguno.
En cuanto a los órganos de poder, el texto constitucional vigente determina en su artículo 12 que “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.” Vale decir que existe un reconocimiento expreso de la separación de poderes, como uno de los pilares del estado de derecho reconocido en el artículo primero del mismo cuerpo de leyes.
Esta separación fundada en balances, controles y contrapesos se expresa en el mismo artículo “La organización del estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.”
Principios y valores que son inexcusables de cumplimiento en un Estado de derecho.
De este modo, la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, no fue un producto aprobado por la Asamblea Constitucional Plenipotenciaria y Original sino por el Congreso de la República, vale decir por el poder constituido, por lo que ambas instancias no arribaron a un nuevo pacto social que se traduzca en la norma constitucional.
En consecuencia, el reconocimiento de la nueva institucionalidad democrática se vio sujeta a tensiones irresueltas que impactaron luego en su aplicación.
¿El Estado plurinacional ha resuelto las contradicciones previas a su vigencia o por el contrario ha profundizado las diferencias en la sociedad boliviana?
¿La promulgación del nuevo texto constitucional ha resuelto la contradicción de ese momento entre la idea de lo plurinacional y las autonomías?
¿Al no haberse producido un nuevo pacto social, la contradicción principal del periodo es democracia vs autoritarismo?
¿En la articulación del régimen autoritario el órgano judicial es ajeno a las decisiones del órgano ejecutivo?
¿El Órgano judicial es parte del manejo arbitrario del poder político en Bolivia?
La nueva Constitución fue presentada como un producto de vanguardia pese al camino recorrido en su aprobación, de una asamblea constituyente originaria y plenipotenciaria a una derivada.
Su aprobación mediante referéndum cerró el debate y evitó ingresar en mayores consideraciones sobre los sucesos previos, disimulando de esta manera un casi aborto del producto final que se dio en medio de duras confrontaciones en las calles, poniendo en evidencia la inexistencia de acuerdos mínimos y ratificando la existencia de visiones país diferentes.
La voluntad popular, fue reemplazada por la negociación de pasillo entre las élites políticas vigentes en ese momento, que terminaron pariendo un Frankenstein, producto de su fugaz amorío a espaldas del pueblo.
Las visiones que se plasmaron en su texto, en proporciones diferentes, en una suerte de empate político, solo y únicamente, podrían dilucidarse en el tiempo dependiendo de a quien favorece la correlación de fuerzas.
La calle siguió y seguirá siendo el principal escenario de tales luchas, en las que se produce en condiciones de desigualdad una guerra de posiciones de los contendientes, que buscan copar mayores espacios en beneficio propio.
La colisión de varias categorías incorporadas en la nueva Constitución, no se dejó esperar.
La idea de lo plurinacional es incompatible con la idea de las autonomías, no en términos de su aplicación formal, sino en términos de la lucha política cotidiana. Son motivo del desencuentro, más allá de que las élites que la promovieron hayan abandonado la lucha, que, sin embargo, permanece presente en las aspiraciones de importantes sectores de la sociedad civil.
Suponer que la CPE resolvió las contradicciones prexistentes es un error. Su artículo 1°, por el contrario, las resalta con la incorporación, de cerca de una docena de atributos estatales, que en la realidad son arrinconados por el de plurinacional al que le dan todo el reconocimiento, al grado de que los otros son casi inexistentes.
El texto constitucional no declara al estado boliviano plurinacional, esta designación ha sido impuesta por el Decreto Supremo N° 48 de 18 de marzo de 2009, que en su Artículo único, determina “En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.”
Los artículos constitucionales 2, 3, 4 y 5 son medulares, consolidan la idea de lo plurinacional comunitario, asumiendo valores y principios éticos morales ancestrales.
Lo plurinacional comunitario, debería conectarse y complementarse con el Estado unitario social de derecho, sin embargo, afloran como categorías dicotómicas en la lucha política cotidiana.
Lo plurinacional comunitario está vinculado al reconocimiento y a la práctica de valores y principios ancestrales que le otorgan a la norma un carácter ético moral por encima de la existencia del estado mismo, con lo que se margina a varios sectores importantes de la sociedad que no se identifican con ellos.
En tanto, el estado social de derecho es una forma de organización política que pretende asegurar el respeto y la garantía de los derechos humanos que son el fundamento y la razón del estado, empero su aplicación, está subordinada.
En la realidad social estas dos categorías colisionan, la primera al pretender imponerse por la vía de la fuerza al resto de la sociedad civil; mientras la segunda, requiere del Estado como un mecanismo de protección de los derechos y garantías de todos y no solo de una ´parte de la sociedad, vale decir sustenta el principio de la homogeneidad que es incumplido.
La visión pluri, requiere de un control monopólico del poder político y de las instituciones cuyo fin es el establecimiento de un régimen autoritario a nombre del “pueblo” en contra del “anti pueblo o anti patria”.
El sometimiento de las instituciones con invocaciones de valores y principios ancestrales ha ocasionado la sobreposición y sometimiento del resto de la sociedad civil, pulverizando el principio de igualdad de los bolivianos ante la ley. La inclinación de la balanza a favor de lo pluri, es permanente.
La victoria electoral del MAS con el 54 % en las últimas elecciones generales, le da al gobierno no solo legalidad sino legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. Las denuncias de fraude electoral han quedado en el olvido. Ello es más que suficiente para un manejo monopólico del poder.
La votación obtenida por los parlamentarios oficialistas, fue algo menor a la de Arce Catacora, les otorga una cómoda mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, que es reforzada con la supresión reglamentaria de los dos tercios en el voto.
La oposición débil e inorgánica sin proyecto político alguno, consolida la tarea hegemónica del MAS, con un trayecto allanado y sin resistencia alguna.
El sistema judicial es copado con una ingeniería articulada desde la propia Constitución con la fórmula de selección y elección de las altas autoridades del Órgano Judicial a través del voto popular, que les permite un nexo sólido entre la autoridad judicial y los movimientos sociales, con el argumento que las mismas fueron elegidas por la “voluntad del pueblo” léase su pueblo, representada por los movimientos sociales, lo que perfora en su génesis, el principio de independencia de los órganos.
Así la construcción de una nueva institucionalidad es improbable, debido a que las bases constitucionales son endebles.
Su consigna “proceso de cambio” ha sido reemplazada por una mirada nostálgica del pasado que no les permite avanzar más, su horizonte ha sido revertido ofreciendo lo que ya pasó y cansó.
En la coyuntura personalidades, políticos y hasta el propio gobierno, han centrado su atención en analizar el comportamiento del sistema judicial y tratar de encontrar una salida a su evidente crisis. Sin embargo ¿La crisis del sistema judicial es un hecho aislado o es parte de la crisis del estado plurinacional?
Por todos los datos que arroja la realidad, la crisis del sistema judicial en todos sus niveles, es efecto de la crisis del estado plurinacional que al ser de fondo es orgánica y no meramente funcional.
Gramsci sostiene en sus Cuadernos de la Cárcel, que la crisis orgánica se da “…ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política… o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas (como la guerra) o porque vastas masas (especialmente de campesinos y pequeñoburgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de “crisis de autoridad” y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto.”
Este abordaje es ilustrativo de lo que está sucediendo en Bolivia. En consecuencia, pretender resolver los problemas del sistema judicial sin resolver el problema mayor, es una pretensión sin destino. La solución debe ser política.
El derrumbe del Estado nacional en octubre del 2003 instala la idea de Estado plurinacional que se constitucionaliza con otros atributos del estado, el 2009 con su promulgación, en ella, la premisa fundamental es la diferencia de nacionalidades, que, a la fecha, no ha logrado construir una institucionalidad a su medida porque en el nuevo estado conviven formas pasadas y actuales que no terminan ni de morir ni de germinar.
La diferencia, adquiere centralidad en el comportamiento estatal y en el de los titulares del poder político, en los que la confrontación es una manera de ser, que imposibilita consensos sobre la base de diálogos democráticos y la convivencia de los diferentes.
La democracia, entonces, se encuentra en contradicción permanente con formas autoritarias articuladas y fomentadas desde el gobierno. La diada amigo-enemigo es una convicción, cuya consecuencia es la convocatoria a la confrontación política violenta e intolerante.
En el periodo se ha instalado, la contradicción principal: democracia vs autoritarismo.
El reemplazo del partido político por el movimiento social; la casi inexistente oposición que no posibilita contrapesos y balances necesarios en democracia; la perversa práctica del terrorismo de estado que siembra miedo en todo aquel que piense diferente; la vulneración de derechos y garantías; el copamiento abusivo de las instituciones; las prácticas corporativas violencias, contrarias al establecimiento del estado de derecho etc.; configuran un panorama antidemocrático, paradójicamente, bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado pero contrario al establecimiento del estado de derecho.
El Estado de derecho explica Raymundo Gil Rendón “…ha sido objeto de estudio a través de dos enfoques: como aspiración política y como pretensión de seguridad jurídica; ambas bajo tintes de una visión ideológica cuya finalidad es la de legitimar y justificar la existencia del estado en términos jurídicos.”
En la realidad boliviana el estado de derecho es una aspiración no cumplida al igual que una pretensión que no otorga seguridad jurídica, pese a la norma escrita.
La adscripción ideológica a visiones occidentales, es forzada e insincera, pues no comparten las mismas ni en el fondo ni en la forma. En su afán de ser diferentes, intentan fundar un nuevo constitucionalismo que le otorgue un andamiaje jurídico al socialismo del siglo XXI.
Recurren, para ello, a aproximaciones con el modelo jurídico político del neoconstitucionalismo, que tiene la intención de articular la democracia con el constitucionalismo, para evitar su vulneración.
Su tesis central radica en que se debe romper con la rigidez de las normas positivas las que no solo deben ser aplicadas en pureza, sino como explica Bobbio, evitando eliminar inadecuadamente elementos considerados extraños, por ejemplo, aquellos de orden sociológico, histórico, psicológico o políticos. Esta ruptura se puede lograr, en la medida que las decisiones jurídicas deriven de una norma moral, y que el contenido moral de la norma sea parte de la validez jurídica.
De ahí, que la incorporación de valores ético morales en el texto constitucional propiciaba un sentimiento de alivio y esperanza, sin embargo, en lugar de vincular la constitución con la democracia, de produce un efecto inverso, se desvincula la constitución de la democracia, debido a la visión de país del MAS y a las contradicciones internas irresueltas.
Los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad y justicia social, son enunciados incumplidos, confrontados o vulnerados regularmente.
Las pretensiones teóricas jusnaturalistas y aquellas fundadas en el neoconstitucionalismo en el Preámbulo de la CPE, son un torpe intento de fusionarlas con una cosmovisión ancestral.
El primer párrafo indica “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.”
Este poético relato de la conformación de una sociedad antes de la creación misma del estado tiene su razón de ser, reconocer derechos naturales anteriores a la conformación estatal y la ancestral diferencia étnica desde nuestros orígenes.
El Artículo 8 es una mezcla de la cosmovisión ancestral con la visión occidental, disponiendo que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.”
Insisten en la composición plural del pueblo boliviano, con el señalamiento de actores y de momentos históricos importantes, dejando de lado a otros, con lo que la pluralidad no es el reconocimiento de los diferentes para que convivían respetuosamente y en tolerancia, sino, es la sobreposición de unos respecto a los otros.
La declaración de que el estado promueve el respeto e igualdad, es retórica, porque en la realidad el valor plurinacional consolida la idea de diferencia predominantemente étnica, que da lugar a una forma de sociedad excluyente peligrosamente aproximada a prácticas racistas.
Su posición antidialéctica se explicita con mayor rigor en el párrafo en el que deciden dejar en el pasado al Estado colonial, republicano y neoliberal para reemplazarlo con el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Suponen maniqueamente que la historia empieza con ellos y que todos los acontecimientos sucedidos en la colonia y en la república deben ser repudiados, es lo malo que hay extirpar de la memoria de los bolivianos.
En su horizonte avizoran una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida, dicen, con el desarrollo integral y la libre determinación. Horizonte que es inviabilizado por el propio poder político en la aplicación del texto constitucional en la realidad social.
La estructuración constitucional tiene una categoría universal clave: la acepción amplia y genérica de pueblo en el que reside la soberanía directa y delegada. Esta acepción encuentra como depositarios del ejercicio de la soberanía a los movimientos sociales por encima de los órganos de poder.
La diferencia centrada en lo pluri, se afirma en la categoría “pueblo” que se enfrenta irreconciliablemente al “anti patria”. La intolerancia de los movimientos sociales frente al contrincante político, está lejos del consenso y diálogo democráticos, como debería hacérselo en las asambleas legislativas, en ellas se produce más bien un atrincheramiento corporativo que excluye a grandes sectores de la sociedad.
Entonces sus efectos no pueden ser otros que la confrontación unilateral violenta, que hiere de muerte a la democracia mientras el autoritarismo electoralizado se expande.
En este contexto, envilecen una de las instituciones más importantes de la democracia: el voto, para legalizar su presencia y mantenerse en el poder político con un manto de forzada “legalidad”.
El voto se lo practica, pero no se lo respeta, es su máxima. La decisión en las urnas se la manipula con complicidades delincuenciales, recurriendo a la justicia constitucional, al Órgano Judicial, al Órgano Electoral o al Ministerio Público, que ya no cumplen funciones jurisdiccionales y legales sino políticas.
El voto corrompido cobra centralidad en su accionar autoritario, el periodo previo al sufragio es perverso, la voluntad del ciudadano es constreñida con actos de represión, persecución, encarcelamientos ilegales a opositores y la vulneración de derechos y garantías; así se llega al momento mismo del voto que se produce el día en el que los ciudadanos asisten a las urnas esperanzados en que su voluntad será respetada; el después, en lugar de ser el momento de la certidumbre, de la consolidación de todo el proceso electoral sometido a la norma, es el momento del despliegue de la brutalidad autoritaria.
Este autoritarismo electoralizado es un resultado ajeno y lejano a la voluntad popular, esta contrapuesto a los valores y principios democráticos, en el antes, el durante y el después del voto cuentan con la complicidad del sistema judicial.
Los conflictos políticos que deberían ser resueltos en instancias políticas democráticas han sido abandonados y la resolución de los mismos queda en manos de jueces prevaricadores y fiscales represores, que no tienen ni jurisdicción ni competencia para resolver asuntos políticos.
Este es el momento en el que irrumpen en escena el tribunal constitucional, el Órgano Judicial o el ministerio público, bajo la suposición de que sus decisiones le dan un tufo de “legalidad” a las medidas arbitrarias del ejecutivo.
El buen funcionamiento de un sistema judicial se produce cuando la política se somete a la legislación y a partir de ello la salud de la democracia se fortalece.
Un buen momento vivió Bolivia, con las reformas constitucionales de 1994 en las que se creó el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo más la declaratoria de la independencia funcional del Ministerio Público.
La implementación de la meritocracia en la selección y elección de jueces y fiscales formados en los institutos de la judicatura y del ministerio público, logró un avance significativo en independizar el sistema judicial.
Este proceso quedo trunco con la promulgación de la nueva constitución, que incorporó una forma novedosa a la vez que disparata de selección y elección de las máximas autoridades del sistema judicial y tribunal constitucional.
Su implementación destrozo la meritocracia, en tanto que la influencia política de los movimientos sociales pronunció la sujeción de estas autoridades al poder político.
La dependencia de los administradores de justicia del poder político es más evidente que nunca. Pero también, la sujeción del poder político a las decisiones del Órgano Judicial es cada vez más creciente. El uno sin el otro no puede existir aisladamente, han procreado un nexo avieso, hasta convertirse en los siameses del mal.
Magistrados, jueces y fiscales dejan de administrar justicia, de velar por la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, girando peligrosa e inconstitucionalmente a desempeñar funciones políticas partidarias antes que institucionales, consolidándose como el instrumento operativo de la iniquidad del régimen autoritario.
El justificativo de defender los valores y principios éticos morales de la sociedad indígena originaria campesina, es el argumento al que recurren para armar una tramoya persecutoria ilegal, en calidad de aliados.
La cínica frase del exvicepresidente García Linera que arengaba a los procesados opositores a que se defiendan como cualquier ciudadano ante jueces y fiscales para demostrar su inocencia, revirtió el principio constitucional de la presunción de inocencia en el de presunción de culpabilidad, que es practicado con entusiasmo indisimulado por estos personajes.
Progresivamente los fallos del Tribunal Constitucional alteraron la norma constitucional con el único propósito de satisfacer las ambiciones desmedidas de poder de Evo Morales y su organización política.
La colusión política del órgano ejecutivo con un sistema judicial complaciente, corrupto y cobarde logra la ejecución de acciones reñidas con el Estado de derecho, en él se ha convertido al “juez” en el brazo operativo del terrorismo de Estado, tarea en la que magistrados, jueces y fiscales son parte activa, conformando en los hechos un cogobierno abyecto e impune.
En suma, el Estado plurinacional está en crisis porque lo nuevo que ofrecieron no pudo nacer y lo viejo (en lo que se han convertido por propia decisión) no muere aún.
La contradicción principal se produce entre democracia vs autoritarismo, por lo que el poder político mientras busca consolidarse afecta a la democracia cotidianamente.
El estado plurinacional, es un estado en crisis orgánica, por lo que cualquier esfuerzo que considere cambios funcionales, será insuficiente en la medida que es la esencia misma del estado es lo que ha ingresado en una crisis terminal.
Al no respetarse la aplicación del principio de independencia entre órganos, el Ejecutivo somete a los otros, cuya existencia el día de hoy es puramente formal, sometiendo sus decisiones a las pretensiones del autoritario y no al cumplimiento de la constitución y las leyes.
Haberse incorporado la selección y elección por el voto popular en la designación de las más altas autoridades del órgano judicial ha herido de muerte a los principios constitucionales de independencia y separación de poderes, que en la actualidad es inexistente.
Las categorías constitucionales de lo plurinacional y estado social de derecho están en colisión, pues la primera tiene como fundamento la diferencia entre naciones que ha sido el factor de la confrontación violenta entre sectores de la sociedad, en tanto la segunda y por el contrario teóricamente promueve la confluencia de todos los sectores sobre la base de reglas de juego comunes que unan y permitan una convivencia pacífica.
La idea de lo plurinacional es incompatible con la idea de las autonomías, no en términos de su aplicación formal, sino en términos de la lucha política cotidiana, son motivo del desencuentro.
El sometimiento del Órgano Judicial a los designios del Órgano Ejecutivo, han convertido al primero en un brazo operativo de la ejecución y prácticas ilegales e inconstitucionales.
Esta relación impune de órganos, en la medida que se profundice hará que el Órgano Ejecutivo sea más dependiente de las decisiones judiciales en la consolidación del autoritarismo.
Vía Datápolis

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