Sep 25, 2022 | 13:10
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Por: Félix Patzi Paco

Estos días se ha abierto un debate político si el censo nacional correspondía o no hacerlo en este año 2022, eso debido a que el último censo que se realizó en Bolivia fue en el año 2012. Por lo tanto, son los datos e indicadores que hasta el día de hoy se utilizan para generar cualquier tipo de políticas sociales por parte de los gobernantes. En ese sentido,
un censo es tan importante para todo tipo de planificación del Estado en su conjunto, y los beneficiarios de los resultados del censo, sin duda, es la ciudadanía en general

Por las características mencionadas, precisamente el censo no es una discusión política, sino simplemente genera datos e indicadores, ya que el censo simplemente es una lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con indicación de sus condiciones sociales, económicas, etc. Por eso que generalmente el censo se realiza cada diez años. Y este lapso de tiempo de tiempo no es arbitraria, sino que, es en ese tiempo la que se genera cambios en cuanto a la composición de la población, cambios socioeconómicos, movimientos espaciales de la población, etc.

Este de tipo de cambios son hechos objetivos, no dependen de la voluntad humana, ni obedece a los buenos deseos. Por eso que, los datos del censo están ahí, y cada quien usa dichos datos conforme a su interés propio o en función del interés general. Entonces, ¿por qué el censo se convierte un debate político o de ciertos intereses corporativos?
Simplemente por tres razones:

a) En Bolivia, la distribución de escaños parlamentarios por territorio se hace en función de la cantidad de la población. Entonces siempre existe el temor de las regiones que expulsan a su población como resultado de emigración, por un lado, y esperanza de las regiones que supuestamente han tenido un crecimiento poblacional, por el otro.

b) Por otra parte, los recursos económicos recaudados por impuestos se distribuyen en función de la población percápita, la que se conoce en Bolivia como “coparticipación tributaria”. Por lo que, hay municipios que expulsan y atraen a la población, eso hace que, a muchos, fundamentalmente a autoridades políticas les preocupa perder o ganar recursos económicos.

c) Evidentemente para las distribuciones de las representaciones políticas y económicas mencionadas, se requieren en Bolivia delimitaciones claramente definidas, a lo que el Instituto Nacional de Estadística lo denomina “cartografia”, que es una “unidad censal” para levantar datos del censo. Eso sin duda, en el país la mayor cantidad de los municipios tienen problema de límites territoriales. Eso hace que muchas autoridades entren en un escepticismo de que su población esté registrada en otro municipio.

Los tres elementos mencionados, son problemas estructurales, no solucionables a corto ni a mediano plazo, porque en primera instancia el tema de emigración es fundamentalmente por falta de oportunidades económicas, de trabajo, de ascenso social, etc., en la región donde uno vive, y se va a otro lugar donde uno encuentra opciones y expectativas de dichas oportunidades. En el censo, por ejemplo, son esas realidades que se reflejan, y cualquier persona, autoridad y el conjunto del Estado deben asumir y aceptar esa realidad, y que el sistema político y la distribución económica también debe corresponder a dichos indicadores socioeconómicos. Entonces, al respecto, no hay necesidad de estar convocando, ni trasladando personas utilizando cualquier tipo de coerción de un departamento a otro, ni de un municipio a otro similar; con esa actitud, solo estaríamos alterando la realidad, que en vez de mejorar la calidad de la persona, más bien estaríamos empeorando, debido a que los recursos que se destinan si estaría prácticamente desviándose hacia un sujeto que en no existe, ya que prácticamente, esa persona que se hizo registrar en el momento del censo, por decir así, en su lugar de nacimiento ya no vive.

Por otro lado, el tema de límite territorial entre departamentos y fundamentalmente en los municipios en Bolivia, no es de reciente data, sino son problemas que se arrastra desde décadas atrás, y se profundizó aún más a partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular en el año de 1994. Por lo que, tampoco este problema es de solución inmediata, eso depende, desde el consenso entre la población en conflicto, coordinación entre todos los niveles de autoridades políticas, hasta llegar al tribunal de justicia. Entonces, argüir que el censo se realice una vez solucionado los problemas de limítrofe simplemente es una idea descabellada por parte de las autoridades.

En conclusión, por las razones explicadas, la postergación del censo no es una medida acertada, el gobierno a la cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS) buscó su propio interés en no modificar el actual escenario político y
socioeconómicos en miras de ganar nuevamente en las elecciones generales de 2025, debido si es que se realiza el censo en el año 2024, tal como señala el Decreto Supremo, los resultados recién serán aplicados en el año 2030. En ese sentido, las autoridades subnacionales han sido ingenuos y miopes al no darse cuenta de la situación, ya que a estas instancias son las que interesa más, por ejemplo, para definir el pacto fiscal y el nuevo escenario político.

Félix Patzi Paco, Ph.D, es sociólogo, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés.


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