Defensor del Pueblo abre caso por violencia y acoso político a dos concejalas de Sipe Sipe y convoca a Ministerio Público iniciar proceso penal

La Paz, 12 de enero de 2023 (UCOM/DPB). El Ministerio Público debe iniciar un proceso penal de oficio por el caso de violencia y acoso político que sufrieron las concejalas Reina Jhovana Beltrán Huaranca y Eva Aida Rodríguez Carrasco, así lo afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.
La jornada pasada, las concejalas del partido político Súmate (Huaranca) y Comunidad Ciudadana (Rodríguez), bajo agresiones de dirigentes y comunarios de Viloma Cala Cala, Sauce Rancho y Parotani, fueron obligadas a firmar solicitudes de notas de “licencia por tiempo fijo” desde el 11 de enero de 2024 hasta el 3 de mayo de 2026, prácticamente hasta el final de su gestión.
“Lo que corresponde en este momento es instar, exhortar al Ministerio Público a que, de oficio, pueda abrir un proceso penal para la investigación y establecimiento de las responsabilidades de las personas agresoras a estas dos concejalas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, la mañana de este viernes.
Explicó que las concejalas sufrieron agresiones verbales y físicas, al punto de que la concejala Beltrán se descompensó, ante ello, efectivos policiales tuvieron que intervenir e ingresaron al Concejo, sacando en camilla a la legisladora edil.
En este contexto, el Defensor del Pueblo recordó que está vigente la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política, por lo tanto, las y los bolivianos “no podemos tolerar situaciones de violencia, acciones de hecho, destinadas a cercenar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.
Recordó que la Constitución Política del Estado estableció un régimen de participación política que respeta los derechos de las mujeres, entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo cual, el Estado, a través de todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las autoridades electas.
A fin de velar por el debido proceso y que el hecho no quede en la impunidad, Callisaya informó que, tras tener conocimiento del hecho, de forma inmediata sostuvo comunicación con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) y, de forma paralela, a través de su Delegación Defensorial de Cochabamba, se acompañó y brindó orientación a las concejalas Rodríguez y Beltrán, quienes decidieron iniciar acciones legales.
En conferencia de prensa junto al personal defensorial, la concejala Eva Rodríguez, indicó que ambas iniciaran acciones legales correspondientes de la mano de la Defensoría del Pueblo.
“Estamos agradecidas que nos hayan acogido aquí (en la Defensoría del Pueblo) y gracias por el apoyo que estamos recibiendo del Defensor del Pueblo (…) Nosotras como concejalas electas en nuestro municipio, vamos a realizar todo el procedimiento que correspondiente para hacer prevalecer nuestros derechos, no podemos permitir que por el hecho se de ser mujeres, nos maltraten de esta manera”, concluyó Rodríguez.