
Luego de emitirse una orden de aprehensión en contra del autonombrado dirigente vecinal, Jesús Vera, por el caso de la quema de buses Pumakatari en 2019, el exdiputado Amílcar Barral, cuestionó la forma de proceder de la justicia por permitir que esta persona brinde conferencias de prensa y circule libremente, señalando que esto comprueba una protección del Gobierno.
Barral lamentó que pese a la existencia de mandamiento de apremio en contra del autonombrado dirigente vecinal afín al MAS, Vera haya procedido a referir explicaciones y amenazar desde una rueda de prensa, ante la pasividad de autoridades judiciales y policiales que no cumplieron con ejecutar esta aprehensión.
“Definitivamente tiene protección del Gobierno, teniendo mandamiento de aprehensión, se dio el lujo de dar conferencias de prensa amenazando a todos, caminando tranquilo en las calles”, reprochó el exparlamentario.
Desde redes sociales, Barral también hizo mención al desmedido uso de fuerza y despliegue policial que se programó para la aprehensión de otros dirigentes cívicos y actores políticos opositores al régimen del Movimiento al Socialismo. “Se acuerdan cuantos policías llevaron a Potosí para capturar a Marco Pumari”, cuestionó.
El pasado viernes, una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Sentencia Penal 11, a cargo del juez Juan Alberto Flores Huanca, ordenó la aprehensión de Vera por el caso de la quema de los buses Pumakatari en 2019.
Tras conocerse esta información, Barral pidió que no se trate solo de un show que nuevamente intente librar de culpa a este dirigente que es uno de los principales acusados de haber perpetrado los destrozos y destrucción de bienes del Estado durante la crisis social y política tras las elecciones anuladas por fraude. “Espero que el Ministro de Gobierno lo presente, como lo hacen con otros delincuentes menos avezados”, refirió.
En la conferencia de prensa brindada por el autonombrado dirigente vecinal, sostuvo que su orden de aprehensión es una arbitrariedad, organizada por el juzgado y la representación legal del municipio paceño.
“Quiero denunciar a la opinión pública un acto de arbitrariedad que ha generado el Juzgado 11 en lo Penal. Lamentablemente, por unas maniobras en conjunto con el Gobierno Municipal de La Paz, en una audiencia del 2 de marzo, a horas 11:30, la secretaria del juzgado no me ha permitido entrar a la audiencia convocada”, indicó Vera.
Fuente: El Diario

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