
Maggy Talavera es periodista y comunicadora.
Ya no hay duda: en Bolivia,quienes delinquen, amenzan de muerte y toman con violencia tierras, sean fiscales o privadas, gozan de licencia para matar. Claro, antes deben cumplir un requisito principal: ser partidarios o afines al gobierno central y al partido oficialista. Así lo confirma el conflicto más reciente provocado por otra toma de tierras en Santa Cruz. Guarayos volvió a ser el blanco de una violencia que dejó como saldo un muerto.
Esta vez, dejando una evidencia irrebatible aportada nada menos que por el viceministro de Régimen Interior y Policía, y por el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, ambos dependientes del Ministerio de Gobierno. Jhonny Aguilera y Erick Holguín acudieron presurosamente al encuentro de los interculturales que, horas antes, condenaron “a muerte a los empresarios terratenientes asentados en Las Londras”.
Una amenaza que Holguín dijo desconocer, añadiendo una frase cuando menos infeliz: “no tenemos empresarios heridos”. La primera, una afirmación grave sea o no verdad lo dicho por el jefe policial. De ser cierto que ignoraba la amenaza pública, hecha de manera oficial por el dirigente de los interculturales de San Julián, Holguín debería dejar el cargo de inmediato, por negligente e incluso incumplimiento de deberes.
Que un jefe policial ignore una amenaza a muerte hecha a través de un pronunciamiento público, registrado en videos y divulgado por los medios de comunicación y en las redes sociales, es también una muestra fehaciente de incapacidad para ejercer el cargo. Pero no es creíble esa declaración, considerando lo dicho luego por el mismo Hoguín: que las declaraciones “de quienes han sido víctimas” apuntaban a los empresarios como los culpables de la violencia que dejó heridos y un muerto en el último conflicto.
Un tenor similar tuvo la declaración del viceministro Aguilera, que pareció más un apoyo a los interculturales que una preocupación para esclarecer los hechos. No otra cosa se deduce de una de varias justificaciones esgrimidas por Aguilera, entre otras la de afirmar, antes de iniciar las investigaciones, que la toma de tierras era “por parte de particulares o empresarios, siendo (que las tierras son) de propiedad de los bolivianos.
Por supuesto que las declaraciones de ambas autoridades son preocupantes, porque entrañan un grave peligro tan o más amenazadoras que la condena a muerte hecha por los interculturales contra los empresarios. Estamos hablando de autoridades a cargo de tareas de protección ciudadana y de lucha contra el crimen, que están actuando más bien en sentido contrario, alentado la impunidad de los violentos afines al gobierno.
Esta situación es más grave aun si se considera que tanto el viceministro como el jefe policial actúan bajo un mando del Ejecutivo, vinculado directamente al presidente del país. Y peor aun si se toman en cuenta los antecedentes de hechos similares sucedidos no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, Beni y La Paz, por citar los casos más conocidos. El caso Las Londras es el más emblemático del último tiempo.
Una licencia para matar, sí, dada por el gobierno central a través de sus subalternos y en beneficio de sus partidarios y afines. Esta vez, sin ningún rubor o cuidado para guardar las formas. La premura del viceministro y del jefe policial de Santa Cruz para ir hasta San Julián a “escuchar a las víctimas”, ignorando a los amenazados de muerte y a los medios de comunicación señalados como “vendidos” a “los terratientes”.
No debería extrañarnos, dirán muchos, considerando lo visto ya en el caso Las Londras, en el que al menos siete ciudadanos, entre periodistas y policías, fueron secuestrados y agredidos física y verbalmente por encapuchados armados que no ocultaron ser afines al gobierno central y al partido oficialista. Pese a que los policías fueron los más golpeados por esos encapuchados, su institución nada hizo para defenderlos.
Grave, muy grave esta realidad. Mucho más ahora cuando aumenta la incertidumbre y desconfianza hacia el poder judicial, cada vez menos atento a la defensa del estado de derecho y de las garantías constitucionales. Parece que no quedará otra opción como ciudadanos que la de repetir lo que decía el Chapulín Colorado: y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Vía: Datápolis.bo

Noticias Relacionadas
Gobierno cambia, habla de investigar el escándalo de las pegas para aplacar
¡Lucha frontal contra la corrupción! Transparencia encuentra en flagrancia a exfuncionaria que cobraba Bs 5.000 por un trámite
Sak’a Churu II se desliza más de 3.00 metros cuadrados y amenaza celdas de basura y residuos hospitalarios
Fortuna de Mariaca es de $us 2.000 millones; Citarán a Costa por soborno millonario; Diputado peguista lidera Comisión de Ética; Fiscalía esperó denuncias para investigar; Atacantes y atacado siguen en El Abra
Presidente Paz envía a la ALP proyecto de crédito de $us 95 millones para obras en la ruta Santa Bárbara–Caranavi
43 municipios de La Paz registran sequías y otros fenómenos naturales; 36 tienen declaratoria de desastre
Senador José Sanchez: “Ministra de Salud debe responder por motivos de la destitución de la exdirectora de la AISEM y nuevas contrataciones en esa agencia”
Agenda 50/50 avanza con acuerdo para devolver Bs 392 millones a municipios y universidades públicas
Presidente Paz conmemora los 200 años de la primera Constitución de Bolivia y destaca el respeto a la ley y la unidad
Bolivia y la Guardia Nacional de Misisipi fortalecen su cooperación militar y proyectan una agenda para 2027
Primer año de gobierno: entre promesas de cambio y la realidad del transporte y logística y el comercio exterior
Tercer diputado peguista, hay más audios; Ultimátum a la Fiscalía para investigar; Zeballos, aislado, no se mueve de El Abra; ¿En peligro Mariaca y Quezada tras ataque?; Trump, Putin y Xi en cumbre trilateral
Pdte. Paz anuncia inversiones por más de $us 700 millones en puentes, carreteras y electrificación para impulsar el desarrollo del Beni
Bolivia apuesta por una diplomacia pragmática para recuperar negocios y fortalecer la relación con Estados Unidos
Cerimedo podría dejar hoy Chonchocoro; Beller reaparece en México dando entrevistas; «Exdirectora de AISEM tiene más audios»; Usaron caso Maletas en el caso Roma; Gobierno retrocede con el Código Minero
Beni: dos ejecutados en Guayaramerín y ataque armado en Santa Rosa
ANH y Policía identifican transporte irregular de 2.200 litros de gasolina en Cochabamba
Estudio de la UMSA revela que 2 de cada 3 escolares examinados tienen daños por caries, sobre todo en dientes de leche
Paran trabajadores de PIL y afectan la producción en plantas del eje de Bolivia
Yaksic cuestiona retención de 160 mil cuentas bancarias y exige facilidades para regularizar deudas vehiculares
Transparencia denuncia enriquecimiento ilícito de exautoridades de la ANH por cobros ilegales y extorsión
Caso ANH: Denuncia revela cobros de hasta $us 5 mil para acceder a reuniones con el hijo del expresidente Luis Arce
Gobierno autoriza Bs 5,5 millones para reparar y reconstruir viviendas afectadas por las explosiones en Viacha
Daroca y Blanco siguen pese a discrepancias; Procesados por un delito ya juzgado; Alcaldes esperan Decreto de nivelación; Entel defiende la contratación de Angus; Cae boliviano en Chile con ketamina