Caen dos jueces por beneficiar a sentenciados; uno es liberado

Otros dos jueces, de Santa Cruz y La Paz, fueron detenidos por liberar a sentenciados por violación múltiple y asesinato; uno de ellos ya fue liberado. Son investigados por prevaricato, uso indebido de influencias, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, informó que cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas el juez Manuel B., por la liberación de Abraham Peters Dick, menonita sentenciado a 25 años de cárcel por violar, junto a otros ocho hombres, a 150 mujeres de la colonia Manitoba, pero que en 2018 logró dejar el penal de Palmasola con un certificado que decía que era “drogadicto habitual”. El pasado 4 de marzo, Peters fue recapturado y trasladado a la cárcel cruceña.

“Fruto de la inspección a los diferentes juzgados de Ejecución Penal se advirtió este caso en el cual un menonita fue liberado de manera irregular supuestamente por enfermedad y argumentaron que era drogadicto habitual siendo que no correspondía que sea beneficiado (…). Con el propietario de un centro de reintegración para personas con drogadicción emitían certificado para beneficiar con detención domiciliaria y eso nos demuestra que la resolución del juez Manuel B. ha sido totalmente prevaricadora y, por ello, se abrió el proceso penal”, manifestó Almendras. 

El juez Manuel B. fue liberado anoche tras una audiencia cautelar en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. “La Justicia en este país no va a cambiar. Te golpean, violan y matan y no pasa nada porque uno no sabe cuál es más delincuente si el que viola o el que le ayuda al violador a seguir violando. Liberándolo”, denunció la abogada Jessica Echeverria. 

Por ese caso, también han sido aprehendidos Juan Carlos S.P., abogado del sentenciado, y Alfredo N.R., director del hospital de drogodependientes. Este último emitió un informe psicológico que decía que Peters sufría adicción a las drogas y que debía rehabilitarse. Con ese documento, el juez primero de Ejecución Penal le otorgó detención domiciliaria en ese centro para personas con problemas de drogadicción, pero el sentenciado escapó de este establecimiento.

Según una publicación de El Deber, el condenado pagó al psicólogo 7.000 dólares por el informe que le permitió dejar la prisión. El caso de violación múltiple se descubrió en 2009. 

SEGUNDO CASO La Policía ejecutó ayer la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en contra del juez segundo de Ejecución en lo Penal de la ciudad de La Paz, Hernán G.Q., por la presunta comisión del delito de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, consorcio de jueces y abogados e incumplimiento de deberes, por presuntamente haber otorgado, de manera irregular, detención domiciliaria a una mujer sentenciada a 30 años de cárcel por los delitos de organización criminal, secuestro y asesinato con agravante.

“Al haber encontrado los suficientes elementos de convicción, la Fiscalía ordenó la aprehensión de este juez que, de manera irregular e ilegal, habría determinado detención domiciliaria temporal sobre la base de un certificado médico forense firmado por el médico Freddy T.R., quien también favoreció a Richard Choque, a favor de Teresa Valenzuela Guzmán, sentenciada a 30 años de cárcel por el Tribunal 1 de Sentencia de Potosí en marzo de 2014”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. 

El fiscal Anticorrupción, Tomas Choque, acotó que el 31 de diciembre de 2021, mediante resolución 415/2021, el juez Hernán G.Q. otorgó arresto domiciliario a la sentenciada por el plazo de un año luego de que la defensa de la mujer presentara un certificado médico que decía que tenía artrosis, cervicomialgia cervical, síndrome ansioso depresivo, entre otros argumentos con los que logró dejar la cárcel.

Para la Fiscalía los jueces actuaron en contra de la normativa otorgando beneficios con el mismo modus operandi que el exjuez Rafael Alcón.

Fuente: Opinión

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