
Laura Rojas Ayala es comunicadora y política.
Bolivia cumple 42 tumultuosos años de retorno a la democracia, con una última década que ha transitado en un vaivén entre una autocracia imperfecta y una dictadura populista prebendaria, producto de su giro hacia el Socialismo del siglo XXI.
El panorama político nacional comenzó a experimentar una significativa degradación democrática durante la segunda gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la figura de su líder cocalero Evo Morales, para quien el poder lo es todo. Varias decisiones desacertadas y autoritarias de este personaje llevaron al país a una crisis política, económica social, que en los últimos dos años lo ha llevado a un récord de inflación, desabastecimiento, desempleo, pobreza, violencia y corrupción.
Es importante recordar que la capacidad de un líder para dirigir un país no debe ser evaluada únicamente por sus antecedentes académicos, sino por sus acciones y decisiones. La incapacidad absoluta de Luis Arce para reactivar la economía y su nula disposición a concertar políticas de salvataje con sectores agropecuarios, productivos, industriales y turísticos llevó a Bolivia a enfrentar el peor escenario posible en cuatro décadas de vida democrática.
Peor aún, la persecución política que durante el gobierno de Evo Morales se hizo una constante, en la gestión del economista recrudeció y acrecentó. Hoy Bolivia tiene más de 360 presos políticos entre los cuales destacan la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el líder cívico potosino Marco Pumari y decenas de dirigentes, militares, policías y ciudadanos contrarios al régimen de Arce.
Es fundamental seguir de cerca la evolución de la situación política en Bolivia, porque no hay signos de que la actual dirigencia del partido gobernante esté dispuesta a escuchar las recomendaciones de la comunidad internacional y retomar el sendero del respeto a los Derechos Humanos.
La prueba palpable de ello es que, a pesar de las observaciones de organismos multinacionales, la justicia en Bolivia sigue secuestrada por el partido MAS, que ahora recurre a todas las artimañas imaginables para impedir la elección de altos cargos judiciales en el país, y para prorrogar indefinidamente en sus cargos a jueces, magistrados y tribunales que son afines a su línea política y funcionales a sus intereses partidarios.
Lo cierto es que el rumbo malsano que el gobierno de Arce Catacora imprime a la política y la economía bolivianas está llevando a todo un país a una convulsión social, que puede provocar un estallido de pronóstico reservado, pero que afectaría al conjunto de naciones sudamericanas próximas a Bolivia.
Vía: Datápolis

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