ABROGAR LA LEY 1720: UNA MÁSCARA PELIGROSA

Por Centa Rek L. – Ex senadora/ Escritora/ psicoanalista 

Para desmontar el Estado político, corporativo y territorial construido durante casi dos décadas por el masismo bajo la égida del socialismo del siglo XXI, Bolivia necesita algo más que un cambio de gobierno: requiere una visión de país, una cohesión política y una decisión histórica capaces de transformar el modelo económico y estatal instaurado por Evo Morales.

La discusión no es técnica ni administrativa. Es geopolítica, ideológica, económica y profundamente política.

Mientras el Parlamento intenta definir una hoja de ruta para las reformas estructurales que el país necesita, el Ejecutivo da señales ambiguas y retrocede frente a la presión de la calle, los bloqueos y la capacidad de chantaje de sindicatos y organizaciones corporativas heredadas del modelo populista masista. Un sistema que, aunque derrotado en las urnas, se resiste a desaparecer y busca rearticularse mediante la presión social, el boicot y la amenaza permanente.

Bolivia no podrá convertirse en un país viable sin desmontar parte de la arquitectura normativa que sostuvo el proyecto masista. Y precisamente allí radica la virulencia de la reacción frente a cualquier modificación relacionada con la tierra, el territorio y la propiedad colectiva.

El MAS entiende perfectamente que el núcleo de su supervivencia política no se encuentra únicamente en un partido, sino en el control territorial organizado desde el Estado bajo estructuras comunitarias funcionales al poder político. Las organizaciones campesinas e indígenas fueron concebidas no solo como actores sociales, sino como sujetos políticos territorializados, dependientes de un Estado con capacidad de tutela y rectoría absoluta sobre espacios estratégicos.

Por eso Evo Morales y toda la estructura corporativa creada alrededor de su proyecto reaccionan con tanta agresividad frente a cualquier intento de reforma. No defienden únicamente derechos colectivos: defienden una arquitectura de poder.

Sin control territorial no existe poder político duradero.

El relato construido por el masismo intenta presentar cualquier reforma sobre propiedad colectiva como una “restauración neoliberal” o un retorno de antiguas élites. Pero detrás de esa narrativa se esconde otra realidad: el temor a perder los mecanismos que permiten reproducir liderazgo político, capacidad de movilización y control social sobre extensas áreas del país.

La preservación de estructuras comunitarias bajo tutela estatal garantiza al populismo una reserva permanente de presión política y una base territorial organizada desde donde puede condicionar gobiernos, bloquear reformas y preparar su retorno.

La disputa de fondo no es simplemente quién posee la tierra. La verdadera disputa es quién organiza el territorio, quién administra legitimidad social y qué modelo de Estado prevalecerá en Bolivia.

Por eso resulta peligroso disfrazar de “prudencia” o “consenso” lo que en realidad puede terminar siendo una renuncia a transformar las bases del régimen anterior. Retroceder ahora implicaría dejar intactos los cimientos políticos, territoriales y corporativos del masismo, sustituyendo únicamente los rostros del poder mientras el modelo permanece intacto.

Quitémonos la máscara.

El momento histórico exige responsabilidad, claridad conceptual y decisión política. Porque simular cambios mientras se preserva intacta la estructura del viejo régimen no es transición: es continuidad encubierta.