Legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) advirtieron con llevar a juicio de responsabilidades a dos magistradas de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la emisión de la sentencia constitucional 0704/2020-S1 del 9, de noviembre de 2020, que ordena la restitución al cargo de una exjueza transitoria. Con esa determinación, abrieron la vía para el retorno de aquellos jueces transitorios que fueron apartados por hechos de corrupción y la liberación ilegal de sentenciados.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, dijo que esa sentencia desautoriza lo que vino haciendo esa institución en los últimos años con la destitución de jueces corruptos, a fin de que sean encarcelados. Pero el TCP “saca sentencias contradictorias, obligándonos a volverlos a colocar a sus lugares” de trabajo.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado, senadora Virginia Velasco (MAS), dijo que la sentencia marca un retroceso y deja un mal antecedente al dar vía libre para la restitución de jueces corruptos que liberaron a sentenciados, y que muchos de ellos ya están presos.
“La ALP no descarta un juicio de responsabilidades, estamos analizando de manera profunda, técnica y esperemos que esta enmienda, la complementación que han pedido, esperaremos hasta ahí como responden y sobre eso nosotros, conforme a nuestras competencias y atribuciones, responderemos”, advirtió.
Por su lado, el diputado opositor Alejandro Reyes indicó que, de confirmarse la sentencia, los cambios a la justicia anunciados por el Gobierno terminarían siendo un “show montado”. Exigió una reforma transparente. “Gente (jueces) que ya tiene sentencia ejecutoriada, que están incluso en la cárcel va a ser devuelta a sus cargos y encima con pago de haberes, es el colmo”, expresó.
Las autoridades aguardan la respuesta del TCP a la solicitud de complementación a dicha sentencia para conocer el alcance de la norma, en caso de confirmarse y generarse jurisprudencia para restituir en el cargo a otros jueces destituidos por corrupción, entonces activarán el juicio de responsabilidades a las dos magistradas que emitieron el fallo.
La sentencia fue emitida por las magistradas Elizabeth Cornejo y Giorgina Amusquivar. Fue notificado recién hace dos semanas a la Magistratura, instancia que solicitó al TCP una resolución de explicación, complementación y aclaración, a fin de conocer en detalle los fundamentos.
La sentencia
La sentencia constitucional 0704/2020-S1 dispone la restitución de la jueza de Tupiza, Pastora Cabrera, quien denunció que fue despedida en 2019 de manera arbitraria, indebida, ilegal, inconstitucional e inconvencional, ya que su persona no incurrió en alguna falta, se evitó que goce de garantías otorgadas en previo proceso disciplinario o penal y no se consideró que ella forma parte de la carrera judicial desde 2005. Por eso, planteó un amparo y pidió se la restituya en el cargo más pago por daños y perjuicios.
En ese entonces, la Magistratura respondió que no corresponde esa solicitud porque se trata de una jueza transitoria, a quien se le agradeció por sus servicios, “justamente por su condición de transitoria o provisoria” se hizo la decisión directa porque “no ameritaba un proceso disciplinario o penal”, a diferencia de los jueces de carrera que gozan de inamovilidad laboral y solo pueden ser removidos vía proceso.
“(Los jueces de carrera) pueden ser removidos de sus fuentes laborales por alguna falta cometida, previo proceso administrativo, en cambio a los provisorios simplemente se les comunica el cese de sus funciones, sin necesidad de invocar la comisión de ninguna falta y menos el inicio de un proceso administrativo”, refiere el argumento de la Magistratura que cursa en la sentencia.
El 3 de febrero de 2020, el Sala Constitucional dio razón a la Magistratura y denegó la solicitud de la demandante. Pero luego admitió que “al denegar la tutela solicitada no obró correctamente” y emitió otro fallo. “Conceder la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional”, dice el fallo.
La resolución dejó sin efecto el memorándum de despido y ordenó la reincorporación de la demandante, el pago de remuneración, beneficios sociales y rango equiparable al que le correspondería actualmente.
También ordenó a la Magistratura que, en el plazo de tres meses desde la notificación, proceda a la reglamentación de la carrera judicial que involucre procesos de evaluación, selección, permanencia, ascensos, traslados -entre otros aspectos- de todos los jueces, ya sea egresados de la Escuela de Jueces, elegidos por procesos de convocatorias y jueces transitorios que formaron parte del Poder Judicial, con la finalidad de formar parte de la carrera judicial del nuevo Órgano Judicial.
La defensa de la beneficiada sostuvo que con la sentencia se hizo justicia para Pastora Cabrera, quien fue jueza pública de la Niñez y Adolescencia de Tupiza.
Jueces y sentencia
Magistratura El Consejo de la Magistratura precisó a Página Siete que son 88 jueces transitorios los que fueron cesados y uno de ellos presentó el amparo ante el TCP, con el argumento de que se vulneraron sus derechos.
TCP La magistrada del TCP Karem Gallardo dijo que respeta la decisión de sus colegas que dictaron la sentencia, “tienen los fundamentos y la responsabilidad correspondiente”.
Fuente: Página Siete



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