17 de julio de 1980

Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.

Han transcurrido 44 años desde que se produjo el golpe de estado del 17 de julio de 1980 encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez con y a nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Si bien es cierto que los principales autores materiales e intelectuales fueron condenados a penas de cárcel en el juicio de responsabilidades sustanciado en la Corte Suprema de entonces, quedan temas pendientes a ser debatidos y resueltos.

El rol que han cumplido y deben cumplir las FFAA merece un análisis serio y desapasionado. Ha llegado la hora de hacerlo sin temores ni prejuicios evitando que un tema de tanta trascendencia sea un tabú o el miedo a reacciones en su seno enturbien un debate necesario.

Las FFAA asumieron en los golpes de Estado un rol protagónico con la designación de un presidente y ministros de entre sus miembros, suprimiendo libertades, derechos y garantías de las personas. Una vez expulsados del poder deslindaban cualquier compromiso institucional atribuyendo a sus mandos el haber operado en nombre propio y no del conjunto.

El golpe de Estado del 17 de julio de 1980 García Meza y Arce Gómez no lo ejecutaron en términos personales sino en representación y con la participación activa de toda la estructura militar, pues de no haber contado con la aquiescencia de la institución armada no hubiera sido posible ejecutar un plan de alcance nacional que requería articulaciones y ejecutores obedientes.

El asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz en la sede de la Central Obrera Boliviana, no fue un acto de barbarie aislado motivado por un error o el odio personal de un paramilitar asesino sino como parte de un plan debidamente elaborado con objetivos definidos con anterioridad.

Que los restos mortales de Quiroga Santa Cruz, del dirigente minero Gualberto Vega y del joven diputado Carlos Flores no sean ubicados hasta el día de hoy no solo se constituye en un acto de atroz injusticia sino en uno que devela la relación de complicidad entre el poder político sea del color que sea y la institución militar, encubriendo y evitando eventuales cargos en su contra. El poder político tomó la decisión de proteger utilitariamente al “bien mayor” frente al resto que es sacrificable.

Recuperada la democracia cualquier objeción a su participación en el golpe fue disipándose porque las urgencias del momento marcaron otras prioridades como poner en funcionamiento la débil institucionalidad, enfrentar la crisis económica, garantizar la gobernabilidad, aprender a tomar decisiones bajo el paraguas de la Constitución y las leyes.

Sin mayor trauma las FFAA pasaron a ser una institución de la democracia, pero sin tocar ninguno de sus privilegios como jubilar a sus miembros con el 100% de sus salarios, entregar stock de alimentos a familias y viudas de militares y vaya saber qué otras cosas más.

Pese a que su existencia se redujo a participar en rimbombantes desfiles o cumplir con tareas impropias de su misión, volvieron a la palestra con los sucesos de febrero y octubre del 2003, octubre y noviembre de 2019 y junio de

Su intervención no fue dilucidada públicamente con rigurosidad, ni dentro ni fuera de la institución militar. La receta aplicada fue la misma, se establecieron responsabilidades individuales sin abordar el comportamiento y participación del conjunto de las FFAA. Bastó con procesar y meter a la cárcel a algunos generales ante el silencio, la mirada cobarde, asustada y cómplice de sus camaradas que aliviados con el sacrificio de unos chivos expiatorios evitaron ser parte de la sanción.

Poner en el tapete del análisis la redefinición del destino de las FFAA es una invocatoria democrática de urgencia inaplazable. Si una institución costosa no cumple con fines y propósitos útiles para la sociedad es insostenible.

En el gobierno de Evo Morales su presupuesto subió en un 100% sin que los bolivianos observen algún beneficio para la sociedad, en la presente gestión el Ministerio de Defensa tiene una asignación de cerca de tres mil trescientos millones de bolivianos que es el 3,94% del gasto público total. El para qué y el porqué de este presupuesto está en la nebulosa.

La misión fundamental asignada a las FFAA de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país, está lejos de ser cumplida.

La adscripción militante de sus cúpulas al poder político le otorga una existencia intrascendente en la defensa de la independencia y estabilidad del estado. Su honor y la soberanía del país, son motivo más bien de indignas afectaciones por la presencia de militares de otros países a los que se someten los mandos nacionales.

Garantizar la estabilidad de un gobierno legalmente constituido tiene como condición básica que éste cumpla con la Constitución y las leyes, de no hacerlo se estaría sosteniendo a uno autoritario y cuando no dictatorial.

La toma de plaza Murillo por el Gral. Zúñiga ha provocado la detención de varios ciudadanos, encarcelamiento que no responde a la pregunta si las FFAA participaron en dicho evento o hicieron algo para impedirlo.

Al parecer los militares no perciben que su institución en lugar de lograr un lugar en la construcción de la democracia se desmorona reduciéndose a una existencia poco gratificante con tal de no perder los beneficios obtenidos y ser un mero órgano funcional al servicio del poder político de turno.

Para algún despistado que quiera encontrar en lo dicho algún atisbo de querer dañar o perjudicar comete el error de evitar una discusión de fondo con superficialidades que solo llevarán a las FFAA a su colapso.

Vía: Datápolis