𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗝𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦

𝑃𝑜𝑟 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑘 𝐿𝑜́𝑝𝑒𝑧  – 𝑆𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS), asumió la conducción del país, en enero de 2006, uno de sus objetivos fue tomar el control absoluto de los demás órganos del Estado, fundamentalmente del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, para ello impusieron en la nueva Constitución Política del Estado (CPE, promulgada el 7 de febrero de 2009), la inédita elección de magistrados y autoridades judiciales por votación popular.

En octubre de 2011, Bolivia se constituye en el primer país en América Latina que realiza elecciones judiciales para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (así su nuevo nombre), Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental; oportunidad donde se impuso ampliamente el voto nulo y blanco de la población, hecho que no impidió que el MAS tomará el control de la justicia en Bolivia. Los elegidos juraron independencia a pesar de su esmirriada votación, que reflejaba no sólo el desconocimiento de la población por el nuevo sistema de elección judicial; expresaba también el rechazo y molestia de la ciudadanía ante uno de los Órganos considerado el más corrupto y sometido en el marco de la institucionalidad democrática boliviana.

La segunda elección Judicial se realizó en diciembre de 201,7 obtuvo una mayor cantidad de votos nulos y blancos que dejaron seriamente cuestionado al sistema impuesto por el MAS; dejando ante los ojos de la población sin credibilidad a las nuevas autoridades judiciales, las que han consentido el sometimiento del Órgano Judicial. El Tribunal Constitucional, con sus fallos antidemocráticos y alejados de todo precepto constitucional, no sólo ha quebrantado los cimientos de la democracia, sino que casi llevan a una confrontación fratricida a los bolivianos al desconocer el voto popular del Referéndum Constitucional de febrero de 2016, que rechazó cualquier repostulación Presidencial;  situación que terminó por decantar en octubre de 2019 ante el fraude fruto de la repostulacion ilegal e incosntitucional. 

Las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023, mañosamente fueron postergadas hasta este diciembre de 2024, con el objetivo de no permitir el recambio de las actuales autoridades judiciales auto prorrogadas; ante ello,  los legisladores de oposición tuvimos que dar una dura batalla para la concreción de las elecciones judiciales y el recambio de sus autoridades, a fin de sostener los cimientos mismos de la democracia, por más que no estemos plenamente de acuerdo con el sistema de elección popular.

Después de meses de lucha, imposturas y tramoyas del Ejecutivo con sus operadores en el Legislativo, finalmente los primeros días del mes de enero de 2025 serán posesionadas las nuevas autoridades judiciales -aunque parcialmente- constituyendo el avance posible en las condiciones de desventaja en la que nos encontramos.

Fue largo el proceso para salvar el proceso de elección judicial, hubieron muchas batallas y muchos ataques, incluso internamente, que trataron de frenar su realización a toda costa. Hubo una larga y gran batalla incluso en el Parlamento ante los embates del Ejecutivo; pero los que apostamos para sacar adelante la elección judicial sabíamos que las obstrucciones y movidas chicaneras del gobierno, con una serie de recursos inconstitucionales y otros instrumentos, como el de la descalificación personal, eran una clara muestra de que necesitaban mantener el estatu quo de la Justicia, por lo que teníamos asignada e internalizada la tarea de romper ese propósito gubernamental.

Los Parlamentarios de Creemos, en nuestro afán de aportar en el proceso de consolidación e institucionalización de nuestra democracia representativa y de quebrar los afanes dilatorios del MAS, presentamos un proyecto de Ley denominado “Participación Ciudadana para Despolitizar la Justicia”, el mismo que fue publicado como un libro para conocimiento de la ciudadanía y que está disponible de forma gratuita para para quienes quieran conocer sobre los alcances de nuestra propuesta para independizar de su sometimiento e institucionalizar la justicia en nuestro país.

El libro refleja una propuesta de ley que nació de un análisis realizado por el constitucionalista Carlos  Börth y refleja una propuesta de ley planteada por la Alianza Creemos como un instrumento emancipador de libertad y democracia. El proyecto de ley propone crear una Comisión Ciudadana para la Independencia de la Justicia y concretar una elección transparente y sin interferencias de autoridades gubernamentales y judiciales, que permita lograr la institucionalidad e independencia del sistema judicial y dé lugar a construir y consolidar un Órgano Judicial con magistrados y consejeros independientes e imparciales. El propósito de conformar una Comisión Ciudadana se respalda en el marco de la Democracia Directa y Participativa, que se establece en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.

La presentación de este libro tuvo que librar otra gran batalla, no solo al interior de la Asamblea Legislativa, también contra gran sector de la opinión pública manipulada en contra y luego –claro- contra el voto nulo o en blanco, que siempre son la última opción para hacer de las suyas.

Recibimos ataques duros, incluso de ciudadanos que se dicen de oposición y de supuestos amigos, tal vez porque se engañan o confunden con tantas narrativas como la de que hay que esperar que ganemos una elección para cambiar el estado de destrucción que existe en nuestro país.

En mi opinión cada batalla es importante y debe librarse cuando se presenta. La guerra contra las imposturas se gana de batalla en batalla.

A pesar de las tramas y trampas del MAS, se puede.

Ya en la etapa de la votación judicial, que fue este 17 de diciembre, fue muy importante explicar y animar a la ciudadanía para que no vote blanco o nulo, además el de elaborar una guía de candidatos por quienes votar fue fundamental; una gran idea y muy orientadora para la población, que muchas veces se encontraba ante el dilema de no conocer a los candidatos, mucho menos sus trayectorias profesionales y propuestas. El trabajo de la diputada Luciana Campero y la difusión que hizo fue muy importante.

En el marco del proceso de orientación sobre las elecciones judiciales hubo muchas diputadas territoriales como María René Álvarez, Roxana Álvarez, Verónica Aguilera, Haidy Muñoz, entre otras, que realizaron un importantísimo trabajo territorial de información y concientización,  que ahora se plasma en una gran experiencia acumulada y muchas ideas para controlar el voto de cara a los próximos comicios generales de 2025. El éxito se consigue con el apoyo y el esfuerzo denodado de todos.

¡La lucha continúa y debemos estar involucradas en cada etapa y en cada batalla que se tenga que librar!

Los ciudadanos demostraron su deseo de consolidar y fortalecer nuestra democracia y fueron a votar disciplinadamente, creyendo y confiando en las propuestas que dan una salida y una esperanza en medio de la obscuridad.  Aprendimos una lección que nos va a fortalecer para las elecciones venideras, que serán un gran reto y necesitarán la disciplina y aporte de todos los que queremos abrirle un camino a la libertad y la esperanza.