Nov 09, 2026 | 13:47

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Tupac Katari exige en 72 horas la destitución del gerente de DELAPAZ y advierte con movilizaciones 

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La Paz, 17 de septiembre de 2026.- La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpaj Katari” exige al presidente Rodrigo Paz la destitución del gerente General de DELAPAZ S.A., Miguel Ángel Núñez Gaspar, en un plazo máximo de 72 horas, además de una investigación integral sobre el manejo económico de la empresa durante la intervención de las áreas que corresponden a EMPRELPAZ.

La medida, adoptada en sesión plenaria, responsabiliza directamente a este funcionario por las irregularidades administrativas y económicas en la administración de la distribuidora eléctrica en desmedro del patrimonio de EMPRELPAZ.

La organización campesina también exigió al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, una “definición clara y pública” respecto al cumplimiento de la instrucción presidencial de restituir EMPRELPAZ de.

La Federación considera “contradictorio” que, mientras se anuncia la devolución, funcionarios del sector energético “obstaculicen o dilaten” los mecanismos para hacerla efectiva. En agosto, la propia Túpaj Katari ya había denunciado que mandos medios y técnicos frenaban la voluntad del presidente Rodrigo Paz de atender sus demandas.

Advierten al Gobierno nacional que, de persistir el incumplimiento o la dilación, solicitará la destitución del ministro de Hidrocarburos por “no garantizar la ejecución efectiva de la instrucción presidencial ni la solución acordada con las organizaciones campesinas del departamento de La Paz”.

La advertencia se produce después de que, en abril de este año, ENDE y la Túpaj Katari firmaran un acuerdo para analizar la restitución, y de que exista un fallo judicial ejecutoriado que anula las resoluciones que traspasaron las operaciones de EMPRELPAZ a DELAPAZ.

La Federación Túpaj Katari, que agrupa a las 20 provincias del departamento, cierra su resolución con una exigencia de restitución ordenada, técnica y transparente de la empresa rural, garantizando la continuidad del servicio eléctrico para la población.

La medida es un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, que a horas de la conclusión del Estado de Excepción enfrenta una creciente presión social por la crisis económica, la escasez de combustible y la falta de respuestas a las demandas de las organizaciones campesinas.


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