Senadora del PDC exige destitución de ministros Lupo y Espinoza por “hacer equivocar al presidente Paz” 

La Paz, 31 de diciembre de 2025. – La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispín, demandó la destitución del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, a quienes acusó de ser «verdaderos responsables» de la crisis política generada por el Decreto Supremo 5503. Acusó a ambas autoridades de «haber hecho cometer graves errores» al presidente Rodrigo Paz, al impulsar una medida que, a su juicio, vulnera la Constitución Política del Estado y derechos fundamentales de amplios sectores de la población.

Para Crispín, los ministros Lupo y Espinoza impulsaron e idearon la medida reglamentaria, presentándola al mandatario de manera tal que lo llevaron a tomar una decisión errónea. «No fue una equivocación del presidente en solitario; fue una equivocación inducida por un mal consejo», dijo. Según la senadora estos funcionarios operaron con una agenda particular que no se condice con el respeto a la Constitución.

La senadora señaló que tanto Lupo como Espinoza son «afines a Samuel Doria Medina», líder histórico de una facción opositora. «Es inaceptable que un equipo que no ganó las elecciones, que representa intereses ajenos al Gobierno del presidente Paz, esté generando estos hechos que desestabilizan y confrontan al país», recalcó.

EL FOCO DEL CONFLICTO

El Decreto Supremo 5503, cuya contenido ha generado un rechazo transversal, es presentado por sus críticos como una norma que afecta intereses adquiridos y derechos sectoriales. Aunque la nota de la senadora no especifica los artículos conflictivos, el rechazo de sectores clave indica su alto impacto. El magisterio nacional, la Federación de Mineros Sindicalizados de Bolivia y representantes del sector campesino han calificado la norma de «inconstitucional» y han anunciado movilizaciones en su contra desde el 5 de enero.

La senadora Crispín busca crear una ruta de salida política para el presidente Paz. Al cargar las responsabilidades sobre Lupo y Espinoza, implícitamente sugiere que el mandatario podría rectificar el camino si se desprende de esa «mala influencia». Esta movida parlamentaria presiona al Ejecutivo para un cambio en su gabinete como gesto de apertura al diálogo con los sectores movilizados y para apaciguar el malestar dentro de su propia coalición de gobierno.

La petición de destitución abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno. Por un lado, el presidente Paz se ve forzado a defender la continuidad de sus ministros o a considerar su relevo para calmar las aguas. Por otro, los sectores sociales anuncian una escalada de protestas si el decreto no es derogado.

La situación pone a prueba la cohesión del oficialismo y la capacidad del presidente para imponer su autoridad sobre un gabinete ahora cuestionado desde dentro de su propio espacio político. El próximo movimiento del Palacio Quemado será determinante para definir si la crisis se profundiza o encuentra una salida negociada.