
Tras haber sido aprehendido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra y trasladado a la fuerza anticrimen de La Paz, señalado de estar relacionado con la asonada militar del 26 de junio, no se permite conocer la situación jurídica y personal de Fernando Hamdan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda).
Según el reporte de la periodista Patricia Castillo de la Red Uno, Hamdan llegó a las 05:00 de este domingo a instalaciones de la fuerza anticrimen de La Paz, cuyas puertas fueron cerradas a la población, por lo que se desconoce en qué condiciones se encuentra el activista de Derechos Humanos.
El abogado Jorge Valda afirmó en una conferencia de prensa, este domingo, que juristas que lo defenderán no lograron tomar contacto con Hamdan para verificar las condiciones en las que se encuentra en La Paz.
«No sabemos en qué condiciones se encuentra o si ha sufrido algún acto de tortura, no nos han permitido tomar contacto aún con Fernano Hamdan», sostuvo Valda, quien mencionó que el único abogado que pudo conversar por teléfono con Hamdan fue Ricardo Rodríguez, quien transmitió que un policía vigilaba las acciones del aprehendido.
La Red Uno difundió un video de Hamdan de 2023 en el que cuestionó al ahora encarcelado general Juan José Zúñiga por haber sido nombrado como Comandante del Ejército habiendo ocupado el puesto 48 de su curso y tener influencias políticas en las Fuerzas Armadas.
Valda dijo que se busca vincular a Hamdan con la asonada militar del 26 de junio y anunció que una comisión de al menos 10 abogados defenderán y acompañarán al activista de Derechos Humanos, entre ellos la conocida abogada Paola Barriga, quien representa a un coronel del Ejército que fue confundido por los investigadores de la Policía y fiscales asignados al caso Zúñiga.
Valda señaló que Hamdan y Katherine Antezana, abogada y esposa del general del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, pertenecen a la misma organización de Derechos Humanos, por lo que advirtió que no sería extraño que la siguiente aprehendida sea Antezana.
En el caso de la asonada militar, la Procuraduría General del Estado se sumó al proceso penal iniciado por el Ministerio Público y anunció la ampliación de los presuntos delitos por lo que se acusa a aproximadamente 24 personas.
Ahora enfrentan cargos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Este sábado, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz también revocó la detención domiciliaria concedida por el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal a Aníbal Aguilar, exasesor del Ministerio de Defensa, procesado junto a varios militares.
Fuente: Datápolis

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