
El Alto, 26 de febrero de 2026.- El abogado constitucionalista, Raúl Rosales, dijo este jueves que el candidato a la alcaldía de El Alto por la alianza Unión Por el Cambio (UPC), Eliser Roca Tancara, mantiene cinco procesos judiciales abiertos en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), situación que —a juicio del jurista— «proyecta una sombra de dudas sobre su idoneidad moral para ejercer el cargo» en momentos en que el municipio se prepara para las elecciones subnacionales del 22 de marzo. El postulante, que según encuestas recientes ostenta una intención de voto del 6,7%.
De acuerdo con la revisión de datos en el sistema judicial, Roca es procesado por los delitos de peculado, omisión de funciones, incumplimiento de deberes y asistencia familiar. El caso de mayor relevancia penal corresponde al peculado, figura legal que tipifica la apropiación o desvío de recursos públicos en perjuicio del Estado.
Rosales enfatizó la necesidad de que el electorado conozca a profundidad el perfil de quienes aspiran a la máxima autoridad edil. «La soberanía, pilar de todo Estado constitucional de derecho, exige del candidato a estas elecciones subnacionales algo más que promesas de campaña; exige coherencia vital. El historial de Eliser Roca Tancara, verificado en el SIREJ, cuenta con delitos de corrupción activa y omisión de funciones», manifestó el constitucionalista.
El jurista también puso énfasis en la relevancia pública que tiene el proceso por asistencia familiar, un delito que, si bien corresponde a la esfera privada del candidato, evidencia —a su criterio— un patrón de conducta incompatible con la investidura municipal. «La ciudadanía de El Alto tiene el derecho irrenunciable a conocer que quien aspira a ser la máxima autoridad edil no arrastre procesos como el de peculado; un delito que atenta directamente contra el patrimonio de todos. Entre otros casos: incumplimiento de deberes, asistencia familiar», detalló.
Mientras tanto, en las calles de El Alto, el debate sobre la hoja de vida de Roca comienza a instalarse entre los electores, que deberán definir su voto el próximo 22 de marzo.
«Frente a esta realidad procesal, no basta con eslóganes. Se requiere una explicación clara y un examen de conciencia colectivo sobre si un perfil con este bagaje judicial puede garantizar la honestidad y la justicia social que nuestra urbe demanda», concluyó Rosales, en referencia a la contradicción entre el discurso de campaña del candidato y los procesos que enfrenta ante la justicia ordinaria.

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