Santa Cruz 01 ag.- La senadora Centa Rek denunció ante organismos internacionales defensores de los derechos humanos y libertades democráticas la violación a los derechos del “tiktoker” financiero Juan Carlos Villafuerte, detenido arbitrariamente el 29 de julio de 2025 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por generador contenido en redes sociales, donde analiza y aconseja a sus seguidores sobre temas económicos y financieros, incluyendo la situación de la moneda nacional, el acceso a dólares y el uso de criptomonedas.
En una carta dirigida a varios organismos internacionales defensores de los derechos humanos, Rek denuncia que la ilegal detención de Villafuerte, desnuda la conducta autoritaria del actual gobierno boliviano en este y otros casos, mostrando una preocupante tendencia de instrumentalización del Órgano Judicial y el Ministerio Público para silenciar voces críticas y suprimir la libertad de expresión.
Al respecto Rek señaló que los contenidos difundidos por Villafuerte no están alejados de la realidad económica del país, por lo que las acciones tanto del Ministerio Publico como la denuncia presentada por la ASFI rayan en lo absurdo y constituyen en un claro intento de supresión de la libertad de expresión de los ciudadanos, con acciones típicas de un régimen persecutor.
“Si uno revisa los tik toks de Villafuerte no constituyen información falsa ni tergiversada, se trata de palabras legítimas, de preocupación económica compartidas por miles de bolivianos, incluso por analistas económicos, por lo que pretender que una persona particular sea culpable de desestabilizar el sistema financiero por replicar o interpretar esa realidad constituye un acto de represión incompatible con toda democracia constitucional”, expresó Rek al respecto.
La carta de denuncia de ese abuso estatal en contra de Villafuerte fue remitida a oficinas de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de los Estados Americanos (OEA), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Unión Europea (UE) y Human Rights Watch (HRW).
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