¿Por qué llegamos al golpe o autogolpe?

Gustavo Blacutt Alcalá es abogado.

La sublevación militar del Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga, levantó una gran polémica sobre si fue un golpe de Estado o si fue un autogolpe. Para el gobierno y sus líderes políticos, se trató de un intento de acortar el mandato legítimo de Luis Arce. Para otros, se trató de un simulacro de golpe de Estado, al que calificaron de autogolpe.

Pero, más allá de si fue un verdadero golpe de Estado o un autogolpe, lo cierto es que la intervención militar muestra que la debilidad institucional está afectando a las Fuerzas Armadas de nuestro país, llegando a limites preocupantes.

¿Cuál la diferencia o la importancia de que sea un golpe o un autogolpe? Si el resultado en términos democráticos es exactamente el mismo, el resultado es el fin del Estado democrático de derecho ya sea a manos de golpistas o en manos de autogolpistas y eso es lo verdaderamente preocupante, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué hemos llegado a esta situación?

La respuesta es compleja, son varios los factores determinantes, uno de ellos es la crisis política, caracterizada por la polarización y división del MAS, falta de diálogo y sobre todo la falta de liderazgo en el Gobierno, que está tensionando la sociedad y provocando una anomia social. La causa central de la crisis política es la habilitación o inhabilitación de Evo Morales para las elecciones de 2025.

El problema político que tiene el Gobierno y todo el país, es un problema al interior del MAS, por tanto quienes tienen que resolver sus diferencia son los del MAS, la misma que no pasa por manipular, presionar o instrumentalizar al tribunal electoral, obligando a desconocer o reconocer a unos u otros, la solución pasa por cumplir la ley de partidos políticos, sus propios estatutos y sobre todo definir la situación jurídica del señor Evo Morales respecto a su habilitación o inhabilitación definitiva para participar en las elecciones de 2025 porque, seamos claros, en términos estrictamente jurídicos el señor Evo Morales sigue habilitado, ya que ni la opinión consultiva del Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, ni la sentencia 1010/2023, lo inhabilita directamente; se necesita una sentencia que modifique expresamente la sentencia 0084/2017 en base a la opinión consultiva del CIDH y la sentencia 1010/2023.

Sin embargo, en términos políticos el señor Morales está inhabilitado y esa resolución o definición se está dejando para que sea el Tribunal Supremo Electoral resuelva y probablemente lo tenga que hacer en un momento de pleno desarrollo del proceso electoral.

Resolver este problema requiere en primer término realizar las elecciones judiciales, para que sean los magistrados legalmente constituidos los que resuelvan jurídicamente la inhabilitación o no de Evo Morales, solamente los magistrados titulares tendrán la legalidad y legitimidad para determinar semejante embrollo, el Gobierno tiene que entender que esta definición no pueden hacerlo los autoprorrogados, por que cualquier definición sobre este punto conlleva la movilización de los seguidores de Morales y el Gobierno y la oposición democrática tiene que estar preparada para repeler cualquier intento de desestabilización del Gobierno y la democracia.

Ahora si se da el otro extremo de habilitar a Evo Morales, las movilizaciones se darán desde las organizaciones de la sociedad civil, la oposición democrática y probablemente desde el propio Gobierno, en cualquiera de los casos la tensión social y política se pondrá a prueba y lo ocurrido ayer podría repetirse.

La resolución de los problemas del país no pasa por la instrumentalización de unas instituciones en contra de otras, sino todo lo contrario, los problemas del país se irán resolviendo en la medida en que cada una de las instituciones cumpla con la misión para la cual fueron creadas, las Fuerzas Armadas no esta para defender gobiernos, sino para defender a la nación, los tribunales de justicia no están para anular las funciones legislativas, sino para realizar el ideal de justicia y el tribunal electoral no tiene la competencia para modificar o ratificar la jurisprudencia que sobre la habilitación del señor Morales existe en la actualidad, su labor es administrar las elecciones.

La democracia esta en peligro y todos los ciudadanos bolivianos tenemos la obligación de preservarla y defenderla, pero sobre todo, quienes tienen la ineludible responsabilidad de protegerla, son los que hoy tienen en sus manos la dirección de las instituciones del Estado.

Vía: Datápolis