Ministra Saravia llama a revisar antecedentes de las vulneraciones de DDHH en 2019 que fueron reconocidas por organismos internacionales

Prensa_Ministra de Justicia y Transparencia Institucional. La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia Atristaín se refirió este martes a la reciente determinación de la justicia en el caso que se investiga por la masacre de Senkata, señalando que el Gobierno nacional es respetuoso de las determinaciones del Órgano Judicial, sin embargo, pidió a las autoridades judiciales revisar los antecedentes y los informes internacionales que corroboraron la comisión de graves vulneraciones de derechos humanos.  

“Cuando se presenta una denuncia, son las autoridades quienes disponen la forma en que se lleve el proceso, si hay una determinación diferente vamos a ser respetuosos; sin embrago, también es bueno llamar a todas las instancias que van a conocer este proceso, que sobre todo analicen los antecedentes, y veamos que en estos hechos han habido víctimas que están pidiendo justicia, hay 37 familias que están esperando que se establezcan responsabilidades para poder seguir adelante, se han deshecho familias y se han perdido seres queridos, y creo que esa debe ser la máxima por parte de las autoridades a proteger”, subrayó Saravia.

La titular de Justicia, refiriéndose de manera particular al proceso judicial que investiga la masacre ocurrida el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, anunció que en lo que corresponda, el Órgano Ejecutivo accionará por la vía que se disponga en estos procesos, con el objetivo de no dejar los mismos en la impunidad la comisión de los delitos de genocidio, ejecuciones sumarias, torturas, detenciones ilegales y otras graves vulneraciones de derechos, producto de la represión acontecida tras la firma del Decreto Supremo 4078 de 14 de noviembre de 2019, firmado por Jeanine Añez y todo su gabinete ministerial, donde se dio impunidad para la sangrienta represión.

Estos hechos violentos fueron constatados por organismos internacionales como la CIDH a través del GIEI, las NNUU a través del CAT, Amnistía Internacional, y otras, “mecanismos internacionales también observaron en su momento el decreto supremo firmado por Añez, eximiendo de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas, e impulsando la represión violenta”. 

Asimismo, mencionó que el Gobierno nacional abrió las puertas del país a organismo y relatorías especiales a fin de que se realice escrutinios internacionales respecto a la situación de los derechos humanos en el país, además de la defensa en instancias internacionales, que resultaron con una evaluación positivas. “Recordar que este año fuimos evaluados por el EPU (…), los países han pedido que se continúe con las políticas que hemos venido generando para la protección de los derechos humanos”. 

También recordó que los mecanismos internacionales exhortaron al Estado a investigar, reparar y sancionar las graves vulneraciones cometidas contra cientos de ciudadanos a fines de 2019. La autoridad mencionó que, con ese cometido, tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial establecieron las instancias pertinentes para juzgar estos hechos, “como parte del Estado, estas instancias en conocimiento de estos informes, realizaron las acciones que les correspondía, (…) en ese sentido, el Estado, representado por sus cuatro órganos, ha actuado en el marco de sus competencias”, remarcó. 

Saravia remarcó que el Órgano Ejecutivo es respetuoso de las determinaciones del Judicial, pero llamó a no olvidar los hechos luctuosos de 2019. “Lo único que nos queda es garantizar la reparación, pero sobre todo que no exista impunidad de estos hechos, por un simple motivo, por Memoria, Verdad y Justicia”, finalizó.