Los siete desafíos del próximo gobierno para salir de la crisis 

Por: Lic. M.Sc. Willy Marcos Chipana Mamani

Periodista-Docente universitario

La elección presidencial del pasado domingo 17 derivó en la realización de la segunda vuelta que se realizará el próximo 17 de octubre. Los postulantes que sean electos deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que deberán ser resueltos de forma inmediata porque la crisis económica se agrava cada semana que transcurre.

Primero. Es necesario la revisión y el cambio del actual modelo económico por uno que sea productivo, el cual surja del acuerdo entre las instituciones y organizaciones sociales para que cuente con legitimidad. Los fundamentos del nuevo modelo deberán contemplar políticas fiscales, comerciales, balanza de pagos, monetarias y de tipo de cambio.

La acción debe estar acompañada de la atracción de capitales privados nacionales y extranjeros, para lo cual el Legislativo deberá aprobar y el Ejecutivo promulgar una nueva ley de inversiones.   

Segundo. La estabilización, control y reducción del elevado gasto corriente (déficit fiscal) para contar con recursos que sean necesarios para atender las demandas urgentes que requiere la población como la importación de carburantes. Para este fin será necesario la reducción de los ministerios, los altos salarios que se pagan a los servidores públicos, la supresión de la propaganda gubernamental en los medios de comunicación y la transferencia o el cierre de las empresas estatales deficitarias.

El elevado gasto y los pocos ingresos públicos (déficit fiscal) en el gobierno causó que las reservas internacionales netas (RIN) desciendan de $us 15.122 millones a $us 2.807 millones entre 2014 y junio de 2025, lo que derivó en la escasez de dólares. Este problema no fue asumido con seriedad por el gobierno de Arce porque en 2023, el déficit con relación al Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 10,8%, que equivale a $us 5.000 millones, el 2024 se proyectó el 7,8% que alcanza a unos $us 3.600 millones y para este 2025 se estimó el 9,2%, lo cual se mantendría en unos $us 5.000 millones.

El déficit fiscal es una de las principales causas de la falta de dólares en la economía y la floreciente actividad del mercado negro, donde se compra y vende la divisa estadounidense en un promedio de Bs 13. El gobierno y la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) perdieron todo control sobre el tipo de cambio porque el mercado negro es quien fija el valor por cada dólar.       

Tercero. En el ámbito de la política fiscal es importante el pago de impuestos y regalías por parte de los mineros cooperativistas auríferos de forma proporcional a sus utilidades porque en 2023 lograron generar al menos $us 3.000 millones, pero su aporte tributario al Estado fue de unos $us 70 millones. Asimismo, se debe ampliar el universo de contribuyentes de los comerciantes con mayor capital y están mimetizados en el sector informal.

A la par, es menester otorgar incentivos tributarios a la iniciativa productiva que genera empleos seguros en el marco de la norma laboral, así como al sector del turismo. Este estímulo fiscal debe tener como objetivo movilizar el sector productivo formal y aumentar la demanda de mano de obra calificada y no calificada que está parada en la actualidad, lo cual genera pobreza y violencia.         

Cuarto. El futuro gobierno deberá definir si mantendrá o no la subvención a los carburantes o será de forma parcial y a la vez deberá impulsar de forma agresiva la exploración de hidrocarburos, lo que no se hizo durante los 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las filas de vehículos ante las estaciones de servicio por gasolina y diésel no sólo radican en la falta de dólares por el déficit fiscal, sino también por una caída en la producción de líquidos y gas. 

El gasto que se realizó por la importación de diésel y gasolina entre 2015 y 2024 se elevó de $us 710.762.388 millones a $us 2.611.769.642 millones. La modificación total o parcial de la subvención a los carburantes podría tener un costo político electoral y económico para el gobierno y para los ciudadanos de pie que se debaten entre el desempleo y el subempleo precario.    

El venidero gobierno debe tomar en cuenta que entre 2014 y marzo de 2025 la producción de gas descendió de 59,6 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) a 28 MMmcd, los ingresos generados por la venta de gas natural a la Argentina y Brasil culminaron en la caída de $us 5.696 millones a $us 1.616 millones y el descenso en la producción de petróleo de 61 mil barriles de crudo por día a 24 mil en similar periodo.   

Quinto. La implementación de biotecnología en la agricultura con la finalidad de aumentar la producción de alimentos y la población acceda a bienes con calidad y a precios competitivos en los mercados de abasto. La medida debe permitir no solo el abastecimiento del mercado interno, sino también la exportación como de la quinua, carne de res, soya y castaña.     

Sexto. La institucionalización y el endurecimiento de las penas por casos de corrupción. Una de las causas de la falta de legitimidad de muchas entidades de los órganos del Estado es la desinstitucionalización porque están sometidos a los designios de los partidos políticos en función de gobierno, por ejemplo, la designación de personas sin ninguna competencia técnica ni profesional en cargos públicos de dirección o los fallos judiciales emitidos por jueces, magistrados o fiscales en función de intereses de grupos políticos o del gobierno de turno.

Es importante la independencia de los órganos del Estado para el cumplimiento de las normativas vigentes, así como el trabajo eficiente y transparente por parte de los servidores públicos, lo cual se desvirtuó en los últimos 20 años. Asimismo, la sanción por los casos de corrupción no sólo debe quedar en la simple denuncia o investigación en el ámbito público, sino que debe endurecerse.

Durante la gestión del gobierno de Luís Arce Catacora, se conocieron varios casos de presuntos hechos de corrupción que habrían cometido exministros, pero hasta el momento no existe ninguna sanción, así como en el Órgano Judicial, donde las denuncias acabaron en investigaciones, lo cual genera impunidad.               

Séptimo. Las medidas económicas que vaya aplicar el nuevo gobierno demandará de la modificación total o parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que el Estado tiene las funciones de dirigir y regular los precios, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios o el control sobre los recursos naturales en todos sus estados.

La apertura o la participación de capitales privados en muchas áreas de la cadena productiva que involucra a los recursos naturales están vinculados a la cuarta parte de la CPE.

En la actual coyuntura económica, las medidas que sean aplicadas deben estar en función a los gastos y los ingresos públicos, pero se debe dar énfasis en mejorar las condiciones de vida de los bolivianos para evitar conflictos sociales.