La violencia no proscribe 

Centa Rek L. – Escritora, psicóloga, exsenadora

Para comprender el delito de abuso sexual contra menores de edad es indispensable abordar el tema con sensibilidad y conocimiento del proceso evolutivo del ser humano. Nadie nace sabiendo discernir, de manera inmediata, si alguien lo ama o lo utiliza. Ese discernimiento se construye con el tiempo, a través de la maduración afectiva, emocional y psicológica, que permite a una persona comprender su situación frente al otro y decidir —con libertad real— si desea o no entablar una relación sexual.

La sexualidad no se reduce al acto de la cópula. Implica entrega, donación, vínculo con el otro, y se vuelve aún más compleja cuando intervienen componentes de seducción, admiración y poder. Por ello, cuando un adulto se vincula con un niño o un adolescente, tiene la obligación ética y moral de comprender que está frente a un ser en formación: vulnerable, influenciable, sin una identidad afirmada y susceptible de ser confundido emocionalmente, incluso enamorado, por la asimetría de poder que el adulto ejerce.

El caso del pastor de una iglesia en Santa Cruz, denunciado por varias víctimas menores de edad que habrían sido seducidas por él, no puede ni debe ser desestimado de manera ligera. Resulta alarmante que una fiscal, como la jueza Margoth, haya actuado con tal grado de liviandad e irresponsabilidad, incurriendo en una doble victimización de la menor que tuvo el valor de denunciar a quien la manipuló emocional y afectivamente.

Una funcionaria judicial que demuestra semejante desconocimiento de lo que significa ser víctima, y de la obligación que tiene la justicia de protegerla, no debería continuar ejerciendo funciones públicas. Si el órgano competente no la aparta, estaríamos frente a una de las expresiones más brutales de impunidad, expuesta sin pudor ante la sociedad.

Muchas personas se preguntan por qué la víctima esperó tantos años —nueve, según se dice— para denunciar. Como profesional de la psicología, afirmo con total claridad: el tiempo no invalida el abuso. Las víctimas suelen tener enormes dificultades para denunciar por razones profundamente complejas y documentadas. Muchas aman a sus victimarios, sienten culpa, confusión, ambivalencia afectiva; intentan justificarlos, minimizar el daño, disculparlos incluso a costa de sí mismas. En los casos más dolorosos, sienten pena por quien las dañó y se recriminan por denunciarlo.

Solo después de largos procesos internos, cuando el mundo emocional deja de estar interferido por sentimientos contradictorios propios de una relación profundamente asimétrica, la víctima logra nombrar lo ocurrido y denunciarlo. Vanessa no tenía que denunciar antes. Lo importante es que denunció ahora. Tiene una verdad, y esa verdad revela que una persona influyente dentro de su iglesia utilizó su púlpito, su autoridad y su poder simbólico para seducir a menores, para involucrarlas emocional y sexualmente, de manera reiterada u ocasional.

Este no es un hecho menor ni un asunto privado. Es un problema estructural que interpela directamente al ejercicio irresponsable del poder dentro de una institución religiosa. ¿Acaso no entendemos la responsabilidad que implica cualquier forma de autoridad? ¿Queremos seguir siendo una sociedad sin códigos, sin ley y sin límites morales?

Vanessa es una víctima. Y cuando la justicia revictimiza, se convierte en cómplice. La función judicial no existe para proteger jerarquías, credos ni poderes fácticos, sino para amparar a los vulnerables y sancionar el abuso. Desestimar una denuncia de esta gravedad no es un error: es una falta ética intolerable.

Aquí no se juzga una fe, sino el uso perverso del poder que esa fe otorga. Si no se investiga con rigor ni se aparta a quienes reproducen impunidad desde el Estado, el mensaje es claro y devastador: denunciar no sirve. Y una sociedad que envía ese mensaje legitima la repetición del abuso.

Si este caso se cierra en falso, no quedará expuesta la víctima. Quedará expuesta la justicia.

Hagase justicia!