La Asamblea del MAS

Dino Palacios es ciudadano.

La semana pasada, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido repetidamente protagonista de diversos escándalos. A continuación, algunos titulares: “Presidente de Diputados es denunciado por violación de una funcionaria”, “Senadora da respuestas a un postulante a magistrado”, “Funcionario de Diputados aprehendido por extorsión”, “Senador fue a sesionar en estado de ebriedad, no es la primera vez”, “Presidente de Diputados debiera renunciar” tras varias denuncias (ganancias ilícitas, lavado de dinero, entrega de vehículos robados).

La Asamblea Legislativa Plurinacional es la denominación asignada a esta entidad en la Constitución Política del Estado (CPE), basada en dos criterios. El primero es el valor simbólico que la nueva designación le otorga; la premisa es que al asignar un nuevo nombre se crearía una entidad distinta. El segundo criterio, menos maniqueo y más sustantivo, es que se trata de un nuevo Estado.

Este Estado está conformado por cuatro órganos -ya no tres poderes- en los cuales el equilibrio de poderes característico del Estado moderno ya no funciona, pues los órganos están bajo el mandato de las organizaciones sociales. Los teóricos del denominado “Estado Plurinacional” ignoraron los argumentos de Montesquieu, Locke y Tocqueville, quienes enfatizaban el equilibrio de poderes como una forma de prevenir los riesgos de la democracia y las tiranías.

Ninguno de los dos criterios de la nueva denominación parece ni razonable ni suficiente. Además, el conjunto de hechos cotidianos en el accionar de esa entidad me da la razón; la muestra como una organización burocrática estatal típica y convencional de un país pequeño, sin un estado ni una democracia consolidados. Por eso, prefiero referirme a ella como Parlamento, su vieja y conocida denominación.

La preocupación por lo que sucede en el Parlamento radica en el grado en el que los bolivianos toleramos esa cantidad de iniquidades. En otros entornos, cualquiera de estas denuncias, ante la sola acusación, concluiría en la renuncia del sindicado o sindicada y su alejamiento para la defensa y aclaración, sin ocultarse tras la investidura.

Y digo otros entornos sin necesariamente alejarme mucho. Me explico, he ejercido la docencia en la educación superior, universitaria y post gradual hace muchos años. Durante todo ese tiempo ante cualquier vicio, posibilidad o indicio de fraude, llámese copia/chanchullo/chuletear/trampa; mi comportamiento y el de mis colegas ha sido la suspensión de ese proceso, la investigación del mismo y la sanción a los involucrados; sin contemplaciones, sin peros, sin dilaciones; solo como un hecho normal y cotidiano.

Vuelvo a la preocupación y a la duda: ¿qué es lo que nos relajado los límites de tolerancia al engaño, a la trampa? No pretendo ser obtuso al señalar con el dedo acusador a las actuales gestiones y representaciones parlamentarias. La mediocridad, la corrupción y el descalabro de los representantes son problemas generalizados en muchos parlamentos del mundo. En el caso boliviano, esta situación no se limita a los grupos hegemónicos de los últimos casi 20 años; también fue una realidad cotidiana durante la hegemonía de los partidos tradicionales y neoliberales. ¿Cuál es la diferencia entonces?

Los grupos de poder representados se han modificado. Hoy, los grupos representados ante el parlamento son individuos que responden a los denominados “movimientos sociales” y se asignan además en base al criterio de rotación y el pasanaku. Por tanto, vivimos procesos de democratización populista también de la corrupción, del fraude y de la inoperancia.

La representación en el Parlamento refleja los principales grupos de poder que sustentan a quienes fueron gobierno los últimos 20 años: transportistas, cooperativistas mineros, grupos de importadores o mejor dicho contrabandistas, cocaleros de los Yungas y del Chapare, entre otros, por supuesto distintos y con dignas excepciones.

Sin embargo, el factor determinante es que durante los primeros 15 años de gobierno del MAS, el parlamento no tuvo ningún papel en la gestión pública; ni siquiera llegó a ser un ornamento folclórico. El parlamento solo fue una extensión del poder ejecutivo que se encargaba obedientemente de viabilizar el mandato y los designios de la presidencia, por lo que se ganaron la denominación de “levantamanos”. La hegemonía del partido de gobierno era categórica y, por tanto, las minorías intrascendentes.

Antes del MAS, las decisiones requerían de negociaciones y pactos. Ahora, existe una imposibilidad de acuerdos y de negociación entre los grupos en pugna debido a conflictos internos del partido hegemónico. Dada esta situación, la corrupción y los problemas se destapan y se ventilan públicamente, de manera que todos terminamos enterándonos de aspectos que antes se resolvían en privado. Es inaudito lo que sucede en el espacio de la legislación a nivel central del estado boliviano. A nivel departamental y municipal, la situación no es mejor; un ejemplo de ello es el concejo municipal de La Paz.

Lo más lamentable es que esta situación genera una vergüenza colectiva. Unos pocos, que reciben buenos sueldos, son los responsables de manchar la reputación de nuestras instituciones. Los que nos enteramos protestamos, pero no es suficiente, nada los sacude, nada, que no sea su batalla y la defensa de sus mezquinos intereses, les preocupa.

Vía: Datápolis