Hija de Lanchipa trabaja en ABC, institución que es investigada por corrupción

Vania Lanchipa Ramírez es consultora en la caminera hace 11 meses. No está en planta, por lo que no reportó su declaración jurada de bienes en la Contraloría. Ella y el director de Comunicación de la Fiscalía dicen que tiene derecho a trabajar

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es investigada por presuntos hechos de corrupción. Su presidente, Henry Nina, y casi una docena de funcionarios fueron denunciados por el diputado Héctor Arce, del MAS, de recibir Bs 18,3 millones para adjudicar la carretera Sucre- Yamparáez. Ahora surge un nuevo elemento, se revela que Vania, la hija del fiscal general, Juan Lanchipa, trabaja en la entidad caminera desde hace, al menos, 11 meses.

Este medio conversó con Vania Lanchipa, y con el jefe de comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, en representación del fiscal general. Ambos admitieron que ella trabaja en ABC, pero sostuvieron que no tiene nada de malo.

Vania Lanchipa, abogada de profesión, respondió: “sí trabajo en la ABC. Se trata de una consultoría que tengo desde el año pasado, a mediados de agosto, una labor que ejecuto por contratos de corto tiempo”.

Luego complementó que no tiene un año trabajando de manera continua. “Son unos 11 meses, aproximadamente”. 

Cuando se le consultó si su presencia en la ABC genera un conflicto de intereses debido a que su padre es la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público que investiga un presunto pago de coima en esa institución, Vania Lanchipa respondió que “no”.

“Para nada, porque la función que yo cumplo en la ABC es de consultora, no tengo nada que ver con el área jurídica ni administrativa, no tengo nada que ver con los contratos, contrataciones ni licitaciones. Yo estoy completamente aislada de los hechos que aquejan a esta institución”, manifestó

Por su lado, Tarquino declaró a EL DEBER: “Sí, efectivamente ella está trabajando en la ABC. Pero, primero, toda persona tiene derecho al trabajo y no precisamente elige qué fuente de trabajo. Se lo gana de acuerdo a sus capacidades profesionales y ella tiene una formación que le permite buscar un trabajo, porque es una persona independiente que tiene su familia, un hogar constituido y vive en La Paz, por lo tanto, está habilitada para conseguir un puesto como cualquier otra persona”.

Este caso tenía hasta el lunes dos personas con detención preventiva en la cárcel de San Roque, de Sucre: el gerente de la empresa china Chec, Jin Zhengyuan, y el exgerente técnico de ABC, Cristian Mendieta. Tras una audiencia judicial el martes, ambos salieron de la cárcel y ahora están sometidos a detención domiciliaria.

Tarquino opinó que “no hay para nada un conflicto de intereses. El fiscal general actuó como corresponde. El caso está en manos de investigadores de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Las determinaciones son completamente independientes. Se ha cumplido con eso, el trabajo del Ministerio Público fue presentar ante un juez todo el contenido de la investigación y de las personas implicadas y el vocal tomó una determinación de sacarlos de prisión y llevarlos a domiciliaria, decisión absolutamente independiente de la autoridad jurisdiccional. Todo esto no tiene nada que ver con el trabajo de la doctora Lanchipa en la ABC”, justificó.

Vania Lanchipa admitió que esta indagación sí le ha generado un conflicto dentro la institución. “He recibido llamadas y cuestionamientos sobre mi función aquí adentro. Internamente me incomoda mucho todo esto, porque impiden que me desarrolle de la forma natural, normal en mi profesión”.

Expresó que es la forma en la que sostiene su hogar, “que es mi hijo; soy madre soltera y estas intromisiones en mi vida privada sí me perjudican”.
El jefe de Comunicación de la Fiscalía manifestó que no conocía cuál era el área específica en la que Vania se desempeña en la ABC, “pero son contratos menores.

Es consultora, ni siquiera es empleada de planta, no tiene declaración jurada ante la Contraloría. Eso está aislado de la influencia que pueda tener su trabajo con el Ministerio Público. Son cosas completamente independientes, nada interfiere lo que ella hace en la ABC con la labor investigativa del Ministerio Público”.

La abogada participó en una adjudicación. “Fue una convocatoria que lanzó la ABC. Yo me postulaba a todas las que podía y gracias a Dios pude obtener esta consultoría”, acotó.

Explicó que como parte de su trabajo, de forma general revisa la documentación que ingresa al área nacional técnica sobre los proyectos que tienen que ver con las subgerencias de construcción, conservación vial y socioambiental. “Asisto a las reuniones que pueden ser convocadas por la gerencia nacional técnica, que tiene que ver con coordinación con el área jurídica, sobre la administración y gestión de los proyectos que ya están encaminados, coordino con las demás áreas. Entonces, hago la revisión de la documentación que ingresa, las cartas que deben ser externas o internas, dependiendo de los requerimientos, programo y elaboro las actas de las reuniones, y un par de diligencias internas que están en los términos de referencia y tienen que ver con mi contrato”.

La consultoría termina la primera semana de noviembre. Tarquino calificó esta situación de una persecución “a personas que no tienen nada que ver. Lo único que pretenden es dañar la integridad de una familia y la de una persona constituida legalmente, y que no tiene nada que ver. Ella es completamente independiente de su padre, es una joven profesional que tiene derecho a desempeñarse tanto en el ámbito público como privado”, aseveró.

De forma paralela, un informe del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla 14 hechos de presunta corrupción que se cometieron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional La Paz, durante el año 2021. Estos hechos se reportaron al presidente de la caminera y al Ministerio de Obras Públicas, pero no recibieron respuesta.

Las denuncias apuntan principalmente al exdirector de la regional paceña de ABC, Olguer Alcón. El documento de transparencia señala que “todas las irregularidades y hechos indebidos descritos previamente, 14 en total, son de conocimiento pleno de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE, Henry Nina), siendo la misma responsable de tomar acciones inmediatas y oportunas para evitar actos de corrupción. Por el contrario, la MAE permite y se involucra en estas acciones indebidas. Siendo muy importante mencionar que se debe investigar y revisar todos los actuados de la gestión de la MAE actual”, dice.

Recomienda “la intervención de auditoría, unidades de transparencia, Contraloría y otras instancias que coadyuven en el esclarecimiento e investigación en la gestión Henry Nina, por los supuestos delitos de uso indebido de bienes del Estado, cobros indebidos para adjudicación, pago de planillas y otros”.

Contexto

El 10 de septiembre de 2018, durante el Gobierno de Evo Morales, el abogado Fausto Juan Lanchipa Ponce fue designado como fiscal general de la Nación con 116 votos de 152 emitidos en la Asamblea Legislativa. Entonces, el Parlamento necesitó de dos votaciones para definir su elección, ya que en la primera vuelta logró solo 103 votos a su favor de 105 necesarios para obtener los dos tercios de votos válidos requeridos por ley.

Su gestión finaliza el 2023 y para reemplazarlo se necesitarán los dos tercios de los votos de los presentes, que no tiene el MAS en esta legislatura, lo que podría llevar a un empantanamiento como se registró en el caso del defensor del pueblo y del contralor general.

Lanchipa se mantuvo en el cargo durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez. Cuando el MAS retornó al Gobierno, en principio, señaló que ese gobierno fue transitorio y legal, pero posteriormente encabezó las investigaciones de los casos denominados Golpe I y II. En uno de ellos la expresidenta ya fue condenada.

Los casos de la coima por la vía Sucre-Yamparáez, la supuesta compra fraudulenta de 51 ambulancias por la Gobernación de Potosí a principios de este año, o la acusación contra supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña del MAS fueron declarados en reserva por la Fiscalía.

En el denominado “caso coima”, se informó primero que la reserva terminaría el 13 de septiembre. Pero, se dijo que que será el viernes 16.

Fuente: El Deber