El referendo desnuda al presidente Arce

Fernando Berríos es politólogo.

Diálogos “Marcos Escudero” es un necesario e importante espacio de discusión que permite analizar, compartir y debatir semanalmente sobre diversos temas de coyuntura y en el que participan otros tantos entendidos en varias áreas. Hace poco tuve el honor de volver ser invitado a exponer junto a algunos representantes de organizaciones políticas sobre la cumbre política patrocinada por el Tribunal Supremo Electoral, esto de cara a los próximos procesos electorales que se deben realizar en el país. De los participantes en el panel, creo que fui el más escéptico sobre la credibilidad de los resultados de aquel encuentro, mientras que la mayoría saludaba con esperanza la vuelta de acuerdos entre actores políticos, que yo comprendo es volver a la democracia pactada en la posible toma de decisiones políticas y electorales. Uno de los principales temas a tratar en la cumbre política del 10 de julio, era priorizar las elecciones judiciales y dejar de lado la realización de las elecciones primarias, uno por costo y otro porque el Órgano Electoral sostenía que era imposible llevar adelante dos procesos, ahora se encuentran entre la espada y la pared ante la posibilidad de administrar tres comicios, judiciales, primarias y referendo. De los 12 puntos del “acuerdo”, que al final todos sabemos fue una lista de buenas intenciones que hábilmente el Gobierno y el Tribunal Electoral hicieron firmar a las organizaciones políticas, ninguno tenía carácter obligatorio. Mi posición en el evento fue clara porque que no esperaba que el Gobierno honre sus compromisos, ya que el cumplimiento de algunos no dependía del Órgano Electoral y que por el contrario podían ser usados en la Asamblea Legislativa como parte de acuerdos, chantajes o condicionamientos para aprobar leyes que necesita el Gobierno.

El mismo día 10 de julio en que los políticos firmaban el acuerdo (incluido el gobierno), desde el gobierno enviaron una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para que le permita modificar una norma constitucional y la Ley del Régimen Electoral para llamar a referendo mediante decreto. Es una grosera maniobra que anula las competencias del Órgano Legislativo y, además, modifica la Ley Electoral. Espero que ahora comprendan algunos para qué quiere el Gobierno a los magistrados autoprorrogados y los políticos entiendan que el Gobierno no sabe de acuerdos democráticos, mayor absolutismo imposible, si van a gobernar por decreto.

En su mensaje del 6 de agosto, el presidente dijo que convocaría a referendo para tres temas: uno, para dejar de gobernar incumpliendo su deber constitucional de administrar el Estado, preguntando sobre la subvención a los combustibles cuando la propia Constitución le prohíbe consultar sobre temas impositivos y sobre recursos naturales que son inherentes a las obligaciones del presidente y su gobierno. Dos, para obligarle al soberano resuelva sobre la definición de escaños que ya está establecida en la Ley, pretendiendo el Gobierno ignorar el crecimiento y la migración poblacional e incumpliendo los resultados del Censo. Y tres, para trasladar e instalar en la ciudadanía la lucha interna que tiene el MAS cambiando la Constitución para acabar con la candidatura de Evo. La modificación de la ley sobre la reelección presidencial ya fue resuelta el 21F de 2016, solo una Asamblea Constituyente puede modificar ese artículo. En suma, como sabe el Gobierno que en condiciones normales requiere de una autorización del Congreso por 2/3 de sus miembros para convocar a un referendo de esta naturaleza, es que está utilizando a “sus” magistrados para hacerlo solamente por decreto.

Desde la Asamblea Legislativa han comunicado que finalmente han aprobado la lista de postulantes para el TCP, de manera conjunta y calificando este hecho como un paso importante a favor de Bolivia. Lo que no nos dicen es que, en esa lista, hay personas habilitadas con una calificación de 0 sobre 100, como también están los que han recibido “ayudita” de una senadora en los exámenes para aprobar, imposible no suponer que son parte del cuoteo. Muchos se han pronunciado sobre algunas irregularidades e incluso la posible suspensión de proceso. Un elemento a tomar en cuenta es que los miembros de la Asamblea Legislativa no sometieron a una votación individual a los candidatos, como está previsto en la Ley 1549 Transitoria hacia las Elecciones Judiciales 2024, se habilitó a todos los postulantes que pasaron los exámenes orales, por distintos motivos y para cubrir varios vacíos. El Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que no aprobará las listas si estas no cumplen con los requisitos de género y representación indígena, en todo caso, si aquello ocurre, se anulara todo el proceso de elecciones judiciales. Es un buen pretexto debido al deseo de Luis Arce de hacer “su” referendo, seguir postergando las elecciones judiciales.

Mientras tanto desde el Órgano Electoral observan que, a 8 días del plazo, en el Legislativo no hay «voluntad política” para anular las elecciones primarias. El vocal Tahuichi, quien se aplazó en el examen oral en la preselección de candidatos a las judiciales, afirma que los miembros de la Asamblea Legislativa “no tienen la voluntad política” para sesionar y cumplir con el acuerdo firmado el 10 de julio, cuando se acordó suspender las elecciones primarias. Considera que se llegó a un “escenario catastrófico”, debido a que, de no haber una solución legal, el Tribunal Electoral estaría obligado a administrar tres procesos electorales. Es de esperar que anular las elecciones primarias o judiciales, no sea parte de una negociación que incluya aceptar o rechazar el referendo del presidente. Para el Gobierno, todo vale.

Vía: Datápolis