EEUU pidió extradición de Dávila dos veces; Fiscalía y Gobierno no respondieron

El proceso contra el ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la gestión de Evo Morales por legitimación de ganancias ilícitas, ni siquiera tiene acusación de la Fiscalía, no hay juicio en marcha. Dicen que Evo tiene razones para sentir temor

En dos ocasiones, Estados Unidos solicitó la extradición del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila y ni el Gobierno ni la Fiscalía respondieron. El expresidente Evo Morales cree que la gestión de Luis Arce quiere implicarlo en ese caso de narcotráfico.

Dávila fue el máximo jefe policial antidroga durante la gestión de Morales. Su nombre cobró relevancia a nivel nacional cuando salió a la luz pública un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadoudense que lo vinculó con el expolicía Omar Rojas Echeverría, detenido por tráfico internacional de sustancias controladas en Colombia.

EEUU lo acusó de formar parte de una red de tráfico internacional de cocaína, que iba de Bolivia y llegaba a ese país en aviones ejecutivos, en combinación con cárteles mexicanos. De hecho, al principio de la gestión de Luis Arce, Washington llevó adelante dos gestiones: Pidió la extradición del exjefe policial y por otra parte puso una recompensa de $us 5 millones para quien lo entregue. Hoy está detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz. El año pasado fue aprehendido cuando pretendía ingresar a territorio argentino.

Este fin de semana, Evo Morales removió el avispero y volvió a usar las redes sociales para atacar al Gobierno. Se mostró víctima y culpó a la administración de Arce de montar planes en su contra que tienen como objetivo vincularlo en procesos de narcotráfico e inhabilitarlo como candidato del MAS para las elecciones de 2025.

En ese afán, reveló que el fiscal William Alave, quien dirige la Fiscalía en La Paz, lo visitó en el trópico de Cochabamba antes de ser designado en ese cargo. El expresidente denunció que esta autoridad fiscal ahora quiere involucrarlo en el caso de narcotráfico de Dávila.

“Los actos contra la dirigencia nacional del MAS-IPSP demuestran con hechos las denuncias de la existencia del ‘plan negro’ contra nuestra integridad. El fiscal William Alave, que vino a reunirse con nosotros hasta Villa Tunari y tal vez usó ese encuentro para hacerse nombrar, ahora es el que busca cómo involucrarnos en el caso de Maximiliano Dávila o acusarnos de algún delito con acusaciones falsas”, escribió Morales en sus redes sociales el fin de semana.

El proceso contra Dávila, informaron fuentes diplomáticas, se encuentra radicado en el distrito sur del Estado de Nueva York, EEUU. La fuente señaló que el temor del exmandatario tiene bases reales, porque el proceso podría ampliarse en su contra en cualquier momento. Eso podría ocurrir, dijo, porque los delitos denunciados por la justicia estadounidense fueron cometidos por Dávila cuando era jefe antidroga policial de la gestión de Evo Morales. Incluso advirtió que “es probable” que también se pida la extradición del jefe nacional del MAS.

Por su parte, una fuente del Gobierno boliviano que pidió reserva, manifestó que “pudimos mandar a Dávila extraditado a EEUU y que allá este exjefe policial diga lo que tenga que decir” y que no se lo hizo para respetar el debido proceso dentro del país.

El proceso contra Dávila en Bolivia no es por narcotráfico, sino por legitimación de ganancias ilícitas. La fuente señaló que el Ejecutivo pidió al fiscal paceño, William Alave, que le dé celeridad, pero no para perjudicar a Morales, sino porque debe indagarse y el proceso tiene mucha demora.

De hecho, Dávila permanece detenido en la cárcel de San Pedro de forma preventiva, y la Fiscalía ni siquiera ha emitido la acusación formal para que se inicie un juicio como corresponde.

Bolivia y EEUU tienen un convenio de extradición. Fue suscrito en 1995, cualquier boliviano o cualquier estadounidense puede ser trasladado sin restricciones por el delito de narcotráfico y otros, y no hay una categoría determinada, como en Colombia, que tiene normas que prohíben la extradición de ciudadanos de ese país a EEUU por tráfico.

La fuente del Gobierno precisó que “la Cancillería de Bolivia recibió la solicitud de detención preventiva con fines de extradición contra Dávila. Este pedido fue actualizado por EEUU en más de una ocasión, dos en específico, al gobierno de Bolivia. Entre los fundamentos presentados está la comisión del delito de narcotráfico del jefe de de la Felcn del gobierno de Evo Morales y del ministro de Gobierno, Carlos Romero”, aseguró.

$us 5 millones

Estados Unidos intensificó el 3 de febrero de 2022 su estrategia antidroga. A través del programa de Recompensas del Departamento de Estado (NRP, por su sigla en inglés) ofreció $us 5 millones por información que permita la condena del coronel Maximiliano Dávila.

El monto es similar al que ofreció en 2015 por el mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa que en 2019 fue condenado a cadena perpetua en una cárcel de Nueva York por delitos de narcotráfico.

En 2021 ofreció una cifra similar por Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, alias “Chapito’, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López. Un comunicado del Departamento de Estado, divulgado en diciembre de 2021, señala que “los hijos del Chapo son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está vinculado con una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.

Dávila fue identificado por la DEA con el alias de el “Macho”. Según ese reporte, “más de 75 criminales transnacionales y grandes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia con la ayuda del NRP desde 1986, casos en los cuales el Departamento de Estado ha pagado más de $us 135 millones en recompensas hasta la fecha”.

Según la acusación estadounidense, Dávila pudo usar su posición oficial “para proteger aeronaves utilizadas en el transporte de cocaína, a través de terceros países, y su distribución en Estados Unidos”. De hecho, la DEA puso esas evidencias en el informe que remitió al tribunal neoyorquino que acusó formalmente al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Allí figura el registro de las conversaciones que Dávila y sus “socios” sostuvieron con un agente encubierto de la agencia antidroga estadounidense. Esto ocurrió entre julio de 2019, cuando Evo era presidente, y febrero de 2020, durante los primeros meses del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Al respecto, el informe señala que “tanto antes, como durante el desempeño de sus funciones como director de la Felcn, Dávila presuntamente estuvo involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero”. Recordó que él y sus cómplices también fueron acusados “de confabular para utilizar o portar ametralladoras para cometer el delito de narcotráfico”.

Poco antes de esa comunicación, el Departamento de Estado envió una “nota verbal” a la Cancillería de Bolivia para solicitar la detención de Dávila “con fines de extradición”, informó entonces el canciller del Estado, Rogelio Mayta.

La nota señalaba que en un plazo de 60 días, tras la confirmación de esa detención, se iniciaría el trámite formal con la remisión de todos documentos acorde con el tratado vigente desde 1995. Además, la comunicación diplomática hacía referencia a la detención de Dávila en Bolivia por efecto de “una investigación interna” y menciona los cargos planteados en 2020 en EEUU contra este oficial que fue jefe antidroga.

Mayta explicó que la solicitud está siendo sometida a la “verificación de los requisitos formales” y que, en función de este procedimiento, se enviará el trámite al Tribunal Supremo de Justicia, que es la entidad que debe autorizar la extradición. También indicó que este trámite se puede devolver ante la falta de requisitos.

Según el apartado B del Artículo III del Tratado de Extradición, vigente entre Bolivia y Estados Unidos, se pueden reclamar, con imputación o acusación, a ciudadanos acusados de “delitos relativos al tráfico ilícito de sustancias controladas”, entre otros crímenes vinculados. Hasta el momento, la Fiscalía no avanza y el Gobierno no lo extadita.

Fuente: El Deber