
La Paz, 5 de febrero de 2024. Las calles adyacentes a la Plaza Murillo amanecieron, este lunes, bloqueadas por la Policía Boliviana, por órdenes del Gobierno, ante la amenaza de sectores sociales leales evistas, que anunciaron una vigilia hasta la aprobación de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Sin embargo, esta medida dio riendas sueltas al abuso de autoridad por parte de los uniformados, quienes impidieron el libre tránsito, como si se tratase de un cerco al centro del poder político de la Sede de Gobierno.
“Usted no puede pasar por esta calle”. “La plaza Murillo está cerrada por razones de seguridad”. “Todo ingreso es con credencial por la siguiente calle”, Si quiere entrar a la Caja de Salud es por la Yanacocha y Ballivian”. “No insista, retírese”, fueron las respuestas que cientos de ciudadanos de a pie recibieron a gritos por parte de los uniformados de baja graduación, quienes no aceptaron explicaciones ni justificaciones y se encargaron de mantener cerrada la plaza Murillo.
Las decenas de efectivos dotados de equipos antimotines del Grupo de Seguridad “Pumas” y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se encargaron de cercar desde tempranas horas de este lunes, con barreras antidisturbios de metal, las cuatro esquinas de las calles adyacentes de la plaza Murillo, donde están situadas la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cancillería y la Casa Grande del Pueblo, medida que perjudicó en gran medida el tránsito de la población.
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), numeral 7 establece que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.
En ese marco, el artículo 13 de la CPE instituye que “los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlo”.
Mientras que el artículo 14 de la Ley Fundamental determina en su numeral III; “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

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